Bankia y Caixabank accederán a datos personales de trabajadores en situación de vulnerabilidad para agilizar la administración de las prestaciones por desempleo, y tratar así de desatascar el embudo de los ERTE.
El Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), dependiente del Ministerio de Trabajo, ha firmado un convenio de colaboración con las dos entidades por el cual les cederá información procedente de sus bases de datos.
Los bancos utilizarán esa información para contrastarla con la que reciben de los clientes que requieren ayuda por desempleo, y confirmar que efectivamente pueden acceder a ella.
Fuentes financieras lamentan que la medida no se adoptara antes para agilizar la gestión de los Erte
Fuentes financieras consultadas por Vozpópuli comentan que si la medida se hubiera adoptado hace meses, la gestión de las prestaciones por desempleo a trabajadores golpeados por la pandemia hubiera sido mucho más ágil.
Las oficinas del Sepe y sus trabajadores están exhaustos tras casi un año de pandemia y el aluvión de prestaciones, despidos y expedientes temporales de regulación de empleo recibidos por la crisis.
La tramitación de las prestaciones ha colapsado y en algunas comunidades, como Madrid, no es posible conseguir una cita en el Sepe hasta dentro de tres meses. En otras, ni siquiera es posible conseguir una cita a través del teléfono o internet.
El Sepe y los bancos crearán comisiones de seguimiento integradas por cuatro representantes
En 2020 se destruyeron en España 622.600 empleos y la tasa de desempleo se situó al cierre del año por encima del 16%.
De acuerdo al convenio firmado entre Bankia y el Sepe, la entidad facilitará al Sepe la relación de personas en las que es necesario conocer su situación como posibles beneficiarios de prestaciones por desempleo.
El Sepe entregará datos sobre disponibilidad de los planes de pensiones, moratorias de deuda arrendaticia, moratorias de deuda hipotecaria y otras de los clientes de los bancos.
Las peticiones de información que se realicen al Sepe necesitarán siempre la autorización firmada por el interesado, y se referirán exclusivamente a las medidas extraordinarias establecidas en los reales decretos-leyes aprobados para paliar el impacto del coronavirus en la economía.
El Sepe y las entidades crearán comisiones de seguimiento integradas por cuatro representantes, dos del organismo público y otras dos por cada banco.
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