Primero, el duplex de lujo de la mujer de Francisco Correa. En breve, 33 locales y 178 plazas de garaje en uno de los feudos de la Gürtel, la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Bankia está a un paso de tener que adjudicarse 'a la fuerza' una de las propiedades inmobiliarias que aún quedan a nombre de las empresas de la trama de corrupción. En concreto, la concesión por 99 años de todo un complejo comercial en la Avenida Siglo XXI de este municipio de las afueras de la capital. Así se desprende de un reciente escrito remitido por la entidad financiera al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, en el que le informa que el millonario préstamo hipotecario que en su día concedió a Artas Consultoría SA, una de las dos mercantiles utilizadas por la red para la adquisición, sigue venciendo mes a mes y que la cuenta en la que carga los recibos no tiene ya saldo para hacer frente al siguiente vencimiento cuando aún quedan 4,1 millones de euros por amortizar de los 6,7 millones que fueron concedidos en 2008.
El banco se va a encontrar con un competidor: el propio Ayuntamiento de Boadilla ha pedido a la Justicia anular el convenio que firmó con la trama para recuperar los locales y plazas de garaje
La misiva, que tiene fecha del pasado 4 de noviembre, detalla que el banco se había puesto recientemente en contacto con el administrador judicial de esta empresa de la red Gürtel para que hiciera frente al recibo de este mes, que ascendía a cerca de 38.000 euros. “No habiendo recibido provisión de fondos para atender su pago" la entidad financiera procedió a cargar el adeudo en una cuenta constituida como prenda del préstamo, detalla el escrito del banco. En la carta, la entidad financiera también explicaba que el vencimiento se había producido el 3 de noviembre, un día antes de la fecha de la carta, y que ascendía a algo más de 33.600 euros de amortización y 4.356 euros de intereses ordinarios. "Deuda a partir de la fecha de vencimiento indicada: 4.148.646, 93 euros", añade la entidad. El banco también apunta al juez que la cuenta de la que ha cobrado ahora, "que continúa pignorada en garantía de la operación de préstamo", tiene un saldo 36.700 euros, insuficiente para hacer frente al siguiente pago.
Fuentes de la entidad declinaron este lunes comentar a Vozpópuli los detalles del préstamo hipotecario y la más que probable adjudicación de los derechos sobre los locales y las plazas de garaje ante el impago del crédito. Sus portavoces se limitaron a indicar que si se llegase a esa situación, "se actuaría como en otros casos similares". Sin embargo, en este caso al banco le ha salido un 'competidor', ya que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, encabezado por el 'popular' Antonio González Terol, se personó el pasado verano como acusación particular en el sumario del 'caso Gürtel' con, entre otros objetivos, anular precisamente esta concesión y, así, recuperar la propiedad de la zona comercial. Su argumento es también un impago: el del canon que debía pagar la empresa de la trama. De hecho, ya presentó hace un par de años una demanda en este mismo sentido en un juzgado ordinario.
Esta doble maniobra municipal en los juzgados se produjo después de que el anterior equipo de Gobierno del consistorio, también del PP, pactase en 2010 pagar 7,1 millones de euros a las empresas de la Gürtel para recuperar esta propiedad inmobiliaria, en aquel momento ya intervenida por la Justicia. Entonces, el peculiar acuerdo contó con la frontal oposición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones personadas en la causa. Finalmente, no se realizó porque no recibió el visto bueno del juez que entonces instruía el sumario de la Gúrtel, el magistrado Antonio Pedreira.
Corrupción 'de manual'
Para los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, la operación inmobiliaria de los 33 locales y 178 garajes es uno de los ejemplos más claros de cómo actuaba la trama en aquellos municipios en los que contaba con la supuesta complicidad de los alcaldes y así lo reflejaron en un informe incorporado en la causa en 2009. "La forma de actuar de la organización es captar una adjudicación de tipo urbanístico de una Administración Pública, buscar una empresa capaz de realizarla, ofrecerle el negocio a cambio del cobro de una comisión y avalarla en el concurso respectivo, el cual está previamente concertado". Así, estos locales, situados estratégicamente por donde pasa el tren ligero que comunica la localidad con Madrid, fueron adjudicados en 2005 por la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla a una sociedad llamada Rústicas MBS SL, propiedad de Ramón Blanco Balín, empresario imputado en la Gürtel como presunto testaferro de Francisco Correa. Entonces, el Ayuntamiento estaba presidido por el también imputado Arturo González Panero, del PP.
La operación del centro comercial de Boadilla fue puesta por la Policía como ejemplo de cómo actuaba la trama Gúrtel en sus operaciones urbanísticas
Rusticas MBS SL cedió en 2007 la concesión a otra mercantil, Artas Consultoría SL, también propiedad de Blanco Balín, que fue la que pidió el crédito de 6,7 millones a Bankia para hacer frente a la operación. La concesión del Ayuntamiento señalaba que Artas Consultoría gestionaría los 33 locales y los 178 garajes durante 99 años a cambio de pagar al Ayuntamiento de Boadilla anualmente 81.344 euros, un canon que había sido reducido porque fue fijado inicialmente en 320.000 euros. Un auténtico chollo, ya que el informe policial calculaba que la trama obtendría mensualmente 115.000 euros de beneficios con el alquiler de los locales y plazas de garaje, es decir, 1,3 millones de euros años. La investigación sobre esta operación determinó finalmente que detrás de las dos empresas implicadas estaba el propio cabecilla de la Gürtel.
El antecedente del duplex
Los locales y plazas de garaje de Boadilla del Monte no serán la primera propiedad inmobiliaria de la trama Gürtel que pase a engrosar la cartera de Bankia. De hecho, hace sólo unos días el Registro de la Propiedad de Majadahonda, otra localidad de la periferia de Madrid, informaba al juez Ruz de que levantaba la "anotación preventiva de prohibición de disponer, vender, gravar, obligar o enajenar" que existía sobre el duplex de lujo que ocupaban en este municipio Francisco Correa y su mujer, María del Carmen Rodríguez Quijano, que era la que aparecía como propietaria de la misma. La vivienda estaba bloqueada desde poco después de que fueran detenidos los cabecillas de la trama, y el impago del crédito que en su día había concedido Caja Madrid llevó a Bankia a abrir en 2011 un procedimiento de ejecución hipotecaria para quedarse con el piso. Ese mismo año, el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Majadahonda dio la razón a la entidad y se la adjudicó en subasta pública.
Desde entonces, el duplex es propiedad del banco, pero no había podido ponerlo a la venta porque la Audiencia Nacional mantenía el embargo sobre él. Ahora, dos años después, se ha levantado esa medida preventiva y el piso ya puede ser vendido. Hasta ayer, sin embargo, la vivienda no estaba aún a la venta en la página web donde la entidad financiera oferta al público su cartera inmobiliaria. Tampoco había sido traspasada a la Sareb, el 'banco malo' que intenta comercializar los bienes inmobiliarios de las entidades financieras. También habrá que esperar para saber qué hace con los 33 locales comerciales y 178 plazas de garaje que está a punto de 'heredar' de la Gürtel en Boadilla del Monte.
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