En julio de 2011, Bankia captó mediante su salida a Bolsa 3.092 millones de euros, de los que 1.237 millones de euros correspondieron a inversores institucionales, y 1.855 millones de euros a inversores minoristas.
Cuando se descubrió el pastel de que la información del folleto de salida a Bolsa era, por decirlo de forma contenida, inexacta, los particulares, los pequeños inversores, acudieron en tropel a los juzgados para reclamar una indemnización.
A pesar de la lentitud del proceso, de los atascos en los juzgados, la mayoría de ellos ha ido consiguiendo algún tipo de resarcimiento, dada la evidencia de que el folleto de Bankia era engañoso.
Sin embargo, los grandes inversores, el Ibex-35, los que acudieron a la salida a Bolsa de la entidad invirtiendo cientos de millones de euros, han optado por no demandar: Entre bomberos no se pisan la manguera.
Ha tenido que ser una aseguradora que invirtió menos que muchos particulares en Bankia, la que haya llegado a Bruselas
La primera aseguradora del país, Mapfre, invirtió 281 millones en la salida a Bolsa de Bankia. El primer banco del país, Santander, 157 millones; Caixabank (¡Caixabank!) destinó cien millones. También invirtieron Iberdrola, Telefónica, Mutua Madrileña, Ferrovial, Sabadell... Pero la mayoría de ellos decidió no demandar, ¿por qué?
Diversas fuentes empresariales, financieras y jurídicas consideran que hubo dos razones fundamentales por las que las grandes compañías españolas prefirieron correr un tupido velo sobre la salida a Bolsa de Bankia. En primer lugar, por las vinculaciones existentes entre todas ellas. Bankia financiaría muchas de las operaciones en las que participaran estas mismas compañías.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presionó a la gran empresa española para invertir en acciones de Bankia
En el juicio seguido en la Audiencia Nacional por la salida a Bolsa de Bankia, se sugirió que, por ejemplo, Mapfre habría optado por no demandar a la entidad esperando conseguir un resarcimiento en operaciones futuras.
El técnico del Banco de España Antonio Busquets, declaró en el juicio seguido en la Audiencia Nacional, en noviembre de 2018, que Bankia habría vendido con descuento a Mapfre parte del negocio de seguros de vida que compartía con Aviva para compensar las pérdidas sufridas. Algo que, reconoció el perito, era "imposible de demostrar".
La segunda razón esgrimida por las fuentes consultadas por este diario apuntan a la presión a la que sometieron tanto Bankia como el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la gran empresa española para comprar acciones de la entidad.
El Tribunal de Justicia de la UE sentenció el jueves que los inversores institucionales tienen derecho a reclamar
Era el año 2011, en los momentos más duros de crisis económica, y la llegada de Bankia a Bolsa se vendió como el éxito de una reconversión financiera de las cajas de ahorro españolas, liderada por el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Mafo).
Sentencia histórica
Por si cabía alguna duda de la facultad que los grandes inversores, los institucionales, tienen para demandar a Bankia por el folleto de salida a Bolsa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comunicó ayer jueves sentencia en la que aclara que estos tienen el mismo derecho a iniciar una acción de responsabilidad como la tienen los pequeños inversores.
El Tribunal Supremo elevó consulta al tribunal europeo sobre la facultad de reclamar de los grandes inversores
"Es una sentencia histórica", comentaban ayer en un despacho internacional presente en España sobre la resolución del tribunal europeo. "Hasta ahora, los institucionales eran los grandes ausentes en la jurisprudencia española financiera", indicaron.
Ha tenido que ser una aseguradora de menor tamaño, Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS), la que ha peleado hasta el final en los juzgados para conseguir finalmente una sentencia europea que aclara que, por supuesto, los institucionales también tienen derecho a reclamar en el caso de errores incluidos en un folleto de salida a Bolsa.
La aseguradora, representada por la abogada Laura Lozano, de Cremades & Calvo Sotelo, invirtió 600.000 euros en acciones de Bankia, una cantidad inferior a la que muchos particulares destinaron a la salida a Bolsa de la entidad.
El asunto ha tenido que llegar hasta el tribunal europeo porque en España, la máxima autoridad judicial, el Tribunal Supremo, no dictó sentencia diciendo lo obvio, que los institucionales también tienen derecho a reclamar en un caso como en el de la salida a Bolsa de Bankia. Prefirió elevar consulta al respecto al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
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