En un segundo plano de la polémica entre Hacienda y Economía, a cuenta de cómo se distribuirá el pago de las indemnizaciones por la salida a Bolsa, Bankia prepara entre bambalinas los resultados anuales que presentará la próxima semana, tras anunciar su suspensión el pasado 30 de enero. Pese a que el día aún no está fijado, la entidad tiene previsto cumplir escrupulosamente con el plazo del 28 de febrero, fecha tope marcada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que las cotizadas presenten sus cuentas, según confirman a Vozpópuli fuentes del sector. La presentación se efectuará tanto si hay fumata blanca entre Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, plasmada en una indicación a Bankia por parte del FROB, como si mantienen las diferencias entre ambos ministerios. Una posibilidad que no se descarta por ninguna de las partes consultadas, pese a que este martes el secretario de Estado de Economía asegurase que la solución se conocerá "en los próximos días". Fuentes de Bankia se limitan a asegurar que presentarán resultados en el plazo que exige la normativa.
Para poder presentar unas cuentas definitivas, que no tengan que ser reformuladas posteriormente, una opción que ni se plantea el equipo de José Ignacio Goirigolzarri, Bankia está preparando con su auditor Ernst&Young un cálculo de cuánto puede ser el coste de las futuras indemnizaciones por la salida a Bolsa que la entidad tenga que asumir por las condenas en la vía civil. De esta manera, Bankia se cubre de que el auditor le obligará a provisionar todas las posibles pérdidas en una reformulación posterior de cuentas.
Esta proyección se está efectuando en función de las demandas ya recibidas, aquellas en las que Bankia ya ha sido condenada, tanto en primera como segunda instancia. De ellas, se extrae qué tipo de perfil tiene el inversor minorista que demanda y a partir de cuánto dinero invertido se plantean estos pequeños inversores acudir a los tribunales. Las demandas han comenzado a ganar volumen desde que los informes de los peritos Antonio Busquets y Víctor Sánchez concluyeran que las cuentas de Bankia estaban falseadas en el momento de salir a Bolsa.
Bankia prepara esta proyección con su auditor para evitar tener que reformular sus cuentas una vez el Gobierno dicte el reparto definitivo de cargas por la OPV
Guindos cifró hace unos días en 600 millones la cuantía de las demandas que tendrían que devolver el grupo BFA-Bankia, un tercio de los 1.800 millones que suscribió el tramo minorista en julio de 2011. El cálculo en el que trabajan Bankia y su auditor no tiene por qué coincidir con la cifra estimada desde Economía. Algunas fuentes apuntan que podría ser menor de estos 600 millones.
Esta cifra servirá de base a Bankia para conocer qué cantidad debe impactar finalmente en las cuentas de 2014. En caso de que el Gobierno no se pronuncie sobre el reparto de cargas antes de la presentación de resultados, Goirigolzarri tiene previsto provisionar completamente el cálculo efectuado con E&Y en los resultados del pasado ejercicio. Por contra, si el FROB trasladase el porcentaje definitivo que debe asumir Bankia, se acomodaría la estimación efectuada con el auditor a la indicación gubernamental, rebajando la cantidad. "Se tomarán las decisiones de gestión que correspondan con la información de que dispongamos en cada momento", aseguran desde la entidad.
Ninguna de estas opciones gustan en Hacienda, que prefieren que Bankia presente sus cuentas sin hacer ningún tipo de provisión que cubra el pago de las futuras condenas por la OPV. El Departamento que dirige Cristóbal Montoro no tiene prisa por determinar quién debe costear las reclamaciones sobre todo cuando aún no hay sentencias firmes. Hacienda quiere ganar tiempo hasta ver cómo se desarrolla el asunto en el ámbito judicial. La Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, está en la misma sintonía.
Esta tesis difiere de la defendida en público por el ministro de Economía. Luis de Guindos propuso hace unos días que las pérdidas atribuidas a Bankia por las indemnizaciones se limitasen al 38% (230 millones) y el resto, el 62% restante (370 millones), sería soportado por BFA, propiedad 100% del Estado a través del FROB. El ministró razonó que como BFA ostenta el 62% de Bankia esa es la participación en las pérdidas que le correspondería. En realidad, las pérdidas que soporte Bankia repercutirán finalmente en BFA, ya que tendría menos beneficios y dividendos. Por lo tanto, castigaría indirectamente a los contribuyentes.
También castigará a los contribuyentes la fianza de 800 millones impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el pasado viernes. El pago de esta cantidad tendrá que ser asumida de forma solidaria por parte de BFA, matriz de Bankia, propiedad del Estado al 100%; Bankia, donde el Estado tiene una participación del 62%, además de Rodrigo Rato, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas. Aunque las partes han recurrido la decisión judicial, y deben negociar el reparto de la fianza, lo cierto es que parece que el Estado tendrá anotarse una parte de la fianza.
En este sentido, Iñigo Fernández de Mesa, secretario de Estado de Economía, aseguró este martes que "dado que el FROB es accionista único de BFA y un accionista no solo mayoritario sino preponderante de Bankia, el reparto entre una u otra institución va a tener un impacto marginal desde el punto de vista del FROB”.
Desde el punto de vista de las cuentas de Bankia, la fianza no tendrá impacto puesto que la parte final que tenga que asumir el banco cotizado se efectuará en forma de aval que no debe ser provisionado.
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