La creación de un banco público municipal-regional. Es una de las grandes apuestas del programa económico de Manuela Carmena. El proyecto, sin embargo, no se abordó en el encuentro que mantuvo la líder de Ahora Madrid con José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, hace apenas diez días. Con esta entidad pública, la nueva alcaldesa de Madrid pretende "fomentar la financiación de proyectos sociales, de empresas y cooperativas que fomenten la economía productiva". La promesa ahora quedará en el olvido una vez que Carmena ha tomado el poder en el Ayuntamiento de Madrid, según ha reconocido la alcaldesa, y confirman fuentes de Ahora Madrid, contradiciendo el ideario de su gurú económico.
"El programa de Ahora Madrid se fue construyendo poco a poco, se incluyeron muchas sugerencias y cuando asumí la candidatura dije desde un primer momento que lo entendía (el programa) como un conjunto de sugerencias pero que no todas se podían entender como presupuestos de implicación programática activa", asegura este martes Carmena en una entrevista con Europa Press.
La ejecución de este plan hubiera recaído sobre Carlos Sánchez Mato, un economista heterodoxo, como él mismo se define, que destaca por su activismo en aquellas plataformas que defienden la necesidad de una banca pública. Además, el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid está relacionado con el movimiento anticapitalista ATTAC y con la Plataforma para la Auditoría Ciudadana de la Deuda.
El único concejal en las listas de Ahora Madrid apoyó, en diciembre pasado, un manifiesto elaborado por la plataforma Banca Pública, Bankia Pública en el que se detallaban tres grandes medidas fundamentales a realizar sobre la entidad nacionalizada para que sirvan de germen de un gran banco público. El documento, titulado ‘Una banca pública, con finalidad social y bajo control democrático’, reclama la “nacionalización definitiva y completa de BFA-Bankia, así como exige que se detenga y se revierta el proceso de privatización del resto de entidades nacionalizadas (únicamente BMN)”. “Bankia, con dichas nacionalizadas”, continúa el documento, “debe constituir un banco público de carácter estatal, cuya gestión esté participada por el Estado, las comunidades y los ayuntamientos, bajo unas normas de gestión democráticas y transparentes, que sea un servicio público vinculado a las políticas económicas y sociales de las administraciones públicas”.
Para ello, sobre la actual Bankia deben aplicarse tres grandes medidas de choque. Una de ellas afecta directamente a José Ignacio Goirigolzarri y su nuevo equipo, que tomó el control de la entidad en mayo de 2012, una vez que el Gobierno decidió la salida de Rodrigo Rato. El manifiesto pide el “cese inmediato de los actuales directivos de BFA-Bankia”. Además, solicita que se abra “una investigación judicial para depurar las responsabilidades de los directivos”.
Sánchez Mato reclama también que se efectúe una auditoría pública de Bankia, realizada por técnicos de la administración no vinculados a las entidades financieras privadas, para que "tomen las medidas necesarias para sanear la entidad". "A partir de la información suministrada por la auditoría", mantiene el documento que suscribe, "se establecerá qué deuda devolver y qué deuda se considera legítima y, por tanto, no se devolverá, forzando una quita de la deuda.
La devolución del resto se reestructurará de forma que no impida el desarrollo de la sociedad". La tercera gran medida solicita la protección hacia los clientes y pequeños accionistas, con las medidas legales oportunas, que "hayan sido engañados para que suscribieran productos financieros de alto riesgo".
Una vez adoptados estos tres puntos, según la tesis del documento, en cuya presentación fue Sánchez Mato uno de sus ponentes, Bankia estaría ya dotada de una estructura de gestión y control democráticos que le permitiría realizar una "política de servicio público a la comunidad", fundada en 10 puntos básicos:
- Elección democrática y transparente de todos los integrantes de su consejo de administración, y limitación de los salarios de todos los directivos al salario de un trabajador público equivalente. "Es inaceptable que en un banco público su presidente (Goirigolzarri) y su primer ejecutivo (Pepe Sevilla) estén ganando 500.000 euros anuales cada uno", sostiene el manifiesto. Éste reclama también incompatibilidad para formar parte de la dirección si se ha formado parte de los consejos de administración de otras entidades financieras durante los últimos 10 años. En la práctica, esta medida obligaría a la llegada de gestores del mundo académico o de otros sectores empresariales.
- Obligación de rendir cuentas anual y públicamente en los parlamentos de las diferentes comunidades y central, en un lenguaje asequible para todos los ciudadanos. Precisamente, el control de las antiguas cajas por parte de los gobiernos autonómicos y municipales fue uno de los gérmenes de la quiebra y desaparición de esta cultura financiera.
- La gestión y control de Bankia serán transparentes y participados por los sectores sociales como fórmula para lograr la eficacia y la lucha contra el fraude. Otra medida que recuerda al pasado reciente. Precisamente, en las asambleas generales de las cajas, donde estaban representados partidos políticos, sindicatos y ciudadanos, mediante los impositores, no se ejerció esta política de control, sino todo lo contrario, como ha quedado demostrado.
- Cierre de las sucursales que la entidad sigue manteniendo abiertas en paraísos fiscales. En la actualidad, Bankia no tiene relación alguna con geografías opacas. Caja Madrid, Bancaja, así como el resto de cajas que dieron lugar a la entidad, si poseían instrumentales en paraísos fiscales para, principalmente, la emisión de preferentes. Sin embargo, estas sociedades instrumentales se trasladaron a España tras un cambio de legislación.
- El parque de viviendas vacías en manos de las entidades que ahora constituyan el nuevo banco público, que reúnan las características adecuadas, así como las viviendas que posee la Sareb, pasará a engrosar un parque público de viviendas, que se alquilarán a precios asequibles mediante una empresa pública de alquiler. Además, los suelos en manos de dichas entidades, también se incorporarán al patrimonio público para su utilización con fines dotacionales o de vivienda protegida.
- Condonación de la deuda a todas las personas desahuciadas por falta de recursos, aplicando la dación en pago con carácter retroactivo. En los casos de familias que se vean amenazadas por el desahucio por imposibilidad de pagar las cuotas de su vivienda, se les aplicará la dación en pago incorporando la vivienda al parque público y podrán seguir viviendo en ella a cambio de una renta asequible. Actualmente, la banca ya está practicando este tipo de medidas. Bankia, al igual que el resto del sector, tras un acuerdo con diferentes comunidades autónomas, aporta viviendas a un parque social de casas para familias en situación de dificultad económica. Además, como medida para rebajar el número de desahucios, las entidades practican ya alquileres sociales a bajo coste, retraso en el pago de intereses, reestructuraciones en los plazos o daciones en pago.
- La entidad se vinculará también a sus territorios, pasando su actuación a estar coordinada con las diferentes administraciones, incluidos los Ayuntamientos, formando parte de sus planes de desarrollo económico y social. Además, todas las participaciones en empresas de las entidades financieras pasarán a manos públicas. Incluso, la banca pública sería el cauce para la gestión del cobro de los impuestos, lo que abarataría sustancialmente el proceso. El plan de recapitalización, aprobado por Bruselas, obliga a Bankia a deshacer su participación en todas aquellas empresas que no sean imprescindibles para el desarrollo de su negocio bancario minorista. A cierre del pasado ejercicio, la entidad presidida por Goirigolzarri habrá completado mayoritariamente la salida de estas participadas.
- Actuará de prestamista para el sector público aplicando el mismo interés que se le imponga desde el Banco Central Europeo, más un pequeño incremento para cubrir los costes de gestión. Bankia, como el resto del sector, sigue manteniendo abiertas las líneas de financiación a la administración público, mediante líneas de la entidad o del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En cuanto a los tipos de interés, aplicar un precio del dinero cercano al cero por ciento, obligaría a medidas traumáticas (más reducción de plantilla y red) para que la entidad pudiera ser rentable. Además, se podrían crear nuevos peligros, como burbujas de crédito para mantener altos volúmenes de crédito frente a sus competidores.
- Detener los despidos de trabajadores, tanto de la parte financiera como de su obra social y fundaciones. Es necesario defender los puestos de trabajo, en condiciones dignas, además de que existan medios para una atención adecuada a los impositores de la entidad. Los trabajadores de la banca pública se incorporarían al sector público. Durante el pasado ejercicio, Bankia ha finalizado ya todo el ajuste de plantilla y sucursales exigido por Bruselas.
- Defensa de unas plantillas en condiciones dignas y acordes con las necesidades, así como del número de sucursales necesarias, para una atención adecuada y evitar la exclusión financiera de las familias más humildes.
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