Bankia irá a juicio como responsable civil subsidiaria en el caso Banco de Valencia. La Audiencia Nacional determinará si la entidad cotizada tendrá que responder por los exdirectivos que maquillaron las cuentas valencianas de 2009 y 2010, cuya gestión -según el Tribunal de Cuentas- se tradujo en un rescate de unos 6.000 millones de euros. Será la Sala de lo Penal quien cifre el monto a reclamar en esta pieza y exija responsabilidades.
En un auto de transformación a procedimiento abreviado, recogido por Vozpópuli, el juez Santiago Pedraz ha dado por concluida su investigación y ha acordado enviar a juicio a 14 personas -incluidos el expresidente José Luis Olivas y el exconsejero delegado Domingo Parra- por un presunto delito societario continuado de falsedad en las cuentas anuales del extinto Banco de Valencia. A la lista de procesados, el magistrado ha añadido 14 mercantiles. "Son esas sociedades las que deben responder civilmente por la actuación presuntamente delictiva de las personas físicas por ellas designadas".
Según consta en el documento, entre las mercantiles se encuentra Bankia, que de resultar culpable se enfrentaría a una multa millonaria. En un auto posterior, el magistrado ratifica su decisión de procesar también a Bankia Hábitat S.L.U.
La Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia considera que el monto total a reclamar podría alcanzar los 750 millones
El abogado Diego Muñoz Cobos, a cargo de la acusación popular ejercida por la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia, ha explicado a Vozpópuli que el monto a reclamar en este caso podría alcanzar entre los 450 millones y los 750 millones de euros. Dicha cifra, ha señalado, debería ser abonada entre todos los responsables civiles subsidiarios. Según los cálculos que manejan, serían entre tres y cinco euros por cada acción. Será el tribunal el que determine tras el juicio cuál será la cifra final, quién tendrá que abonar el dinero y en qué proporción.
En el auto al que ha tenido acceso este diario, el juez instructor ha rechazado exigir responsabilidades civiles subsidiarias a CaixaBank al considerar que "acreditó un interés legítimo para el ejercicio de las acciones civiles y penales en calidad de acusación particular".
Falseamiento de cuentas
La decisión del magistrado tiene lugar después del parón que vivió la causa por la enfermedad de la fiscal anticorrupción Carmen Launa y pocas semanas después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrara el juicio contra los exdirectivos de Banco de Valencia por la operación de financiación a las empresas del denominado Grupo Soler.
En esta ocasión, el instructor ha considerado que existen indicios suficientes -contenidos en los informes periciales del Banco de España- para juzgar a la excúpula del banco por falsear las cuentas y para reclamar responsabilidades.
Según consta en el auto de 44 folios, los exdirectivos realizaron una práctica contable dirigida a mantener una imagen de solvencia y rentabilidad "que no se correspondía con la realidad", lo que se tradujo en la "aprobación de unas cuentas anuales los ejercicios 2009 y 2010 que no reflejaban la imagen fiel de la misma, pues se basaban en ajustes contables dirigidos a maquillar tales resultados".
Finalmente, Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España en noviembre de 2011 al detectar un agujero de capital de unos 600 millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca. Posteriormente, fue adjudicada por un euro en subasta a CaixaBank.
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