No sería el primer banco, ni tampoco la primera empresa del Ibex 35, en poseer sociedades en paraísos fiscales. Pero, aunque la medida es cuanto menos reprobable, al menos ninguno de aquellos tiene al Estado como accionista mayoritario como sucede con Bankia. El banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri, del que el FROB posee un 68% (hasta que se inicie próximamente su privatización) tras la inyección de 19.132 millones de dinero público en 2012, llevará a su próxima Junta una batería de nuevas facultades indelegables para su consejo de administración, según aparece en el orden del día de la reunión de accionistas. Entre ellas destaca la potestad que tendrá el máximo órgano de gobierno del banco para crear o adquirir "entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia de la sociedad y su grupo".
Los accionistas, encabezados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, en consecuencia el Estado, tendrán que refrendar o denegar, entre otras, esta propuesta. En caso afirmativo, Bankia tendrá vía libre para poder crear sociedades en geografías opacas como las Islas Cayman, las Islas del Canal, Bermudas, Barbados, Andorra, Mónaco, San Marino... hasta los 48 países que son considerados como paraísos fiscales por las autoridades españolas en la actualidad.
La mera posibilidad desconcierta a las fuentes gubernamentales consultadas que no daban crédito a que Bankia se plantee someter esa propuesta a votación ante sus accionistas. "Bankia debería retirar ese punto. Con toda la presión fiscal que se está sometiendo a la población, y tras una amnistía fiscal, una entidad con esa cantidad de ayudas públicas no puede ni plantearse la posibilidad de operar en un paraíso fiscal", ratifican desde el Gobierno. Fuentes de la entidad explican que este punto se propone a los accionistas para "reforzar el control de la entidad y evitar que alguien ajeno al consejo pueda tomar la decisión sobre operar en paraísos fiscales". "Que aparezca esta opción no significa que se vaya a ejecutar. Simplemente se quiere que el consejo tenga esa facultad", reafirman desde Bankia.
Sin embargo, resulta extraño que se someta a votación una redacción tan sensible, como lo es en Bankia ante las millonarias ayudas públicas recibidas, si no se tiene intención de aplicarla. Entre las nuevas atribuciones diseñadas para el consejo de Bankia aparece alguna que otra vía para evitar que alguien ajeno al consejo pueda decidir sobre el comienzo de operaciones en paraísos fiscales. Así, el punto f del artículo 36 bis asegura que el consejo debe tener la facultad indelegable de "la aprobación de las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantía o especiales características, tengan carácter estratégico, salvo que su aprobación corresponda a la junta general".
Fuentes del Gobierno no ven sentido a esta petición tras las enormes ayudas inyectadas a Bankia. "Con toda la presión fiscal a la que se está sometiendo a la población no puede ni plantearse esta posibilidad en un entidad con tantas ayudas públicas", aseguran
La fusión de las siete cajas en Bankia había limpiado al nuevo banco de relación con geografías opacas fiscalmente. Caja Madrid, Bancaja y el resto de cajas de origen, sin embargo, si poseían instrumentales en paraísos fiscales. Algunas de ellas se crearon específicamente para la emisión de participaciones preferentes. Debido al vacío legal inicial, las cajas utilizaron sociedades instrumentales que inicialmente estaban constituidas en las Islas Cayman, o en otros paraísos fiscales y que posteriormente se trasladaron a España cuando la legislación lo exigió. Dichas sociedades (Caja Madrid Finance Preferred SA, Caixa Laietana de Societat Preferents SA,…), no tenían apenas capital (que era el 100% de la caja que las había creado), ni personal, y su único objeto era servir de vehículo de financiación para las cajas mediante la emisión de valores como las Participaciones Preferentes que mejoraban las ratios de capital de las cajas que las creaban. Así, formalmente, existía un emisor de los títulos distinto al que posteriormente lo comercializaba: la caja a través de su red de oficinas. Pero era tal la unidad de intereses y confusión de patrimonios que en algunos casos, como Caixa Laietana, dicha sociedad emisora ni tan siquiera aparecía en las órdenes de compra.
Mientras, la deuda subordinada era directamente emitida por la caja puesto que la legislación permitía dicha emisión directa y por lo tanto coincidía en la misma entidad la condición de emisor y comercializador de los títulos. En el proceso de fusión fría e integración en Bankia, uno de los acuerdos tomados fue que se pasaba a la matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA) la titularidad de las acciones de dichas sociedades instrumentales, así como la condición de “emisor” de la deuda subordinada.
La proposición sobre los paraísos fiscales se contiene dentro de un paquete de doce nuevas facultades que pretende asumir el consejo presidido por Goirigolzarri, como la política de autocartera o la aprobación del plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales, la política de inversiones y financiación, la política de responsabilidad social corporativa y la política de dividendos.
Bankia también someterá a votación un cambio en el mandato de los consejeros no ejecutivos para reducirlo de 6 a 4 años. Esta modificación no afectará a los actuales miembros del consejo de administración. La Junta de accionistas de Bankia se celebrará el próximo 21 de marzo en Valencia. El año pasado, la maratoniana reunión -duró más de cinco horas- estuvo marcada por las protestas de los preferentistas que se consideraban estafados por la comercialización de estos productos tóxicos.
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