Más de 180.000 titulares de preferentes y deuda subordinada de Bankia han solicitado el arbitraje. Según datos de la propia entidad a 15 de julio, fecha en que finalizó el plazo para acogerse a esta vía, 47.695 solicitudes se encuentran en trámite en oficinas, mientras que 126.887 están siendo analizadas por KPMG. El proceso promete ser largo, ya que, hasta el momento, menos de 6.000 han pasado a la Junta Arbitral Nacional, último paso antes de conseguir una resolución o laudo.
Desde la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas (Adicae) señalan que “el ritmo del proceso está siendo lento”, especialmente la labor de KPMG, consultora escogida por la entidad para tramitar las solicitudes de los preferentistas. “Hay gente que presentó la solicitud a primeros de junio y aún no ha tenido noticia”, explican en declaraciones a Vozpópuli. Las previsiones de la Asociación para estos preferentistas que aún no han recibido una respuesta, ni positiva ni negativa, llaman a la paciencia: algunos no tendrán noticias de Bankia hasta octubre, mientras que las últimas estimaciones de la entidad ponen el límite en septiembre.
Por su parte, la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), Francisca Sauquillo, cree que la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri “está dejando pasar el tiempo pensando que se va a suavizar” la tensión social generada por el escándalo de las preferentes de la banca nacionalizada. “Veremos qué ocurre en septiembre u octubre, cuando los clientes empiecen a recibir respuestas negativas”, advierte Adicae.
Arbitraje a la carta
Tanto el Consejo de Consumidores y Usuarios como Adicae coinciden en que el arbitraje no ha sido universal. Adicae va más allá y habla de un procedimiento “a la carta” en el que, denuncia, “se ha pervertido y desnaturalizado el proceso de arbitraje”.
En su caso, CCU rechaza el procedimiento por la exclusión que supone para algunos de los clientes que compraron preferentes. “El arbitraje tiene que ser universal, no debe poner condiciones”, reclama Sauquillo, que cree que el único criterio de Bankia es “el dinero que han destinado”. Desde Adicae indican que esta cantidad, que asciende a 3.400 millones de euros, es la razón de que se esté dando prioridad a las inversiones menores, ya que así Bankia cubre a un número mayor de afectados.
Las dos organizaciones coinciden también en su rechazo hacia la elección de KPMG como auditora para gestionar las solicitudes. “El árbitro no puede ser una organización que haya asesorado anteriormente a Bankia con perjuicio para los clientes”, indica Sauquillo. en este contexto, la presidenta del CCU recomienda a los afectados que recurran a la vía judicial, ya que más de la mitad de las reclamaciones que se hacen por esta vía resultan favorables al cliente.
En cuanto al laudo, último punto del proceso, ni el CCU ni Adicae tienen información sobre estas resoluciones. La única información disponible, a través de la página web de Bankia, destaca que, a 15 de julio, se han abonado 2.095 laudos. No obstante, no hay una cifra sobre cuántos de los 5.752 laudos que han sido enviados a la Junta Arbitral Nacional han recibido un veredicto positivo o negativo ni cuántas solicitudes se han quedado por el camino.
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