Economía

Bankpime deberá pagar 20 millones a los venezolanos Bellostá, que intentaron comprar el banco en 2011

El proceso de arbitraje al que acudieron ha dado la razón al grupo Kota Investments, de la familia venezolana Bellostá. En 2011 entregaron avales por importe de 27 millones, para garantizar su interés por Bankpime. Dichos avales fueron ejecutados, lo que desencadenó una reclamación en el Tribunal de Arbitraje Internacional. 

Bankpime deberá pagar 20,5 millones de euros al grupo venezolano Kota Investments, perteneciente a la familia Bellostá. Así lo ha dictaminado la semana pasada la Corte Internacional de Arbitraje en París, a la que acudieron en busca de un arbitraje tras el fallido intento de compra del banco catalán que acabó en manos de La Caixa poco después.

A principios de 2011, este grupo que gestiona el ingente patrimonio de la familia citada, mostró su intención por hacerse con Bankpime, banco en situación agónica, como puerta de entrada a España, en un movimiento similar al que ha realizado posteriormente el Banesco de Juan Carlos Escotet adquiriendo en Galicia el Banco Etcheverría y posteriormente la red de NovaGalicia.

Las negociaciones fueron llevadas por el joven Marcelino Bellostá (nacido en 1979 y con máster en Esade), que pudo constatar la prisa que tenía el Banco de España por colocar Bankpime en nuevas manos y quitarse de encima una entidad en situación compleja. Para ello, fueron exigidos dos avales a los venezolanos, de 15 y 12 millones de euros. En total, 27.

Las negociaciones comenzaron abriéndose un periodo interino, en el que Kota comenzó a tener acceso a la información en incluso presencia en los consejos de administración. Fue entonces cuando los venezolanos, al ver más de cerca la crisis de la entidad, suspendieron la oferta, aunque no se retiraron. Simplemente, quisieron más tiempo para tener una idea concreta del estado del banco y ver si continuaban y en qué condiciones. Oficialmente se comentó que la retirada provisional se debió al deterioro de la prima de riesgo y la situación en España.

Ejecución

Bankpime, que tenía como presidente a José Antonio Castro, hombre con gran relación precisamente con Kota Investments, ejecutó el aval, con el lógico malestar de los venezolanos, que exigieron su devolución y, ante la negativa, acudieron al arbitraje.

A su vez, la entidad financiera catalana demandó a Kota en el mismo foro, por 90 millones de euros. La sentencia ha dictaminado que Bankpime no tenía razón al ejecutar los avales. Por su lado, Kota también deberá compensar al banco de la pequeña y mediana empresa. En total, este último deberá devolver 20,5 millones de euros a la familia Bellostá, descontando compensaciones al propio Bankpime así como intereses de demora.

Muy poco tiempo después, La Caixa fue requerida insistentemente por el Banco de España para que se quedara con una entidad, famosa en los últimos tiempos por su buena gestora de fondos, pero realmente perjudicada como banco. El grupo que preside Isidro Fainé aceptó, engullendo el grupo y disolviéndolo. Una servidumbre  más de las tantas que sufren las entidades grandes en virtud de su tamaño y ‘responsabilidad sistémica’.

Los peritos de Bankpime en el procedimiento arbitral fueron KPMG y Forest Partners, esta última formada por ex ejecutivos de la propia KPMG. Por parte de Kota, contrataron a Mansolivar & IAX, firma del inspector del Banco de España en excedencia Rubén Manso, y también se utilizaron los dictámenes de los catedráticos Laínez y Monterrey.

El tribunal arbitral lo componían Ángel Rojo (catedrático), José Antonio Caínzos (Clifford Chance) y en la presidencia el catedrático argentino Julio Rivera

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