La Comisión Europea lleva dos semanas inmersa en la batalla fiscal que se libra en la arena política española entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Se trata de una incursión que ha sorprendido a expertos y juristas pero que en realidad no es novedosa: se gestó hace año y medio y podía preverse desde que el 5 de mayo de 2021 se publicó el Plan de Recuperación que han pactado el Ejecutivo español y Bruselas. Esta entrada de la Comisión en la política interna española ya ha enfrentado a sus responsables económicos, Valdis Dombrovskis y Paolo Gentiloni, lejos del apoyo sin fisuras a sus políticas que vende en España Nadia Calviño.
El 5 de mayo de 2021, al día siguiente de las elecciones a la Comunidad de Madrid que ganó Isabel Díaz Ayuso con su política de impuestos bajos, se conoció el Plan de Recuperación, del que el Gobierno había dado un pequeño avance antes de los comicios en el que escondió las alzas fiscales. En medio de la celebración del PP de Madrid, se conoció que el Gobierno se había comprometido con la Comisión Europea a subir una catarata de impuestos. Entre todos ellos, se encontraba la armonización de Patrimonio y Sucesiones con la que quiere obligar a la Comunidad de Madrid subirlos, uno de sus proyectos estrella.
Este plan pasó relativamente desapercibido rodeado de otros tantos impuestos, peajes y muchas otras medidas, además de la reforma laboral y la de las pensiones y de cifras mareantes para proyectos e inversiones.
El Ejecutivo se tomó su proyecto fiscal con calma y nombró a un comité de expertos para que le asesorara. En este caso, la estrategia iba más allá de retrasar o utilizar a los sabios, ya que también era un compromiso con Bruselas. De esta forma, había una doble promesa de reforma fiscal: en sí misma y porque la piden los expertos. Y los expertos pidieron que se armonizaran Patrimonio y Sucesiones al alza.
Sin embargo, los meses pasaban y se preveía que los expertos entregaran su trabajo poco más de un año antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 y a escasos meses de las generales. Cada vez parecía más lejana la posibilidad de que la reforma fiscal fuera a hacerse.
Una semana antes de que presentaran su Libro Blanco, Rusia invade Ucrania. El 3 de marzo que lo presentaban, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advertía de que nada de lo que proponían se haría ni en el corto ni en el medio plazo.
En este contexto bélico de espiral inflacionaria cada vez más aguda y de la crisis de la energía y de los suministros se daba por descontado que las medidas fiscales no se realizarían. En junio, una delegación de la Comisión en España planteó dudas sobre la sostenibilidad de la reforma de las pensiones pero pasó de puntillas sobre la reforma fiscal.
Pues bien, en septiembre, una vez que la pugna entre Gobierno y PP sobre las medidas fiscales ante la crisis de la guerra se han convertido en una auténtica batalla fiscal ya con las elecciones en perspectiva, ha estallado el sesgo político de la reforma fiscal prometida por el Ejecutivo a Bruselas.
Y lo ha hecho en el momento de mayor virulencia de la contienda en España, en la semana en la que el anuncio de Andalucía de que eliminaba Patrimonio y deflactaba la tarifa del IRPF provocó un efecto cascada en otras autonomías y el anuncio del Gobierno de un impuesto a grandes fortunas que pretende recentralizar Patrimonio por la puerta de atrás.
Justo entonces, desde la Comisión advirtieron al Gobierno de que se ha comprometido a armonizar Patrimonio y Sucesiones antes de marzo de 2023 y que no han recibido papel alguno y que no tenerlo en tiempo y forma amenaza el pago de fondos. Y lo hicieron pocas horas después del anuncio del gravamen a grandes fortunas.
Al día siguiente, Pedro Sánchez asegura desde Nueva York que la Comisión no permite a España bajar impuestos, ahora que nos está proporcionando 140.000 millones del Plan de Recuperación.
Estas declaraciones de la Comisión llaman la atención de juristas consultados por Vozpópuli. César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Santiago de Compostela, cree que "Bruselas se mete en un jardín" en el que no debería haber aceptado una reforma de este tipo", cuando además "España es un sistema cuasi federal en lo tributario". La sorpresa de juristas y expertos con esta intromisión de Bruselas llega al Parlamento Europeo al lunes siguiente.
El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, dice que las discusiones sobre fiscalidad dentro de los Estados miembros son "perfectamente legítimas", pero pide ser "cautos" respecto al impacto de sólo reducir el IVA sin otras medidas de apoyo a las familias y empresas. Así responde a preguntas de la eurodiputada del PP Isabel Benjumea, que durante un debate en el Parlamento Europeo le plantea que valore la inclusión de bajadas de impuestos e incentivos fiscales en modificaciones de los Planes de Recuperación. Un asunto del que venía informado Vozpópuli.
"Se puede reducir pero no más allá de determinados límites. Éste es el mensaje adecuado porque para hacer frente a esta emergencia debemos ser cautos sobre el impacto de sólo reducir el IVA", razona el comisario económico.
Benjumea incide en la libre competencia fiscal de los Gobiernos europeos que les confiere la capacidad de fijar su política fiscal frente a "intentos de homogeneizar o de imposición que se intentan bajo la etiqueta de la armonización". La eurodiputada defiende que Gobiernos nacionales y regionales están optando por la supresión de tributos y bajadas de impuestos para "paliar los efectos de la inflación" y "facilitar las cosas" a familias y pymes.
Al pedir cautela respecto a las rebajas fiscales en este tipo de gravámenes, Gentiloni advierte de la necesidad de "apoyar" las prioridades europeas como la transición climática con otras medidas. "Por ejemplo, apoyar a los hogares y empresas es, en muchos casos, más útil desde un punto de vista estratégico que el sólo reducir el IVA o los impuestos especiales", traslada.
Por ello, "pedimos a los Estados miembros que cumplan las reglas comunes y eviten poner el acento sólo en reducir el IVA, porque podemos apoyar a los hogares de otras formas sin socavar la transición climática", añade el socialdemócrata.
Tanto Calviño como otros miembros del Gobierno han esgrimido a partir de estas declaraciones de Gentiloni que cuentan con el aval de la Comisión para su política fiscal y en sus enfrentamientos con el PP. Sin embargo, no parece que ésta sea una postura unívoca. El vicepresidente económico de la Comisión Europea, el conservador Valdis Dombrovskis, recuerda ese miércoles que la Comisión Europea no fija los niveles de "carga fiscal o de ingresos fiscales" sino que es competencia de los Estados miembros así como también la distribución de tales competencias a las autoridades regionales.
Dombrovskis indica que debe haber ingresos fiscales suficientes para cumplir con las necesidades de financiación de los países, preguntado por el anuncio de varias comunidades autónomas españolas de reducir los impuestos. "Es importante que haya suficientes ingresos fiscales para cubrir las necesidades de financiación de los Estados o las autoridades locales", destaca, y hace hincapié en que es importante para el Presupuesto de un Estado miembro que la "parte de ingreso y del gasto" se encuentren.
Pero pone el foco en que la Comisión no entra en las competencias de política fiscal de los Estados miembros ni de sus Administraciones regionales.
No ha sido sólo la Comisión Europea la que el Gobierno entiende que respalda sus políticas. Calviño ha aprovechado un insólito comunicado del FMI muy crítico con el anuncio de rebaja fiscal por parte de la flamante Premier británica Liz Truss para blandir que el Fondo con sede en Washington respalda la política fiscal de Pedro Sánchez y desacredita las propuestas del Partido Popular.
Calviño preside el Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI, que asesora al Fondo Monetario Internacional sobre la supervisión y la gestión del sistema monetario y financiero internacional, desde el pasado diciembre.
De las subidas a las subidas y bajadas
Este rechazo a las rebajas de impuestos, que ha llevado al Gobierno a tratar la deflactación de la tarifa del IRPF por la inflación como si fuera una liberalidad que se tiene con grandes contribuyentes que va a quebrar las arcas públicas -cuando está ingresando 27.000 millones más hasta agosto que el año pasado y da 8.000 millones en ayudas y rebajas de impuestos- no le ha impedido dar un importante viraje cuando ha percibido que iba perdiendo la batalla fiscal, ya que estaba quedando claro a los ciudadanos a las puertas de elecciones autonómicas que el PSOE va a subir los impuestos y el PP, a bajarlos.
En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya planteó el lunes que preparaba un paquete fiscal con subidas pero que también incluiría rebajas selectivas. El martes llegó la noticia bomba sobre la que el PSOE escenificó sorpresa: Ximo Puig, uno de los barones más afines al Ferraz de Pedro Sánchez y más críticos con la Comunidad de Madrid, anuncia que deflacta el IRPF en la Comunidad Valenciana.
A partir de aquí, el PSOE repondera su mensaje: la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ya no descarta que lleguen a deflactar el IRPF, y pone el foco en que también se preparan rebajas fiscales para rentas bajas. Finalmente, el jueves Montero anuncia subidas y bajadas, entre ellas, del IRPF.
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