El pasado de Catalunya Caixa encierra un contratiempo para BBVA, su nuevo comprador. La posible ilegitimidad del ERE ejecutado por los gestores del FROB en la entidad catalana en 2013. El asunto lleva judicializado casi dos años motivado por dos demandas del sindicato Atrae, que nació para englobar los intereses de la plantilla fuera de Cataluña, la más castigada por el ERE. La penúltima parada de este tránsito por los juzgados está pendiente de la resolución que adoptó en pleno los magistrados de la Sala del Tribunal Supremo el pasado 10 de junio, según ha podido saber Vozpópuli. Su decisión dictaminará si el ERE es legal o, por el contrario, si tiene que volver a juzgarse en la Audiencia Nacional.
En ese caso, este órgano tendrá que decidir sí deben ser tenidas en cuenta las demandas que Atrae solicitó incluir en el expediente de regulación de empleo de 2013. De ser así, se tendrían que modificar algunas condiciones que beneficiarían, principalmente, a los trabajadores de la expansión de Catalunya Caixa, desfavorecidos frente a la plantilla afectada en el territorio catalán. Lo que se traduciría en un desembolso extra para hacer frente a estas peticiones. Sin embargo, la empresa no parece fácil para este sindicato que ya sufrió el revés de la Audiencia Nacional en febrero de 2014.
Entonces, la Audiencia Nacional desestimó las dos demandas presentadas por Atrae. En la primera causa, este sindicato solicitó la anulación del ERE por presunta constitución irregular de la mesa de negociación, con la consiguiente vulneración de derechos fundamentales, así como por haber cometido otras presuntas irregularidades, recogidas en el Estatuto de los Trabajadores. En la segunda demanda, se pedía admitir la impugnación por nulidad del acuerdo laboral firmado por los dirigentes de la entidad catalana con cuatro sindicatos (UGT, CCOO, SEC y CSICA).
Los representantes de ATRAE emprendieron acciones legales al ser vetada su presencia en la mesa negociadora del ERE por UGT y la Sección Sindical de la Federación Sindicat d’Estalvi del SEC
Los jueces Bodas Martín, presidente de la Sala de lo Social de la AN, junto a Ruiz-Jarabo y López Parada, basaron su fallo en contra del sindicato ATRAE en la falta de legitimación activa del sindicato para impugnar el despido colectivo, que implicó el cierre de toda la red de la entidad de fuera de Cataluña, salvo un mínima red de poco más de 40 oficinas.
Los representantes de ATRAE, la segunda fuerza sindical en el territorio de expansión, y mayoritaria en Madrid y Málaga, emprendieron acciones legales al ser vetada su presencia en la mesa negociadora del ERE por UGT y la Sección Sindical de la Federación Sindicat d’Estalvi de Catalunya Sindicato de Empleados de Caja (SEC). El veto se produjo, el 30 de julio de 2013, al entender tanto UGT como SEC que ATRAE no podía estar presente en el foro negociador al no haber concurrido a las elecciones sindicales de 2010 (se creó meses más tarde).
Dos meses después, el 28 de agosto de ese mismo año, ATRAE presentó ante la Audiencia Nacional una demanda de vulneración de derechos fundamentales en la negociación del ERE. Días después, a principios de septiembre, la Audiencia Nacional admitió a trámite la demanda y fijó la fecha del juicio para diciembre de 2013. Una vez firmado el ERE, ATRAE volvió a presentar una segunda demanda, esta vez a finales de octubre de ese mismo ejercicio, solicitando la impugnación por nulidad del ERE, admitida también a trámite por la Audiencia Nacional.
En paralelo, los dirigentes de ATRAE solicitaron medidas cautelares, a principios de noviembre de 2013, para que se paralizase la ejecución del ERE hasta que no se conocieran los dos fallos de la Audiencia Nacional. Sin embargo, estas medidas cautelares no pudieron ponerse en marcha ante la incomparecencia de varios de los abogados de la parte demandada (entidad y sindicatos) en la vista que debía determinarlas.
El último ERE acordado en Catalunya Caixa (la pasada semana BBVA anunció su recorte para la entidad catalana) afectó a un total de 2.153 trabajadores, de los que más de 1.700 afectados y 350 oficinas correspondieron a la red de la entidad fuera de Cataluña. Pese a la judicialización del proceso, el ERE comenzó a ejecutarse. El FROB, encargado de realizar el ajuste, procedió al cierre de 140 oficinas y la salida de 800 trabajadores en el último trimestre de 2013, para completar la reestructuración antes del verano de 2014, con anterioridad a que se iniciara la subasta de la entidad.
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