BBVA dio 8 millones a cuatro directivos que dejaron el banco en plena investigación por Villarejo

BBVA entregó el año pasado 8,36 millones de euros a cuatro altos directivos tras dar por finalizada su relación contractual con el banco, coincidiendo con la investigación interna por el caso Villarejo y la imputación del banco por el mismo asunto en la Audiencia Nacional. 

El segundo mayor banco español incluye por primera vez en años en su último informe financiero anual una referencia a pagos satisfechos a altos directivos que dejaron la entidad el pasado año, concretamente en el apartado 'Pagos por extinción de la relación contractual'.

BBVA informa que, respecto al colectivo de Alta Dirección, y excluyendo a los consejeros ejecutivos, entregó durante el ejercicio de 2019 "un importe total conjunto de 8.368 miles de euros, derivado de la extinción de la relación contractual de cuatro altos directivos, con una antigüedad media en el Grupo de 25 años, en ejecución de sus contratos".

El banco presidido por Carlos Torres no precisa en su último informe financiero anual la identidad de esos cuatro directivos ni las cantidades asignadas a cada uno de ellos. "Estos contratos recogen el derecho a percibir la indemnización legal que en cada caso corresponda, siempre que el cese del alto directivo no sea debido a su propia voluntad, jubilación, invalidez o incumplimiento grave de sus funciones, cuyo importe será calculado atendiendo a lo dispuesto en la normativa laboral aplicable", señala BBVA.

"En algunos casos los contratos recogen, además, el derecho a un importe adicional a la indemnización legal, que será considerado remuneración variable de conformidad con la normativa de solvencia aplicable a este colectivo, así como cláusulas de preaviso", añade. "Todos estos pagos cumplen con las condiciones establecidas en la normativa aplicable al colectivo de empleados con incidencia significativa en el perfil de riesgo del Grupo, al que pertenecen los altos directivos", asegura. 

Hasta el momento, sólo se ha hecho público el cese de un alto directivo de BBVA vinculado al 'escándalo Villarejo'. Eduardo Arbizu fue cesado el pasado 30 de julio como responsable de regulación y control interno de BBVA, abandonando la entidad tras 17 años en el grupo y siendo sustituido por la que entonces era la actual directora de riesgos no financieros, Ana Fernández Manrique.

BBVA informó del cese de Arbizu un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acordara imputar como persona jurídica al banco por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios relacionado con la una operación de espionaje encargada en 2004 al excomisario encarcelado José Manuel Villarejo. 

Arbizu, junto a otros tres directivos de BBVA que fueron citados el pasado mes de noviembre para comparecer en la Audiencia Nacional en calidad de investigados por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos, se acogieron a su derecho a no declarar. El exresponsable de regulación del banco es uno de esos cuatro directivos a los que se entregaron ocho millones el pasado año, de acuerdo a fuentes de la entidad.

La retribución anual de la alta dirección de BBVA -15 directivos- se redujo en 5,8 millones de euros tras la salida de Arbizu; Cristina de Parias, histórica directora de BBVA España; y Derek Jensen, director de servicios (client solutions en inglés). En concreto, este colectivo obtuvo una retribución anual de 19,5 millones de euros el pasado año, frente a los 25,3 millones del ejercicio 2018.

La entidad ha explicado a este medio que las variaciones se deben principalmente a los cambios en la composición de este comité, tras las nuevas entradas y salidas, y a que los profesionales que fueron nombrados (Pello Xabier Belausteguigoitia, Ricardo Martín Manjón y Ana Fernández Manrique) mantuvieron la remuneración asociada a sus cargos anteriores.

El banco también realizó el pasado año ciertos cambios en el reglamento del consejo. A partir de ahora, los integrantes de la cúpula tendrán que poner en conocimiento del organismo  anteriormente mencionado las circunstancias que les afecten y que puedan perjudicar al crédito y reputación social y aquellas que pudieran incidir en su idoneidad para el cargo.

También deberán poner su cargo a disposición y aceptar la decisión que el consejo pudiera adoptar sobre su continuidad o no, quedando obligados a formalizar la correspondiente renuncia si fuera pertinente.