Bankia ha acudido al Tribunal Supremo para tratar de tumbar sentencias en contra por la quiebra de dos autopistas en un contencioso en el que se juega 165 millones de euros.
La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri fue demandada por su papel en la financiación de la construcción de las radiales de Madrid R3 y R5, declaradas en concurso de acreedores en el año 2012.
Santander, BBVA, ING Belgium, Catalunya Banc, entre otros bancos, presentaron demandas en tres juzgados de primera instancia de Madrid contra la concesionaria de las radiales, Accesos de Madrid, sociedad participada por Abertis, ACS y Sacyr, y Bankia.
El elevado precio pagado en las expropiaciones y la caída de consumidores llevó al concurso a las dos autopistas
En uno de los juzgados, el número dos de Madrid, las entidades financieras reclamaron el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los demandados en la financiación otorgada por el sindicato bancario a favor de la sociedad concesionaria para la construcción de las autopistas.
En el juzgado número 51 de Madrid, los bancos demandaron por el contrato de apoyo y el pago del crédito subordinado. Y ante el juzgado número 48, las entidades financieras demandaron a Bankia por las obligaciones que contrajo en el contrato (comfort letter).
Bankia ha recibido sentencia desfavorable en primera instancia, que recurrió ante la Audiencia Provincial, donde volvió a ser condenada, por esas obligaciones a las que se comprometió con la banca que financió la construcción de las radiales.
La entidad ha acudido ahora al Supremo contra esta sentencia, y está a la espera de que su recurso sea admitido a trámite, "habiéndose consignado la cantidad correspondiente a la responsabilidad económica reclamada", explica Bankia sin precisar una cifra.
En su informe financiero anual de 2016, Bankia estimaba que el riesgo total asumido era de 165 millones de euros.
Deuda de 611 millones
En octubre de 2012, el juzgado mercantil número seis de Madrid declaró el concurso voluntario de acreedores de las concesionarias de las autopistas radiales de Madrid R-3 y R-5, con una deuda de 611 millones de euros. El Ministerio de Fomento fue designado por el juez como administrador concursal.
El elevado precio pagado por las expropiaciones de los terrenos y la caída del número de vehículos que empleó las radiales, así como la negativa de la banca acreedora a negociar un convenio, provocó la entrada en concurso de la concesionaria.
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