Este texto, “el BCE recomienda que hasta el 1 de enero de 2021 las entidades de crédito se abstengan de repartir dividendo y de contraer compromisos irrevocables de repartirlos respecto de los ejercicios de 2019 y 2020, así como de recomprar acciones para remunerar a los accionistas”, publicado en el BOE, en forma de recomendación, el 31 de julio pasado, ha terminado de rematar a la banca española. En los tres meses transcurridos desde entonces, el valor de mercado de los seis bancos que cotizan en el Ibex se ha reducido en más de 17.600 millones de euros. Sólo Bankia ha conseguido mejorar su cotización, empujada por la fusión con Caixabank.
Los dividendos representan entre el 50 y el 60% de la retribución que perciben los accionistas de las empresas de cualquier sector, no solo de la banca. De ahí que cualquier medida que limite su distribución, aunque sea una simple recomendación y no una obligación, es interpretada de forma muy negativa por el mercado. En 2019, un mal año en general para el sector financiero, los bancos cotizados perdieron 195.000 accionistas y la barrera de los 6 millones de copropietarios.
Por eso, el sector financiero y los grandes fondos de inversión están presionando al BCE para que reconsidere su actitud y adopte una nueva recomendación, que permita la retribución a los accionistas en función de la situación de cada entidad y acabe de una vez por todas con la estigmatización del sector en Bolsa. Los grandes bancos españoles repartieron en 2018 un total de 7.300 millones de euros en concepto de dividendos, un 44% de los beneficios netos obtenidos. Con cargo a los resultados de 2019, la previsión era de 7.030 millones de euros.
Y es que la próxima semana, concretamente el miércoles, el Banco Central Europeo tiene convocada una reunión de su consejo de gobierno para tratar asuntos no relacionados directamente con su política monetaria. Las decisiones sobre los tipos de interés y las facilidades de crédito y depósito se discutirán en la cumbre del día 29. En la recomendación de julio, el BCE se comprometió a revisar la situación en este mes de octubre. De no hacerlo, habrá dos nuevas oportunidades, a mediados de noviembre y a principios de diciembre. La Reserva Federal de EE.UU limitó también los dividendos del tercer trimestre del año para preservar el capital en junio pasado. Volverá a reunirse los días 4 y 5 de noviembre para estudiar la nueva situación.
La última persona en sumarse a la petición de un cambio de rumbo rápido ha sido Ana Patricia Botín, presidenta de Banco Santander. En una mesa redonda organizada por el Mecanismo Único de Supervisión y en presencia de Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE, se quejó del trato discriminatoria que sufrían los bancos con el veto el reparto de dividendos, una medida que, en su opinión, “eleva el coste del capital”.
Onur Genç, consejero delegado de BBVA, había asegurado hace una semana que la intención del banco es reanudar el pago de dividendos, en su totalidad en efectivo, a partir de 2021, dando por descontado que el BCE reabrirá el grifo de las retribuciones a los accionistas en las próximas semanas. El argumento de José María Roldán, presidente de la AEB, la patronal bancaria, es contundente: el café para todos no tiene sentido; que cada entidad decida si paga o no dividendo en función de su situación y que sea el BCE el que tenga la potestad de vetar la remuneración a los accionistas de aquellos bancos más débiles.
El BCE adoptó la primera decisión de limitar los dividendos bancarios a finales de marzo de este año, cuando la pandemia de la covid-19 se extendía a pasos agigantados. El mercado lo interpretó de forma neutral, teniendo en cuenta la paralización de la actividad económica en la práctica totalidad del mundo. Pero la situación económica ha mejorado sensiblemente durante los meses de verano, aunque esté lejos de haber recuperado la actividad previa a la crisis sanitaria.
La institución presidida por Christine Lagarde argumentaba en la exposición de motivos que es esencial que las entidades de crédito conserven su capital y mantengan así su capacidad de apoyar a la economía en la situación de gran incertidumbre creada por la pandemia. Considera de esta manera que “mantener recursos de capital para apoyar a la economía real y absorber pérdidas debe primar sobre la discrecionalidad para repartir dividendos y recomprar acciones”.
La obsesión del BCE (y también del Fondo Monetario Internacional) por la ratio de capital está más que justificada desde la crisis de 2008, aunque se ha convertido en un argumento recurrente cuando las circunstancias económicas se endurecen. La fortaleza financiera de la banca española está entre 200 y 400 puntos básicos por encima de las exigencias mínimas requeridas por el BCE para 2020. Bankia tenía un capital de primera calidad del 13,27% de los activos ponderados por riesgo a cierre del primer semestre, cuando el BCE le pide un 9,25%. Caixabank presentó en junio un capital del 12,3% (8,78% de exigencia); Banco Sabadell, 11,9% frente al 9,13%; Santander, 11,84% frente al 9,7%, y BBVA, 11,22%, 195 puntos básicos más que el nivel recomendado.
Este exceso de capital es otro argumento que está penalizando también a los bancos en su cotización diaria en los mercados bursátiles. Una razón más para entender por qué las seis entidades que cotizan en el Ibex han perdido en lo que va de año entre un 31% y un 71% de su valor.
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