Si algo caracteriza al Banco Central Europeo (BCE), en su papel de supervisor único europeo, es su apuesta decidida por un sistema financiero europeo sin grietas de solvencia. Un camino sin retorno hacia mayores exigencias de capital hacia las entidades bajo su paraguas supervisor. Por eso, a varios banqueros españoles que, a lo largo de las últimas semanas, han mantenido reuniones individuales con los responsables del BCE en Francfort, no les sorprende los nuevos deberes regulatorios impuestos por Mario Draghi para el próximo ejercicio.
La banca española tendrá que incrementar un 25% su capital phased in, es decir, con las reglas de Basilea III que están en vigor en este momento, como adelantó Vozpópuli a principios del pasado junio. Una ratio, bien es cierto, que no le interesa al mercado que se fija en el nivel de capital fully loaded, es decir, aquel que deben cumplir las entidades a finales de 2018. Esta nueva exigencia obliga a incrementar los ratios mínimos que deben cumplir las entidades españolas del 8% al 10%. Una situación en la que no se puede descartar que algunas entidades deban acometer próximas ampliaciones de capital.
Para fijar estos nuevos ratios ha sido determinante el examen en silencio del BCE que han sufrido todas las entidades europeas durante los pasados meses de mayo y junio. Tras esta prueba, el supervisor europeo ha fijado a cada entidad una especie de rating, según explican fuentes del sector, en función de la sostenibilidad y viabilidad de su negocio. En función de este rating, que se revisará cada dos años, el BCE fijará anualmente el nivel de capital de cada banco.
Con esta nueva exigencia del BCE no se puede descartar que algunas entidades española deban acometer próximas ampliaciones de capital
De media, los bancos españoles están un punto por debajo del nivel de capital de sus homónimos europeos debido a las mayores provisiones que históricamente les ha venido exigiendo el Banco de España. Tanto para cubrir los créditos subestándar, una categoría que no existe en el resto del continente (o bien son créditos sanos o bien morosos), como para cubrir la provisión genérica. "Linde no quiere que se reduzca el nivel de provisiones pero esto cada vez es más incompatible con las continuas peticiones de capital que vienen desde Francfort", coinciden varios banqueros. A esto hay que sumar, la incertidumbre que existe aún sobre la decisión final de Bruselas sobre si los activos fiscales diferidos (DTA, en inglés) son ayudas de Estado y, por tanto, tendrán que dejar de computarse como capital de máxima calidad.
Esta nota individual y secreta del BCE se conforma también en función de una nueva clasificación que mide el perfil de riesgo de las entidades en función de cuatro niveles. Desde el de menor riesgo (en el que no aparece ninguna de las 120 entidades europeas supervidas por el BCE); un segundo y tercer niveles intermedios (todos los bancos españoles se sitúan en este tercer escalón); y, finalmente, una cuarta categoría, donde se situarían las entidades con una ratio más baja y por lo tanto, con unas necesidades mayores de vigilancia supervisora y a la que se le impondrían severas medidas para su fortalecimiento dado su mayor riesgo, según una serie de criterios. "También viene determinada por la información que han recabado los inspectores (del BCE) presentes en las comisiones de riesgos y auditoría", sostienen desde un par de entidades.
De hecho, fruto de esta mayor presencia 'in situ' en estas comisiones, y de las entrevistas individuales entre consejeros ejecutivos e independientes que está efectuando el regulador, el BCE ha comenzado a solicitar que quiere que haya más debate en las reuniones de los consejos y que las discrepancias se reflejen en las actas.
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