El Banco de España (BdE) lleva meses advirtiendo de la importancia de un pacto de rentas para controlar la inflación y evitar efectos de segunda ronda que 'trunquen' la recuperación económica. Un mensaje que ahora intensifica al elevarse los riesgos de una inflación más alta y duradera, sin un acuerdo palpable entre empresas y trabajadores y con los sindicatos preparando la 'batalla'.
En un encuentro con una veintena de investigadores, académicos y expertos celebrado este jueves a puerta cerrada, el gobernador del organismo, Pablo Hernández de Cos, puso el foco en esta medida como única vía para frenar la inflación y, sobre todo, para evitar que se convierta en estructural. En esta moderación de salarios incluye a los empleados del sector privado, pero también a los públicos, que anticipan un verano 'caliente' de movilizaciones.
La inflación desbocada de junio, que alcanzó el doble dígito, ha disparado las alertas de los organismos económicos, revelando un mayor traslado del incremento de los costes energéticos al precio del resto de productos. Así lo destacó Hernández de Cos, en su discurso de bienvenida a los asistentes a la conferencia, en la que se trató el problema de la inflación pero también otros asuntos como la evolución del mercado laboral con la nueva reforma.
El gobernador del BdE recordó que si bien inicialmente las subidas de precios se concentraron inicialmente en las materias primas y alimentos y parecían tener un carácter transitorio, han sorprendido al alza, extendiéndose al resto de bienes y servicios y mostrando signos de mayor persistencia.
El BdE pone el foco en los salarios
El Banco de España no tiene previsto actualizar sus previsiones económicas, entre las que se incluye la evolución de la inflación, hasta después del verano. En las últimas proyecciones, publicadas a principios de junio, contemplaba una inflación media del 7,2% para este año, aunque con tasas descendentes que se situarían próximas al 2% en 2023.
A esta previsión del BdE remitió la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, esta semana al ser preguntada por el asunto. Sin embargo, el gobernador recordó este jueves que estas proyecciones "se basan en el supuesto de que los precios energéticos se desacelerarán y los salarios y márgenes empresariales se moderarán", dos riesgos que podrían materializarse.
Según el avance del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación subyacente se elevó en junio seis décimas, hasta el 5,5%, reflejando el traslado de los costes energéticos y materias primas a diferentes ramas de la economía (alimentos elaborados, productos industriales, servicios, etc.).
En este contexto, los sindicatos exigen subidas salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y amenazan ya con intensificar las movilizaciones. Este mismo miércoles, el Gobierno convocó a los agentes sociales para intentar reavivar la negociación del pacto de rentas, roto hace meses. Un encuentro que se cerró sin demasiado éxito.
Los funcionarios 'calientan' el verano
Tras la reunión, CCOO ha convocado a los tres millones de empleados públicos la próxima semana, el 14 de julio, frente al Congreso de los Diputados, durante el debate del Estado de la Nación. Hace dos semanas, CSIF y Jusapol, plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios de Policía y Guardia Civil, ya celebraron concentraciones en toda España para que el Gobierno inicie "de inmediato" las negociaciones.
Los funcionarios reclaman un aumento salarial de al menos el 4,5/5% este año con efectos retroactivos a 1 de enero, el doble de lo previsto; y del 3/3,5% en 2023 más una cláusula de revisión conforme al IPC en la modalidad que se pactara con el Ejecutivo, según explica a Vozpópuli Humberto Muñoz, portavoz del Área Pública de CCOO. En total, una subida de en torno a un 8,5% en dos años, tomando como referencia la inflación subyacente, que asciende ya al 5,5%.
"Entendemos que el mayor esfuerzo debe producirse ahora. No estamos cerrados a añadir un año más al periodo, pero en ese caso haría que hablar de una subida algo superior al 8,5%", comenta Muñoz a este periódico. "Será un aviso a navegantes, un primer toque de atención para que recuperen la cordura. Si no se consigue, a la vuelta del verano, tomaremos medidas serias y organizadas", añade.
Si el Gobierno continúa dando la espalda a estas reivindicaciones, CSIF también prepara nuevas movilizaciones en las calles de toda España a partir de septiembre, tal y como advirtió en una carta enviada al presidente, Pedro Sánchez, este miércoles. Pepe Álvarez (UGT) también anunció este jueves movilizaciones generales en todos los sectores después del verano si no hay acuerdo.
Por su parte, CEOE se abre a un pacto de rentas en el que participen también los pensionistas, como pide el Banco de España, pero sin cláusulas de garantía salarial, como reclaman los sindicatos, ni indexaciones al IPC, como pretende hacer el Gobierno con las pensiones.
El Gobierno ofreció a los sindicatos una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para que éste alcance al final de la legislatura el 60% del salario medio. Otro incentivo es el anunciado impuesto a las energéticas, aunque los sindicatos también exigen subir el de Sociedades. Sin embargo, no concretó más medidas en la reunión, según los agentes sociales, que han transmitido que los ha emplazado a una nueva reunión a la vuelta del verano.
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