Expertos, economistas y empresas apuestan por una mejora de los beneficios fiscales que existen para las personas que ahorren para su jubilación contratando planes de pensiones privados, ya que creen que si hubiera más ventajas en el plano fiscal se popularizaría su uso, pero el Gobierno está barajando precisamente lo contrario y estudia la posibilidad de acabar con estos beneficios.
Así lo recoge en su Programa de Estabilidad 2019-2022, remitido a principios de mes a Bruselas, en el que reconoce que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) está revisando la posiblidad de acabar con algunas partidas del gasto público, entre las que figuran las reducciones en el IRPF por aportaciones a sistemas de previsión social, es decir, productos de ahorro como planes de pensiones privados o seguros de vida que son comercializados por entidades financieras.
Acabar con estos beneficios fiscales permitiría un ahorro de 1.630 millones de euros al año, según cálculos de la Airef, que está estudiando también la viabilidad de acabar con otras ventajas como la reducción por arrendamiento de viviendas (para el propietario) y la deducción por alquiler (para el inquilino); la opción de hacer tributación conjunta en la renta; las deducciones por donativo o de caracter social (por maternidad, familia numerosa, discapacidad); los incentivos a la I+D+i, y los tipos reducidos del IVA y del Impuesto de Sociedades, entre otras.
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Fuentes del Ministerio de Hacienda explican a Vozpópuli que "fue la Airef la encargada de seleccionar en su plan de trabajo los beneficios fiscales sujetos a análisis, y después se ha abierto un diálogo con el Ministerio para la colaboración de ambas partes".
Cuáles son las ventajas vigentes
La legislación actual contempla que la base imponible general del IRPF se puede reducir por el valor de las aportaciones y contribuciones a los siguientes sistemas de previsión social: planes de pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y primas satisfechas a seguros privados vinculados a la dependencia.
Esta reducción de la base imponible en función de las aportaciones tiene un tope máximo de 8.000 euros, con lo que aunque una persona destine más de esa cantidad al ahorro privado esa será la máxima cuantía por la que podrá reducir su base imponible.
A pesar de estas ventajas, los planes de pensiones privados no acaban de despegar en España, donde el peso de los fondos de pensiones y seguros es muy inferior al de Europa (16,5% frente a 35,5%), mientras que es superior el ahorro en depósitos bancarios y efectivo (39,9% frente a 30,3% en Europa), según datos de la patronal del sector, Inverco.
Los expertos consideran que las razones principales son: que estos incentivos son insuficientes, que los españoles no tienen suficiente capacidad de ahorro, que los salarios son bajos y que ningún Gobierno reconoce públicamente que no se puede mantener la suficiencia de las pensiones públicas actuales, con lo que la conciencia de la necesidad de ahorrar no ha calado en la sociedad.
Piden más incentivos
Eduardo Martínez, director de Inversiones de Fondos de Pensiones de VidaCaixa, recuerda que la tasa de ahorro en España está "muy por debajo que la de cualquier país de la zona euro" y que "los españoles además han ido reduciendo la deuda que tenían acumulada de la crisis" con lo que no han tenido capacidad de ahorrar.
"Es ridículo decir que se pueden mantener las pensiones actuales a costa de sangrar más a los que trabajan (...) Hay que asumir que la pensión será menor de lo que esperamos, así que tenemos que ahorrar. ¿Cómo? Diversificando, sin dejarse tomar el pelo y pidiendo un trato fiscal -no mejor, pero al menos igual- para el ahorro", señala por su parte Pablo Fernández, profesor de Dirección Financiera del IESE Business School.
Entre los que reivindican mejoras fiscales para los planes de pensiones privados se encuentra también Fernando Luque, senior financial editor de Morningstar (uno de los principales proveedores de análisis para la inversión), quien defiende que estos instrumentos "no despegan porque están capados. Si limitamos las aportaciones deducibles fiscalmente a 8.000 euros estamos impidiendo que el sector despegue".
"Si te cargas la ventaja fiscal del producto te cargas el producto. Hay que mejorar la fiscalidad, es el motor básico para que este sector progrese de forma interesante. En EEUU se ha demostrado. La fiscalidad es lo que realmente impulsa a los ahorradores a aportar dinero a un producto que ven positivo a nivel fiscal, y ahora mismo es muy deficiente", lamenta.
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