EH Bildu condiciona su apoyo a la reforma laboral para su convalidación en el Congreso a que se proteja el marco vasco de negociación colectiva, se garantice la prevalencia de los convenios autonómicos, se recupere la indemnización de 45 días por año trabajado, y se establezca un control público de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), de manera que sea necesaria "la autorización de la autoridad laboral como garantía pública para evitar la destrucción de empleo".
Estas son las principales cuestiones que la formación soberanista reclama al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos para su incorporación a la nueva normativa si pretende recabar su apoyo en la Cámara baja, tal como ha recogido en un documento, al que ha tenido acceso Europa Press.
El texto, que expone los contenidos que EH Bildu cree que debe garantizar la nueva legislación, destaca que la reforma laboral del PP supuso "una importante pérdida" de derechos para los trabajadores y "un debilitamiento de la negociación colectiva definida por la condición laboral".
A su juicio, "las principales consecuencias han sido la devaluación salarial, la aceleración del proceso de precarización del empleo y la estatalización de la negociación colectiva", con lo que ello supone de "negación" de la realidad socio-económica vasca.
Estatalización
Para EH Bildu, "la estatalización del marco vasco de negociación colectiva vasca fue, sin duda, una de las cuestiones más perjudiciales e importantes que la reforma laboral trajo consigo en el panorama laboral" de Euskadi. "Ello, además de negar las decisiones adoptadas en nuestro ámbito por la mayoría sindical y empresarial, supone una devaluación de las condiciones de trabajo", asegura.
La formación soberanista destaca que el Acuerdo Interprofesional sobre la estructura de la negociación colectiva que suscribieron en 2017 en la Comunidad Autónoma Vasca los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, y la patronal vasca, Confebask, tiene como objetivo dar prioridad a los convenios colectivos y acuerdos interprofesionales que se firman en Euskadi frente a los del Estado.
"Pero estos acuerdos interprofesionales vascos y, por tanto, nuestro marco, no cuenta en la actualidad con las garantías jurídicas necesarias para garantizar su aplicación pacífica frente a los acuerdos y convenios sectoriales de ámbito estatal", apunta.
En su opinión, el apoyo a la negociación colectiva en el ámbito vasco "adquiere una importancia capital por razones evidentes", y denuncia que "la actual reforma laboral supone perpetuar la situación antidemocrática creada por la reforma del PP, negando la realidad socioeconómica, sindical y empresarial vasca".
Herramienta "fundamental"
EH Bildu considera que no se debe permitir "que se pierda una herramienta fundamental para regular las condiciones laborales de los trabajadores vascos, que, además, ha demostrado su capacidad para mejorar las condiciones de trabajo en el ámbito estatal".
En este sentido, advierte de que "la pérdida de derechos puede ser mayor, si se pierde la negociación colectiva como instrumento para recuperar y mejorar los derechos laborales en el marco de la lucha sindical y social".
Asimismo, aboga por "reforzar la estabilidad en el empleo". Para ello, cree que es necesario que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) "tenga un control público, recuperando la autorización de la autoridad laboral como garantía pública para evitar la destrucción de empleo". También reclama que se proteja a los trabajadores de los despidos improcedentes y, con este objetivo, se recupere "la indemnización y los salarios de trámite que eliminó la reforma laboral del PP".
"En Madrid, la sociedad vasca se ve directamente afectada por la decisión de los elementos derivados de las relaciones laborales, por lo que urge la entrada en vigor de una nueva normativa laboral que dé pasos significativos a favor de los derechos de los trabajadores vascos", subraya.
Cinco condiciones
Por esta razón, exige, en primer lugar, que "se proteja el marco vasco de negociación colectiva sobre la base de la mayoría sindical y empresarial del mismo". También emplaza al Gobierno español a que "garantice que los convenios territoriales y autonómicos vascos tendrán prioridad a la hora de aplicarlos, así como los acuerdos interprofesionales" de Euskadi frente a los estatales.
En segundo lugar, insta a respetar el derecho a la negociación colectiva y el cumplimiento de los convenios colectivos al ser "imprescindibles para el correcto desarrollo de la actividad socioeconómica".
"La necesidad de dotar de flexibilidad a las empresas ante situaciones negativas no previstas no puede justificar el incumplimiento por parte de la empresa de las pactadas por su parte en el convenio, especialmente en materia salarial", avisa.
En este sentido, insta al Ejecutivo a "garantizar que el incumplimiento de las condiciones de trabajo acordadas por la empresa, alegando la situación de dificultad, se pueda producir previa negociación y acuerdo con la representación sindical".
Control público de los ERE
En un tercer punto, plantea la necesidad del control público de los Expedientes de Regulación de Empleo vascos. En esta línea, pide al Gobierno español que la normativa laboral "recupere la autorización de la autoridad laboral en la tramitación" de estos expedientes.
Otra de sus reclamaciones es que se "adapten y reescriban las causas económicas por las que una empresa despide alegando dificultades". "La reforma laboral del PP flexibilizó la causalidad y se legalizaron los despidos por la mera conveniencia de las empresas, es decir, no solo porque tiene pérdidas, sino también porque recortan beneficios", remarca.
De esta forma, cree que los despidos motivados por causas económicas técnicas y organizativas "deben ser la última medida a adoptar (también a evitar) y, en todo caso, deben basarse en la necesidad de desarrollar la viabilidad de la empresa, y no en previsiones interesadas o en el objetivo de incrementar el beneficio empresarial a costa de la destrucción de empleo".
En quinto lugar, llama a "dotar de estabilidad al empleo y proteger a los trabajadores frente a despidos improcedentes". Con este objetivo, exige a que la normativa laboral "recupere la indemnización de 45 días por año trabajado, así como los salarios que se tramitan en los despidos improcedentes".
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