Varios propietarios de bonos del Banco Popular han presentado hoy varios recursos legales ante el Tribunal General de la Unión Europea con la intención de anular el mecanismo de resolución del Banco Popular que, desde el pasado mes de junio, había adoptado la Junta Única de Resolución.
Según Richard East, de Quinn Emanuel, firma que representa a los bonistas: "La violación del secreto profesional por parte de la JUR, que incluye también comentarios públicos de que "se estaba vigilando a Banco Popular", socavó la confianza de los inversores e intensificó una fuga de depósitos del banco. Irónicamente fue esta “formidable fuga de liquidez” del Banco Popular la que se emplea posteriormente por la propia JUR para justificar su intervención en el banco”.
En este sentido, los documentos del recurso destacan en particular la infracción del secreto profesional por parte de Elke König, Presidenta de Junta Única de Resolución (JUR) el 23 de mayo cuando afirmó a Bloomberg: “por supuesto, Banco Popular es también uno de los casos que estamos siguiendo de cerca”
Tras las afirmaciones, Banco Popular sufrió una caída del 50% en el precio de sus acciones, así como una aceleración en las salidas de depósitos. El Banco Central confirmó el efecto negativo de las declaraciones en su informe titulado “Failing or Likely to Fail” afirmando que: “Los depósitos perdidos desde el 31 de mayo son especialmente relevantes y se producen una vez que los medios divulgan que el banco podía enfrentarse a una resolución...”.
Los recursos legales también hacen hincapié en la incapacidad de la Comisión para evaluar el mecanismo de resolución de la JUR. El grupo de bonistas sostiene, además, que la JUR basó su decisión en una información incompleta. El informe, que no se ha hecho público a pesar de las repetidas peticiones de los responsables políticos europeos, incluye diversas valoraciones que están muy al margen de las del mercado.
Richard East añade finalmente: "Tras su decisión y, a pesar de las repetidas y razonables peticiones realizadas, la Junta Única de Resolución ha demostrado tener una falta total de transparencia, ocultando o reteniendo documentos cruciales como el informe de Deloitte, entre otros.
