El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha tenido que apagar el incendio que originaron las prisas, las formas y la suficiencia del Gobierno con la tramitación de la proposición de ley que crea los impuestos a banca y energéticas y en la que se ha metido como una enmienda el impuesto a grandes fortunas. Y es que al enfado de PP, Cs y Vox se había sumado el de dos de sus socios, PNV y PdeCat, que vieron como este martes el Ejecutivo vetaba sus enmiendas. De hecho, la presión del PNV forzó la retirada exprés de los vetos, un hecho insólito. Un Grupo Vasco a su vez presionado por las empresas.
Gascón, que tiene una de las agendas más apretadas de todos los Ministerios y que se ha enfrentado a tres nuevos impuestos, los Presupuestos y multitud de cambios tributarios desde que llegó al cargo en junio, ha visto sus planes trastocados por el PNV en las últimas horas y ha cancelado su asistencia a las Jornadas Anuales del Consejo General de Economistas Asesores Fiscales (REAF) que se celebran este jueves y viernes en Cádiz y que tenía previsto inaugurar y que finalmente tampoco pudo hacer ni a través de streaming y mandó un vídeo.
Y es que este jueves, el secretario de Estado de Hacienda tenía la reunión preparatoria del Consejo de Ministros, pero además ha tenido que atender al PNV en dos asuntos, el primero, la Comisión Mixta del Concierto Económico, en la que se ha alcanzado un acuerdo sobre el Cupo Vasco y que irá a las Cortes como proyecto de ley, en el que se ceden además los impuestos a plásticos y residuos. El mismo camino que seguirán los impuestos a banca y energéticas, como se había anunciado y se formalizó este jueves en una enmienda de Bildu, a lo que se añadirá el de grandes fortunas.
Y ante el enfado por los vetos y una vez que se levantaron este miércoles, Gascón se ha encargado de calmar los ánimos de PNV y PDCat, que se lo han agradecido públicamente en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso este jueves. El secretario de Estado de Hacienda ha tenido que negociar con ellos algunas mejoras, de momento, limitadas, al impuesto energético, correcciones que el portavoz de PDeCAT, Ferrán Bel, ha esperado incrementar de aquí al Pleno del próximo jueves en que el Congreso aprobará la proposición de ley.
La portavoz del Grupo Vasco, Idoia Sagastizabal, ha mostrado su malestar con las formas del Gobierno con esta proposición de ley, que ha tachado de "inauditas", pero ha agradecido el intento del secretario de Estado de Hacienda "por acercar posturas", lo que se ha traducido en que se hayan transaccionado enmiendas del PNV y PDCat para excluir del pago del gravamen energético -que asciende al 1,2 % de la facturación- la parte de los ingresos correspondiente a actividades reguladas, tanto las tarifas reguladas de luz, gas y butano como los obtenidos de redes de transporte y distribución de electricidad y gas.
Asimismo, se han excluido todos los ingresos obtenidos por instalaciones de generación con retribución regulada y retribución adicional en territorios no peninsulares, incluidos los del mercado, así como toda la facturación obtenida fuera de España.
Mejoras insuficientes
Tras la aprobación del dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación, y la avocación a Pleno del Congreso de la proposición de ley, los primeros en manifestarse han sido Repsol, Cepsa y BP a través de su patronal. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) reitera su disconformidad con el planteamiento del impuesto y lamenta que no se hayan abordado ni corregido algunos de los "importantes problemas" que ven en el planteamiento y puesta en marcha de este nuevo gravamen.
AOP ya expresó las críticas al impuesto, motivadas por la falta de justificación real, los problemas en su planteamiento y los errores que derivarían de su aplicación, tal y como está configurado. La asociación señaló, asimismo, las consecuencias que se podrían derivar de la puesta en marcha de este gravamen, que obligará a detraer recursos que hoy se dirigen a investigar e invertir en nuevas tecnologías que contribuyan a descarbonizar los productos y a mejorar la eficiencia energética de los procesos. Una merma de sus recursos podría comprometer, en especial, las inversiones para alcanzar la neutralidad climática a la que se han comprometido España y Europa.
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