Bruselas niega un acuerdo con el Gobierno sobre la senda fiscal

La Comisión Europea ha negado este miércoles haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno español sobre una nueva senda de reducción de déficit y deuda públicos para los próximos años y ha afirmado que esperará a conocer el proyecto presupuestario que le remitan las autoridades españolas para hacer comentarios "detallados" sobre el mismo.

Así se han expresado en una rueda de prensa tanto el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, como el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Ambos han recordado, además, que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aclaró este martes que Bruselas no debe pronunciarse en este momento sobre la nueva senda fiscal.

"Tenemos discusiones con las autoridades españolas sobre la senda fiscal revisada y sobre los preparativos del presupuesto de 2020. No tenemos ningún acuerdo en este momento", ha zanjado el letón, preguntado por el hecho de que fuentes gubernamentales hablasen ayer ya de un pacto en este sentido con Bruselas.

"El Gobierno español está preparando su proyecto presupuestario que todavía no ha presentado a la Comisión. Podremos aportar comentarios más detallados cuando recibamos este plan", ha explicado Dombrovskis.

En la misma línea, el italiano Gentiloni ha confiado en poder "discutir juntos" con el Gobierno español un proyecto presupuestario concreto, pero también ha negado por el momento que exista un pacto con España.

Reducción de la deuda pública "muy lenta"

No obstante, el vicepresidente económico de la Comisión Europea ha subrayado que la reducción de la deuda pública sigue siendo "muy lenta" y que el déficit público está "relativamente lejos del objetivo a medio plazo", por lo que es "importante" seguir con los "esfuerzos" para reducir los dos indicadores económicos.

Una vez que España salió el pasado año del procedimiento por déficit excesivo, la vigilancia de Bruselas deja de centrarse en la senda descendente del déficit nominal y pasa a estar en la disminución del déficit estructural, aquel que excluye la incidencia del ciclo económico.

La UE exige a España que incluya en el presupuesto de este año un ajuste estructural equivalente al 0,65% del PIB, lo que supone unos 7.800 millones en ajustes ya sea reduciendo el gasto público o aumentando los ingresos. Las reglas, sin embargo, prevén cierta flexibilidad que da a los países cierto margen en el cumplimiento de estos ajustes.