El arranque de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea ha venido acompañado de un informe clave por parte de la Comisión Europea: el que publica cada año desde 1984 sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE. Éste no deja en una buena posición a nuestro país, aún con un centenar de procedimientos de infracción por incumplir las normas europeas o no aplicarlas de forma correcta.
Hace ya tres años, en 2020, el Consejo de Ministros tuvo sobre la mesa un informe sobre la mejora del proceso de incorporación del Derecho de la Unión Europea. Poco después constituyó un grupo de trabajo, a propuesta de los Ministerios de Presidencia y Exteriores, para estudiar medidas que contribuyeran a mejorar la posición de España en este ámbito.
Sin embargo, el informe, publicado el pasado 14 de julio y referente al año 2022, posiciona un año más a España en el podio de países con expedientes abiertos por trasposición tardía (40), incorrecta (47) o, directamente, por incumplir las normas (13). Sólo Bélgica supera este nivel, con 114 infracciones a cierre del pasado año, según los datos difundidos por Bruselas.
De estos 100 expedientes, 23 se abrieron el año pasado (siendo el octavo país que más infracciones nuevas sumó) y el resto se vienen arrastrando de lejos. Los nuevos expedientes abarcan todos los ámbitos: movilidad y transporte (6); estabilidad financiera y mercado de capitales (4); fiscalidad y unión aduanera (4); empleo y asuntos sociales (2); justicia (2); medio ambiente (2); energía (1); mercado interior e industria (1); asuntos marítimos (1).
En cuanto a los 'viejos' reclamos, destaca, por cuarto año consecutivo, la solicitud de desbloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y la separación de los mandatos de la Fiscalía General del Estado y el Gobierno. Asimismo, Bruselas remarca que España sigue sin cumplir los objetivos de la Directiva sobre morosidad, con retrasos por parte de las administraciones públicas en los pagos a proveedores.
España, el país con más sentencias en contra por parte de la Justicia europea
El pasado año Bruselas decidió remitir un total de 35 asuntos al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), frente a los 31 del año anterior. El Tribunal dictó 19 sentencias, de las que 17 fueron a favor de la Comisión Europea y tres de ellas se referían a España. Es decir, que sólo en dos desestimó la acción de Bruselas, ambas a favor de Polonia.
De hecho, España fue el Estado miembro con más sentencias en contra por parte del TJUE, con tres en las que daba la razón a Bruselas. Bulgaria, Irlanda y Eslovaquia perdieron dos casos cada uno ante la Justicia europea; y Bélgica, Dinamarca, Grecia, Francia, Italia, Austria, Portugal y Reino Unido uno cada uno.
En el caso de España, la primera sentencia llegó el 27 de enero de 2022 sobre las "sanciones desproporcionadas a los contribuyentes españoles por no haber presentado su declaración sobre activos poseídos en el extranjero mediante el Modelo 720". Después de que el Tribunal de Justicia confirmara la posición de la Comisión, España modificó su legislación nacional, en consonancia con el principio de libre circulación de capitales.
Asimismo, el 28 de junio de 2022 se produjo una nueva sentencia del TJUE a favor de Bruselas, que reclama una reforma el sistema de reclamación patrimonial del Estado que restringió Cristóbal Montoro en 2015. De esta forma, anuló la restricción de las reclamaciones a sólo un año desde la publicación de la sentencia, y cinco años de caducidad del hecho causante del daño.
La Comisión también recuerda que en 2022 decidió llevar a España ante el TJUE por incumplir la Directiva sobre aguas residuales urbanas y por no trasponer íntegramente la legislación de la UE sobre protección contra las radiaciones. En el informe también consta la petición que el año pasado hizo Bruselas a España de que aplicara con "rapidez y eficacia" la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 24 de junio de 2021 relativa al humedal de Doñana.
Estos procedimientos son la herramienta que utiliza el Ejecutivo comunitario para asegurar que los Estados miembros aplican la legislación europea, un proceso que arranca con la apertura de expedientes pero que puede concluir en sanciones contra los países incumplidores si el caso llega sin entendimiento al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y éste da la razón a Bruselas.
"Los Estados miembros están obligados a tomar todas las medidas necesarias para cumplir con prontitud una sentencia del Tribunal. Sin embargo, esto no siempre sucede", explica la Comisión. A finales de 2022, un centenar de procedimientos de infracción seguían abiertos pese a haber ya una sentencia del TJUE, pues Bruselas consideró que los Estados miembros aún no habían cumplido las sentencias.
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