Un déficit público del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2024. El Gobierno marca ahora una senda fiscal más positiva en la que el desequilibrio de las cuentas públicas entraría en el umbral admitido por la Comisión Europea justo en el año próximo a las elecciones generales. Según ha avanzado Hacienda este jueves, esto se conseguirá sin aplicar recortes y gracias al crecimiento económico y del empleo, que se traducirían en un aumento de los ingresos vía impuestos y cotizaciones.
De hecho, el Gobierno defiende que "la actualización de la senda fiscal también demuestra que la sostenibilidad de las cuentas públicas es compatible con desplegar un escudo social de 35.000 millones para mitigar el impacto del alza de los precios", que se eleva a los 45.000 millones si se incluyen los avales.
Sin embargo, los principales organismos económicos nacionales e internacionales no son tan optimistas. Sin ir más lejos, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) aumentó el 4 de abril su previsión para 2023 nueve décimas, hasta el 4,2%, precisamente, por la aprobación de nuevas medidas. No actualizó la senda completa, pero en octubre, cuando era más optimista para este año (3,3%) planteó un déficit público del 3,2% tanto en 2024 como en 2025, para volver a aumentar hasta el 3,3% en 2026.
De hecho, a principios de marzo la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, recordó que el organismo que preside lleva tiempo advirtiendo de que "nos iba a pillar el toro", de que "pronto volverían las reglas fiscales", y de que "deberíamos haber ido trabajando en esta materia".
También en el marco nacional, el Banco de España (BdE) publicó su actualización de previsiones el pasado mes de marzo. En ellas prevé que el déficit público se sitúe en el 4,1% del PIB este año (dos décimas por encima de lo que proyecta el Gobierno, que lo deja en el 3,9%) y en el 3,5% en 2024 (medio punto más que el Ejecutivo) para volver a crecer en 2025 hasta el 4,4%.
Bruselas y el FMI
Ya en el ámbito internacional, la Comisión Europea publicó sus últimas proyecciones de déficit también en el Informe de Otoño, en las que calculaba que el déficit público de España se situaría en el 4,3% del PIB en 2023 y bajaría siete décimas en 2024, pero seguiría en el 3,6% en el año de entrada en vigor de las reglas fiscales. Es decir, que si sus previsiones ya tumbaban el objetivo de déficit del Gobierno en aquel momento, ahora lo hacen en mayor medida (a la espera de la próxima actualización en mayo).
El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, proyecta un descenso del déficit público al 4,5% este año y al 3,5% en 2024 (repuntando de nuevo a partir de ese año), lo que también enmendaría la 'promesa' del Gobierno de cumplir con el Pacto de Estabilidad de la UE ya el próximo año.
La reactivación de las reglas fiscales en 2024 será la 'patata caliente' que reciba el nuevo Gobierno. Además de los 'topes' marcados del 3% de déficit público y el 60% de deuda en relación al PIB del país, la propuesta de Bruselas conocida este miércoles establece que los Estados miembros con un déficit superior al 3%, como España actualmente, deben llevar a cabo ajustes fiscales mínimos del 0,5% del PIB al año. Unos 7.000 millones anuales. Pero esto es algo que, según el Gobierno, no llegaría a ocurrir en España.
El aval de la AIReF
El aval de la senda por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se da en principio por supuesto una vez que el Gobierno ha avanzado este jueves la senda. Fuentes de la Autoridad Fiscal ponían el foco este martes en lo que el Gobierno iba a plantear para 2024, 2025 y 2026 y daban por supuesto que mantendría el objetivo de 2023. Una reducción desde el 4,2% que estima la Autoridad Fiscal para este año al 3% que plantea el Ejecutivo para 2024 se antoja complicada.
La Ley Orgánica 6/2013 de creación de la AIReF exige el aval de la Autoridad a las previsiones macroeconómicas de los "proyectos de presupuestos (septiembre) o en el Programa de Estabilidad (abril)", pero deja fuera el cuadro macroeconómico de junio-julio sobre el que las comunidades autónomas y los ayuntamientos basan sus presupuestos. Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, ha pedido adelantar de septiembre -octubre, al final- a julio el análisis que el organismo hace de las previsiones macroeconómicas que realiza el Gobierno. Lo ha hecho el pasado octubre, una vez que se vio el desfase de las previsiones de julio y la situación en octubre.
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