La Comisión Europea ha publicado una serie de informes con esperadísimas conclusiones sobre la economía colaborativa. En ellos, trata tanto los negocios de cesión de viviendas como Airbnb como los viajes de largo recorrido (Blablacar) o corto (Uber o Cabify), así como otro tipo de servicios donde se intercambian habilidades (un jardinero vs. un pintor, por ejemplo) aún reconociendo que son fenómenos diferentes. El organismo europeo ha mostrado mucha preocupación en cómo hacer que los usuarios estén al corriente de sus ingresos fiscales. Sin embargo, apenas hace referencias a cómo se hace el pago de impuestos de los grandes grupos de economía colaborativa, compañías que facturan cientos de millones de euros pero que pueden consolidar sus beneficios en un solo país. En el caso de Uber y Airbnb, este país es Irlanda. En el de Blablacar, su país de origen, Francia, que no es conocido por sus ventajas fiscales.
Estos nuevos agentes pueden facturar ya decenas o cientos de millones en las economías nacionales pero su progresión hace pensar que seguirán creciendo. Los ingresos declarados en las economías donde operan están muy por debajo de su importancia real en el mercado. Por ejemplo, este viernes se supo que Airbnb sólo declara en España 106.000 euros pese a que alcanzó 2,6 millones de huéspedes. En el caso de Blablacar, sus beneficios declarados en España fueron de sólo 6.000 euros en 2014. Tanto una como otra compañía tienen una presencia jurídica en España que se limita al de ser agencias de marketing que facturan sus servicios publicitarios a la matriz y de ahí obtienen una cantidad modesta de ingresos. Pero el grueso del negocio, el que ha hecho levantarse a los hoteleros en Barcelona o a los autobuseros de Confebús, marcha fuera en sus beneficios con un estricto cumplimiento de la ley: no tiene por qué facturar aquí si no quiere.
El pago del IVA puede ser el siguiente paso: la UE trabaja para que todos estos servicios colaborativos paguen impuesto de valor añadido
El mundo de internet tiende a concentrar y Pero nada de esto es prioritario para Bruselas, que prefiere incorporar a su estudio una serie de ideas para que los usuarios paguen impuestos cuando utilicen los servicios. Por ejemplo, con el pago del IVA: "La Comisión está ahora mismo valorando la posibilidad de extender el IVA para servicios electrónicos de tal modo que cubra también el suministro de bienes". También ve con buenos ojos las ideas de algunos países para que "sea la propia aplicación la que establezca un formulario que facilite el pago de impuestos a los usuarios".
La Comisión ha valorado toda la economía colaborativa en 28.000 millones de euros. Estas líneas generales de la Comisión Europea coinciden en varias líneas con el preinforme elaborado en marzo por la CNMC, que también apuesta por cambiar regulaciones para permitir más competencia en servicios habitacionales y de transporte. Los taxistas han tenido dos meses para llenar el buzón de sugerencias del regulador con quejas y reprobaciones a su punto de vista como muestran estos dos cuadros. Un 80% de las respuestas han venido por autónomos (sobre todo taxistas) y estos han dicho NO a CNMC en un 80%. La batalla en las redes, al menos, la han ganado los taxistas. Los consumidores, en el lado contrario a los que prestan el servicio.
El debate está en la calle, pero Bruselas pide a los Estados que regulen sin meterse todavía ni siquiera en directivas. La batalla para encajar esta nueva economía con los viejos usos aún durará tiempo.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación