La reforma más polémica del Gobierno de Pedro Sánchez será el primer examen europeo del próximo gobierno. La reforma de las pensiones que José Luis Escrivá acordó fuera de plazo con Podemos y que aseguró que venía negociada con Bruselas -aunque la quería tramitar como proyecto de ley por si hubiera que meter cambios- deberá ser presentada formalmente por el próximo ejecutivo. Si gobierna el PP, supondrá un retrato exprés del asunto más inflamable. Si no hace cambios, se entenderá que la avala. Si los hace, de momento los sindicatos ya han advertido este miércoles de que no lo van a tolerar, con la vista puesta en las protestas en Francia que casi tumban a Macron.
Y es que el próximo gobierno podrá hacer cambios de calado en la reforma de las pensiones. Se trata de un regalo envenenado que le lega el Gobierno de Pedro Sánchez, que utiliza los resortes del Plan de Recuperación para obligar a retratarse a un futuro ejecutivo de Núñez Feijóo, según se desprende del Reglamento del Plan y constatan fuentes conocedoras de su funcionamiento y también observan fuentes del PP consultadas por Vozpópuli.
Nadia Calviño ha renunciado a pedir a la Comisión Europea el cuarto pago del Plan de Recuperación en el que se incluye la reforma de las pensiones, a pesar de que la semana pasada dio a entender que lo reclamaría ya, cuando avanzó que iba a aprobar la adenda este martes y remitirla a Bruselas.
Son dos planos diferentes. Por una parte, está la adenda, la segunda parte del Plan, eminentemente, préstamos, para la que el Reglamento marca el plazo máximo de presentación del próximo 31 de agosto. Su remisión a Bruselas justo antes de las elecciones ha estado rodeada de polémica por suponer una hipoteca para el próximo gobierno, que tendrá un margen de maniobra muy escaso, de algo menos de un mes, si quiere hacer cambios. Calviño asegura que lo pide ahora "por responsabilidad", porque si no, se perdería, aunque sí cabría haber negociado un cambio en el Reglamento para extender el plazo.
Pues bien, en paralelo está pendiente la petición del cuarto pago, el que corresponde a las reformas e inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2022, entre ellas, la reforma de las pensiones, que Escrivá cerró con retraso en marzo, y que Calviño asegura desde entonces que iba a pedir. Esta petición no tiene plazo. Se pueden solicitar un máximo de dos pagos al año, pero no hay más exigencias, salvo que si se retrasa el ritmo puede no dar tiempo a pedir y ejecutar los fondos, ya que de momento el plazo final es el 31 de agosto de 2026. Con todo, España es el país más adelantado en la petición de tramos y en los pagos -no en la adenda, que ha pedido de los últimos-.
Es decir, no hay compromiso oficial con Bruselas sobre la reforma de las pensiones ni plazo para solicitar el pago de los fondos de ese tramo, salvo que se cumpla lo firmado en el Plan, que en suma lo que plantea es que la reforma sea sostenible, lo que la AIReF, el Banco de España, BBVA o Fedea han dicho que no lo es, en lo que coincide el PP.
Antes de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral, el Ministerio de Asuntos Económicos contaba con realizar la solicitud de este cuarto pago en cualquier momento. Cuando Calviño avanzó que pediría la adenda el 31 de mayo, lo ligó al cuarto pago pendiente, con lo que se entendió que lo pediría también ahora. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que validó la adenda este martes, la vicepresidenta primera aseguró que solicitaría "lo antes posible" el cuarto pago.
Desde su Ministerio ratifican que no lo hará este gobierno. La renuncia la explican en que las reformas comprendidas en este tramo han decaído al disolverse la Cortes y que las retomarán cuanto antes si ganan las elecciones.
Un análisis del Anexo de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo de 16 de junio de 2021 sobre el Plan de Recuperación, donde se desglosan con detalle hitos y reformas con sus fechas límite de aprobación y/o entrada en vigor, muestra que sólo una de las reformas ha decaído, la Ley del Cliente Financiero, a la que sólo quedaba su validación por el Senado. El resto de leyes que han saltado por los aires con la convocatoria de elecciones -y que Calviño ha incluido en la adenda- no están comprendidas en este tramo.
Esta segunda pata de la reforma de las pensiones, centrada en el aumento de los ingresos de la Seguridad Social y en la suficiencia de pensiones para los trabajadores con carreras laborales más volátiles, es uno de los hitos vinculados al cuarto desembolso de los fondos europeos y debía haberse aprobado el 31 de diciembre. De él penden 10.000 millones.
La adenda sí tiene un plazo -que podría reformarse vía Reglamento, pero lo tiene- y aunque es mucho dinero, incluye 18 reformas de poco calado y cabe suponer que la Comisión no pondrá pegas importantes al documento que ha remitido Calviño. La reforma de las pensiones, en cambio, no tiene fecha de cara a Bruselas y será el examen más controvertido de un futuro gobierno del PP.
Lo que ha dicho el PP
El PP votó "no" a la convalidación del Real Decreto-ley de reforma de las pensiones el 30 de marzo en el Congreso por considerar que "abre la puerta a rebajar las pensiones" en España. Según señalaron entonces fuentes de la cúpula del PP a Europa Press, Alberto Núñez Feijóo lo derogaría si llega al Palacio de la Moncloa. Este Real Decreto es precisamente el que se dirime en el cuarto pago, pero también el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la subida de cotizaciones que recae sobre todo sobre las empresas que Escrivá aprobó en diciembre de 2021, pero que en realidad debe analizarse en este cuarto tramo. Un varapalo a las empresas contra el que ha cargado CEOE.
En marzo, también, el líder del Partido Popular avisó de que "si no se crean 1,7 millones de puestos de trabajo, el sistema de pensiones es insostenible" y acusó al Gobierno de "utilizar" a los pensionistas en una entrevista en El Español.
Feijóo calló sobre sus planes respecto a las pensiones hasta el pasado verano, en que empezó a trasladar que la reforma de Sánchez compromete la regla de gasto de la UE. El PSOE intentó que el presidente de los populares declarara que si gobierna desindexará las pensiones del IPC, sin éxito. "Las pensiones tienen que subir con el IPC como establece la ley", planteaba Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, en una entrevista con Vozpópuli en septiembre de 2022, aunque avisó de que "si se quiere referenciar las pensiones al IPC, lo primero que hay que hacer es bajarlo".
El PP ha mantenido esta línea respecto al IPC, pero cuestionando la sostenibilidad de la reforma, que además denuncia que supone un recorte de las pensiones.
El Banco de España también cuestiona la reforma
La subida de cotizaciones sociales incluida en la última reforma de pensiones a través de diferentes vías, elevará los ingresos de la Seguridad Social un 0,6% del PIB en 2030 y un 0,9% en 2050, por debajo del 1,1% estimado por el Gobierno para ese último ejercicio, según cálculos del Banco de España, que en un artículo publicado este miércoles coincide con los análisis críticos de la AIReF y Fedea. La proyección del supervisor no tiene en cuenta el efecto que el aumento de los costes laborales podría tener sobre el empleo y los salarios, por lo que advierte de que la capacidad recaudatoria de la reforma podría ser incluso menor.
La reforma contempla un aumento de las cotizaciones por tres vías: subida de las bases máximas de cotización por encima del repunte de los precios entre 2024 y 2050; una cuota de solidaridad para la parte de los salarios más altos que no cotiza a la Seguridad Social, que entrará en vigor en 2050, y la sobrecotización que establece el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) entre 2023 y 2050 y que se dobla desde 2029.
Estas medidas tendrán un impacto "asimétrico" en la distribución de ingresos, pues los salarios por debajo de la base de cotización máxima se verán afectados únicamente por el MEI, mientras que los ingresos más altos deberán afrontar el aumento de cotizaciones derivado de las tres vías mencionadas, señala el artículo.
El Banco de España constata que existe una "gran incertidumbre" sobre el efecto preciso de estas medidas, dado que "el horizonte de cuantificación es muy amplio". "La materialización de cambios en el mercado de trabajo y la propia reacción de los agentes obligarán a reevaluar su alcance en el futuro", apunta la institución.
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