La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber notificado las disposiciones para la plena aplicación de la directiva sobre las cuentas de pago de la UE, que debían entrar en vigor a más tardar el 18 de septiembre de 2016.
Esta directiva concede a todos los residentes legales en la UE el derecho a una cuenta de pago básica a cambio de una comisión razonable, independientemente del lugar de residencia, y aumenta la transparencia de las comisiones de las cuentas de pago y facilita la comparabilidad y el traslado de dichas cuentas.
Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva debían entrar en vigor a más tardar el 18 de septiembre de 2016 y la Comisión debía ser informada de ello inmediatamente.
Sin embargo, hasta la fecha España no ha incorporado esta directiva a su ordenamiento jurídico nacional, por lo que la Comisión ha decidido llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la UE.
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