La Comisión Europea ha difundido un duro informe en el que cuestiona la eficacia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la lucha contra la pobreza justo cuando la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, celebra los logros del Gobierno con esta medida.
En un análisis detallado sobre los ámbitos del empleo, las capacidades y la inclusión social de España, los técnicos de Bruselas señalan que "la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) aumentó hasta el 26,5% en 2023, mostrando poca o ninguna convergencia con la media de la UE desde 2015".
En este contexto, consideran que "la aplicación del Ingreso Mínimo y del nuevo complemento por hijo a cargo (CAPI) avanza, aunque persisten retos en relación con la adecuación, la cobertura y la accesibilidad".
"A finales de 2023, la renta mínima alcanzaba al 86% del grupo objetivo previsto inicialmente. No obstante, en la actualidad la cobertura sólo alcanza al 20% de las personas AROPE en España (según datos de 2022)", reza el documento.
Según los últimos datos publicados por el Gobierno, desde 2020 un total de 800.000 familias han recibido esta prestación, que ha protegido a los 2,4 millones de personas que forman parte de ellas, un millón de las cuales son niños, y en ese tiempo se han invertido 10.000 millones de euros.
Sin embargo, en 2023 había ya alrededor de 12,7 millones de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social (26,5% de la población, superior al 26% en 2022). De esta forma, el Ingreso Mínimo Vital sólo alcanzaba al 20% que cita la Comisión Europea.
Además, la manera de difundir los datos durante los primeros años de la medida y hasta el pasado mes de febrero, con José Luis Escrivá al frente del Ministerio, fue criticada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), quien advirtió en junio de 2023 de que, según sus cálculos, había 284.000 beneficiarios, frente a los 627.957 hogares que cuantificaba el Gobierno.
Este baile de cifras se debía a que, tal y como desveló la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, el Ministerio acumula todos los hogares que en algún momento se han beneficiado del IMV. Desde febrero proporciona también la cifra de beneficiarios actuales, que el Gobierno sitúa en 590.000 hogares y 1,8 millones de personas.
De esta forma, el porcentaje de población en riesgo de pobreza que estaría cubierta por el Ingreso Mínimo Vital podría ser incluso inferior al 20% que calcula la Comisión Europea. Sus estimaciones muestran que la plena aplicación de la renta mínima y del Complemento de Ayuda a la Infancia podría reducir la pobreza severa en un 21%.
"Obstáculos burocráticos" en el Ingreso Mínimo
En su análisis, el Ejecutivo comunitario pone el foco en que "el sistema se enfrenta a obstáculos burocráticos que dificultan su acceso, especialmente para determinados grupos vulnerables, como las personas sin hogar" y cita las conclusiones alcanzadas por la AIReF.
La Autoridad Independiente constató que existe una elevada tasa de no aceptación, con un 58% de hogares que podrían ser potenciales beneficiarios de las prestaciones de ingresos mínimos pero que no las han solicitado; y un 76% en el caso del componente infantil.
Además, tal y como identificó la AIReF y ahora recoge Bruselas, "al 69% de los solicitantes se les denegó el IMV en 2022, en parte debido a que los controles de admisibilidad se basan en los ingresos y el patrimonio del año anterior, y no en los del año en curso".
Finalmente, advierte de que "las regiones no han introducido cambios importantes para completar y complementar el régimen con los suyos propios, mientras que algunas de ellas incluso han reducido sus propios sistemas de garantía de ingresos, limitando así la protección global proporcionada".
España es uno de los siete Estados miembros en los que la Comisión Europea ha identificado "riesgos potenciales" para la mejora de la convergencia social, según recoge el informe que publicó el pasado mes de noviembre el Ejecutivo comunitario y ahora analizan sus técnicos en profundidad.
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