España ha gastado unos 20.000 millones de euros de las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), principal instrumento de los Next Generation EU, en los tres primeros años de ejecución. Son las estimaciones que maneja la propia Comisión Europea y que expone en su última revisión del Plan Presupuestario enviado por el Gobierno en octubre. Bruselas ya ha desembolsado 37.000 millones de los 80.000 millones que se esperan hasta 2026. Es decir, que hasta el momento se ha ejecutado una cuarta parte de lo previsto.
En concreto, los cálculos de Bruselas a los que ha tenido acceso Vozpópuli apuntan a que los gastos financiados con subvenciones del MRR por las administraciones públicas se situaron en el 0,2% del PIB en 2021, ascendieron al 0,4% del PIB en 2022 y se habrán elevado al 1% del PIB a cierre de este año. Según informan fuentes expertas, estos datos proporcionados por la Comisión son los más próximos a lo que el Ejecutivo dejó de publicar en septiembre de 2021, la ejecución en términos de contabilidad nacional.
Desde el Gobierno sólo informan de las obligaciones, los compromisos y las autorizaciones, que no necesariamente implican un gasto o desembolso al destinatario final. Es decir, que el proyecto se ha podido poner en marcha pero, sin embargo, es posible que el dinero no haya salido de las administraciones públicas aún. Este lunes el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, en un evento organizado por EY sobre la Adenda al Plan de Recuperación al que están asociados estos fondos europeos, aseguró que se han adjudicado unos 30.000 millones de euros.
España es el país que más fondos no reembolsables recibirá si cumple lo prometido. Los Next Generation EU se conceden a cambio de una serie de hitos y objetivos que se acordaron con el Estado miembro en cuestión en 2021. Nuestro país dividió los 80.000 millones de subvenciones en una decena de tramos asociados a inversiones y reformas y de momento sólo ha pedido una prefinanciación y tres pagos (que suman los 37.000 millones). Esto significa que el Estado puede adelantar parte de los fondos para ejecutar inversiones que, una vez cumplidas, Bruselas financiará.
Retraso en la petición del cuarto pago
Ahora el Gobierno acumula un retraso de medio año en la petición del cuarto pago (de 10.000 millones), condicionado fundamentalmente a que la segunda parte de la reforma de las pensiones del ministro José Luis Escrivá haga el sistema sostenible. Eso ha llevado a Italia a tomar la delantera, con 39.000 millones ya recibidos en forma de subvenciones. Sin embargo, el gran reto que tiene España por delante es el cumplimiento de los objetivos más vinculados a inversiones, y no tanto a reformas.
Además, España puede solicitar otros 83.000 millones en préstamos con condiciones favorables, a 30 años y con 10 años iniciales de carencia que el Tesoro español recibirá al mismo coste al que se financia la Comisión. Está previsto que solicite el primer desembolso de préstamos en el segundo semestre del año que viene, alrededor de 15.000 millones. Sin embargo, el calendario acordado con la Comisión Europea concentra la mayor parte de los préstamos en 2025 y 2026, cuando se pedirían cerca de 34.000 millones al año.
El plazo límite es 2026, pero el Gobierno canalizará 3.580 millones en subvenciones y 76.065 millones en préstamos a través de intermediarios financieros para no perder los fondos. La Comisión Europea había advertido de que la fecha está fijada en el reglamento y su modificación se antoja prácticamente imposible, por lo que sugirió a los Estados miembros con más fondos asignados y retrasados en la ejecución que utilizaran esta vía para no perder el dinero llegado el momento.
Sin datos sobre los mayores beneficiarios
La falta de transparencia en la ejecución de este programa multimillonario se ha puesto en evidencia desde casi el inicio del Plan. Sin embargo, ahora la propia Comisión Europea ha señalado al Gobierno por el retraso que acumula en la publicación de la lista de los 100 mayores beneficiarios de estos fondos UE, una información que los países están obligados a publicar desde este año y que sólo cuatro no han difundido ni una vez (entre ellos España). Desde el Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño llevan semanas asegurando que lo harán "próximamente".
En las entidades, instituciones y organismos públicos nacionales vinculados a los ministerios económicos, fundamentalmente Transformación Digital y Transición Ecológica, encargados de ejecutar los fondos europeos se respira "hartazgo" y "desazón" por este asunto. Manifiestan su malestar por la "falta de colaboración, coordinación y transparencia" por parte del Ministerio de Hacienda, encargado de planificar y coordinar las actuaciones relativas a los Next Generation EU y del que depende la Secretaría General de Fondos Europeos.
La información sobre la ejecución real y los beneficiarios finales del dinero europeo no llega y los propios funcionarios manifiestan el "hastío" ante esta "opacidad" con los datos, según informan fuentes próximas a los organismos públicos. También trasladan, según informan las mismas fuentes, los "frenos" y "trabas" que pone Hacienda para la asignación de estos fondos con la velocidad deseable, fundamentalmente en materia de avales y responsabilidad solidaria.
En concreto, las quejas parten, según fuentes conocedoras de la situación, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica, y en el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Mismas impresiones hay en Red.es, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transformación Digital, cartera asociada hasta hace sólo unos días al Ministerio de Economía que pilota Nadia Calviño y ahora segregada como ministerio independiente bajo los mandos de José Luis Escrivá.
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