La Comisión Europea podrá recortar en un 25% la cuantía que le corresponde a cada país de los fondos europeos de recuperación en caso de que los Gobiernos no adopten medidas para recortar el déficit público.
Según el artículo 10 del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, publicado recientemente en el Diario Oficial de la Unión, "la Comisión presentará una propuesta al Consejo para suspender la totalidad o parte de los compromisos o pagos cuando el Consejo decida (…) que un Estado miembro no ha tomado medidas efectivas para corregir su déficit excesivo, a menos que haya determinado la existencia de una recesión económica grave en el conjunto de la Unión".
En cláusulas posteriores, la Comisión precisa que, en caso de suspender los compromisos por incumplimiento del proceso de déficit excesivo, la reducción de los pagos "estará limitada a un máximo del 25% del compromiso o del 0,25% del PIB nominal, si esta última cifra resulta inferior".
En el caso de España, el recorte podría suponer hasta 37.500 millones de euros menos de los 150.000 millones que le corresponden al país: 80.000 millones en subvenciones a fondos perdido y 70.000 millones en préstamos a los que el Gobierno prevé recurrir -si es necesario- a partir de 2023.
El déficit se mirará a partir de 2023
Bruselas ha comunicado su intención de prorrogar durante 2022 la clausula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), lo que supone que estarán suspendidas las reglas fiscales durante un año más.
La Comisión no vigilará la desviación del déficit público ni de la deuda pública, que si estuvieran en vigor las reglas fiscales deberían quedar contenidos por debajo del 3% y del 60% del PIB, respectivamente.
Sin embargo, es previsible que en el año 2023, cuando la recuperación económica se haya consolidado con dos ejercicios seguidos de crecimiento del PIB (2021 y 2022), las reglas fiscales -quizá reformadas- vuelvan a entrar en vigor y de nuevo los países deberán hacer un esfuerzo de contención presupuestaria.
Contención presupuestaria obligatoria
El impacto de la pandemia en las cuentas públicas ha llevado a todos los países de la Unión Europea a tener déficits públicos superiores al 3% del PIB, con lo que serían enmarcados en el procedimiento de déficit excesivo, que implica una mayor vigilancia por parte de las instituciones europeas y sistemas coercitivos en caso de que los países no cumplan con la contención.
Si la Comisión detecta que los países no toman medidas para reducir el déficit -que pueden ser vía recortes del gasto público (austeridad), mediante un incremento de los ingresos públicos (subida de impuestos) o con una combinación de ambas- podría tomar represalias con los fondos europeos, reduciendo la asignación que le corresponde a cada país.
Bruselas explica que en ningún caso se modificarán los pagos realizados con anterioridad al momento el que la Comisión decide 'castigar' a un país, sino que el recorte se aplicará a partir de la siguiente liberación de fondos. Cada país recibirá dos pagos al año.
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