La Comisión Europea ha dado este martes su visto bueno al Plan Presupuestario presentado por el Gobierno en funciones para el ejercicio 2024 al considerar que sigue las recomendaciones del Consejo emitidas en julio sobre la prudencia en el gasto corriente, mientras siguen suspendidas las reglas fiscales comunes. Sin embargo, ha advertido de la necesidad de presentar "lo antes posible" un proyecto actualizado.
"Los proyectos de planes presupuestarios de Eslovaquia, España, Luxemburgo y los Países Bajos fueron presentados por los gobiernos en funciones, en vista de la evolución de sus ciclos políticos nacionales. Se invita, por tanto, a Eslovaquia, España y Luxemburgo a presentar proyectos de planes presupuestarios actualizados lo antes posible", ha señalado la Comisión en uno de los documentos publicados este martes dentro de su llamado Paquete de Otoño.
Entre otros aspectos, el Plan Presupuestario enviado a Bruselas, una prórroga del anterior, contemplaba la caída de las ayudas ante la crisis inflacionista en diciembre de este año. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez ya ha anunciado la prórroga de la rebaja del IVA en los alimentos básicos hasta junio de 2024 (que en el primer semestre de este año restó 626 millones de las arcas públicas) y la gratuidad del transporte para menores, jóvenes y desempleados.
Además, los Presupuestos también tendrán que incluir todos los compromisos asumidos y cesiones pactadas con los socios de Gobierno para sacar adelante la investidura. Finalmente, se asumen también incrementos del gasto en pensiones y remuneraciones de los empleados públicos hasta aproximarse a los 340.000 millones, lo que equivale a alrededor del 25% del Producto Interior Bruto (PIB) del país.
Sólo la revalorización de las pensiones conforme al IPC de este año (alrededor de un 3,8%) acarreará un gasto adicional en esta partida de aproximadamente 7.000 millones de euros. En el caso de los salarios públicos, los sindicatos pactaron con el Gobierno una subida del 2% en enero de 2024, que podría ser superior si la inflación resulta ser más elevada de lo que se esperaba.
A la inflación como factor que eleva el gasto se suman otros que también incrementan la factura, como el aumento constante en el número de funcionarios y pensionistas, o el efecto sustitución en la segunda partida (los que entran al sistema tienen derecho a pensiones más elevadas que los que salen). Esto podría elevar aún más el gasto total, por encima de esos 340.000 millones estimados para 2024-2025.
Situación fiscal "muy difícil"
Desde el Ejecutivo comunitario han alertado este martes de que la situación fiscal de España es "muy difícil". "Esperamos que el déficit esté por encima del 4% este año y por encima del 3% tanto en 2024 como en 2025. Además, los niveles de deuda siguen muy elevados, alrededor del 108% este año y por encima del 106% en los dos siguientes. Así que la situación fiscal de España es difícil y requiere de una estrategia fiscal creíble", comentan fuentes de la Comisión.
Sobre los desequilibrios macroeconómicos, el informe sobre el Mecanismo de Alerta concluye que se justifican revisiones en profundidad en 11 Estados miembros, entre los que está España, que fueron objeto de un examen exhaustivo en el anterior ciclo anual de vigilancia del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. A la lista se suma este año Eslovaquia. La Comisión evaluará si esos desequilibrios se están agravando o, por el contrario, se están corrigiendo.
El veto del PP en el Senado
El Gobierno tendrá que aprobar primero el techo de gasto para 2024 y los objetivos de déficit y deuda. El Partido Popular, con mayoría en el Senado surgida de las elecciones del 23 de julio, podría tumbarlos, lo que retrasaría aún más el registro de un nuevo proyecto de Presupuestos en el Congreso y su aprobación tras el correspondiente periodo de comparecencias, debates y presentación de enmiendas.
No sería la primera vez que sucede. En 2018 los 'populares' rechazaron en la Cámara Alta el techo de gasto del Gobierno de Pedro Sánchez para el año de 2019. Con este panorama, el PSOE ya intentó en 2018 introducir una reforma legal para sortear un veto del PP en el Senado.
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