La Comisión Europea concreta la metodología que seguirá cuando un Estado Miembro no cumpla 'al pie de la letra' su Plan de Recuperación, al que están asociados los fondos europeos Next Generation EU. Esta era una de las peticiones que había realizado el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) con España en el foco, tal y como informó Vozpópuli.
El Ejecutivo comunitario ha publicado este martes un documento que detalla la metodología que utilizará para aprobar pagos parciales a los Estados miembros cuando considere que algunos de los compromisos que contempla un desembolso no han sido totalmente satisfechos.
La cifra a pagar se reduciría por cada incumplimiento en una cantidad igual a la división de todos los fondos asignados por país entre total de hitos y objetivos del plan. En el caso de España, las cifra es de 69.500 millones entre 415 hitos.
Es una penalización que puede quintuplicarse para aquellos compromisos "relacionados con la entrada en vigor de una reforma o el paso final para la implementación de una reforma no legislativa". En base a estos cálculos, si Bruselas considerara incumplido el hito que se refiere a la reforma completa de las pensiones, estarían en juego más de 800 millones.
Por contra, a los hitos y objetivos relacionados con pasos intermedios antes de un hito relacionado con la entrada en vigor de una reforma determinada (por ejemplo, la publicación de un informe) o ex-post (por ejemplo, la evaluación de una reforma) se aplicará un coeficiente de 0,5, según detalla la Comisión en su informe.
"Costará mucho, como debe ser"
Fuentes comunitarias han asegurado que "no cumplir una reforma fundamental de un plan (de recuperación) costará mucho, como debe ser" al ser preguntadas en particular por la reforma de las pensiones en España, según informa EFE. La culminación de la reforma estaba comprometida para el cierre de 2023 y lleva ya casi dos meses de retraso.
Desde Madrid, por otro lado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue defendiendo la rápida ejecución del plan ante la delegación de los "hombres de negro", los europarlamentarios enviados para controlar su gestión de los fondos de recuperación.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, estuvo el lunes en Bruselas, donde dijo que el Gobierno está muy cerca de cerrar la reforma de la que depende que España cobre completo el siguiente tramo del fondo de recuperación, de 10.000 millones de euros, un pago que aún no se ha solicitado.
Este martes por la tarde en Madrid, Escrivá se ha reunido con los miembros del Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que esta semana visita España para supervisar la gestión de los fondos europeos, después de que durante la mañana lo hiciera la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Petición del Tribunal de Cuentas
En el informe publicado el pasado mes de octubre, los auditores del organismo fiscalizador con sede en Luxemburgo reprendían a la Comisión por ser poco estricta con España en la evaluación de los hitos del Plan de Recuperación y reclamaban un método de cálculo para las posibles sanciones en caso de que uno o varios hitos no se cumplieran en tiempo y forma.
El Tribunal de Cuentas Europeo parten de la base de que no está claro cómo la Comisión y los Estados miembros acordaron los importes de los diferentes pagos (en el caso de España, los 77.000 millones no reembolsables se distribuyen en ocho tramos o pagos) y cómo contribuyó a ello cada hito u objetivo. En consecuencia, "se desconoce la compensación por alcanzar un hito u objetivo individual en el pago a España", comentaban.
Representantes del Tribunal de Cuentas y de la Comisión Europea se encontraron el pasado 9 de febrero en una reunión de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, previa a la visita que han realizado esta semana.
En dicho encuentro la auditora del TCE que elaboró el primer informe sobre España, Ivana Maletic, habló de los "puntos débiles" detectados en España y volvió a reprender a la Comisión Europea por la falta de claridad sobre los pagos parciales. "Llevamos esperando un año esta metodología porque es muy importante para poder cuantificar un incumplimiento", dijo. "Esta metodología debe ser única para todos los Estados Miembros para evitar conflicto", añadió.
La directora general del grupo de trabajo de Recuperación y Resiliencia de la Comisión Europea, Céline Gauer, dio la razón al Tribunal de Cuentas en este asunto y aseguró que les presentarán esta metodología para los pagos parciales "en un plazo brevísimo de tiempo". "No ha sido nada fácil porque no tiene que ver sólo con los costes. Hay algunas reformas o inversiones importantísimas y otras que lo son menos, por eso no podemos aplicar un criterio mecanicista y por eso nos hemos retrasado, pero prometo que pronto lo subsanaremos", dijo.
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