La Comisión Europea ha entrado de lleno esta semana en la política española y lo ha hecho en el tema que provoca mayor controversia entre el Gobierno y el principal partido de la oposición y entre las comunidades autónomas y en el momento en que el debate está más enconado. Juristas y expertos del mundo económico a los que ha consultado Vozpópuli muestran su sorpresa por esta irrupción en un asunto de política interna, lo que ha puesto encima de la mesa además el sesgo del Plan de Recuperación en éste y otros asuntos.
Uno de los enfrentamientos políticos más intensos que se recuerdan se desató este lunes, con el anuncio de rebaja de impuestos en Andalucía, lo que provocó todo tipo de críticas del Gobierno y de sus socios y fue replicado por Murcia el miércoles. Ese día aterrizaba en Madrid una delegación de Bruselas que viene a fiscalizar la ejecución de las reformas e hitos del Plan de Recuperación y que venía en concreto a examinar la reforma de las pensiones.
El martes, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, lanzó su "opinión personal" al respecto sin que nadie le preguntara, precisamente cuando acababa de admitir por primera vez que Bruselas cuestiona la sostenibilidad de su reforma de las pensiones, y dijo apostar por la "recentralización" de tributos de las CCAA. Horas más tarde se ratificó y al día siguiente se desdijo. Sus palabras provocaron un incendio en el Gobierno y en PNV y ERC. El debate en el que el Ejecutivo entraba de lleno para cargar contra el PP no podía ocultar que una de las propuestas estrella de Pedro Sánchez, la armonización al alza de Patrimonio y Sucesiones para obligar a Madrid y a otras comunidades del PP a subirlos, duerme en un cajón.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convocó a un comité de expertos para que le asesorara con este fin. Los expertos entregaron el pasado 3 de marzo su informe en este sentido pero ese mismo día, con la guerra de Ucrania que acababa de estallar, la ministra advirtió que nada de esto se iba a hacer en el corto y medio plazo.
A partir de entonces, el Ejecutivo español se ha refugiado en la incertidumbre de la guerra para no acometer esta reforma.
Esta propuesta, y la que plantean ERC y Podemos en una línea similar, implican en último término una recentralización que dicen rechazar y ponen de relieve la incongruencia del Cupo Vasco con sus postulados.
Todo esto llevó a Montero a declarar el miércoles en los pasillos del Congreso que "exploraba" que las grandes fortunas contribuyan más, mientras admitía que la armonización de Patrimonio no se va a hacer.
Pues bien, unas horas más tarde, fuentes de la Comisión Europea advertían de que el Gobierno se comprometió a armonizar al alza Patrimonio y Sucesiones y a que estuviera en vigor a principios de 2023, si no quiere poner en riesgo el pago de fondos.
El Componente 28 del Plan "afirma que habrá una reforma fiscal que deberá entrar en vigor en el primer trimestre de 2023, con medida de coordinación de distintos tributos a nivel autonómico para que no haya competencia fiscal", avisaron.
"Tenemos que coordinarnos a nivel regional, estamos empezando a trabajar con las autoridades españolas, pero no puedo decir nada sobre la reforma en sí porque no la hemos visto", añadieron.
"Se evidencia la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las CCAA", dice el Componente 28 del Plan de Recuperación.
En su anterior visita en julio, la Comisión pasó de puntillas por la reforma fiscal e hizo la vista gorda con los impuestos verdes comprometidos para 30 de julio.
No se puede bajar impuestos en una carrera a la baja como hace el PP cuando la Comisión Europea nos está dando fondos, 140.000 millones del Plan de Recuperación", dice Pedro Sánchez
Al día siguiente, este jueves, la ministra de Hacienda da un paso más y anuncia un impuesto a grandes fortunas, en principio, temporal, que se quiere que entre en vigor en enero, lo que supone una armonización por la puerta de atrás.
Este mismo jueves, horas más tarde, desde la Sede de Naciones Unidas en Nueva York, Pedro Sánchez desliza en rueda de prensa que "no se puede bajar impuestos en una carrera a la baja como hace el PP cuando la Comisión Europea nos está dando fondos, 140.000 millones del Plan de Recuperación".
Un 'jardín' para la Comisión
En mayo de 2021 se conoció que el Gobierno español se había comprometido a armonizar Patrimonio y Sucesiones con la Comisión Europea como una de las reformas del Plan de Recuperación. Este compromiso ha mostrado su componente eminentemente político esta semana. Los juristas a los que ha preguntado Vozpópuli no creen que revista extralimitación legal por parte de Bruselas y advierten de que no existe una obligación jurídica estricta en el compromiso. Es un acuerdo por el que el Gobierno español pone encima de la mesa una reforma que quiere hacer a cambio de fondos. Si no la hace, pierde los fondos. "Si un Estado se compromete es porque puede hacerlo", apunta Julio Banacloche, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.
Cuestión diferente es que les parezca oportuno por parte de la Comisión. César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Santiago de Compostela, cree que "Bruselas se mete en un jardín" en el que no debería aceptando una reforma de este tipo, cuando además "España es un sistema cuasi federal en lo tributario". Pero subraya que el Plan "no obliga jurídicamente, se trata de una directriz de política económica".
En este sentido, recuerda que el Tribunal Constitucional rechazó un argumento de la Abogacía del Estado en el fallo en el que declaró inconstitucional la amnistía fiscal por el que alegaba que la OCDE recomendaba en aquella crisis realizar regularizaciones fiscales. Según el Alto Tribunal, una cosa son las políticas económicas de la OCDE y otra el respeto a la Constitución española, y estimó que la amnistía atentaba contra el principio de capacidad económica.
El Plan de Recuperación contiene otras reformas con sesgos y que también generan controversias políticas. Es el caso de la reforma laboral, que la Comisión Europea ha alabado en público por su efecto positivo sobre la temporalidad, la última vez, Valdis Dombrovskis este miércoles. Por no hablar de uno de sus grandes ejes, la transición ecológica y más con la irrupción de la crisis energética y la guerra en Ucrania.
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