La Comisión Europea tendrá que decidir en mayo si convierte a España en el primer país que recibe una multa por déficit excesivo, tras el desvío que registraron las cuentas en el año 2015 y el caso omiso que ha hecho el Gobierno a las diferentes advertencias de Bruselas. El Ejecutivo, aunque esté en funciones, trabaja a contrarreloj para demostrar su compromiso con la consolidación fiscal, pero ni siquiera el propio Luis de Guindos, ministro de Economía, se atreve a negar la elevada posibilidad de que España sea sancionada.
Hacienda podría derivar la culpa a las CC.AA. y la Seguridad Social por ser las responsables del desvío de 2015.
Si finalmente hay sanción, Hacienda puede derivar la culpa a las comunidades autónomas y la Seguridad Social, las dos administraciones que realmente se desviaron de sus objetivos en el año 2015 y que explican el desfase. De hecho, la Administración Central y los Ayuntamientos sí cumplieron los límites acordados en el último Programa de Estabilidad, e incluso se comportaron mejor de lo previsto. Y no solo puede derivar la responsabilidad, sino que puede llegar a retener las transferencias que les hace por cualquier concepto, presupuestario y no presupuestario.
¿Qué dice la Ley exactamente? Que las administraciones públicas que incumplen las obligaciones derivadas de normas del derecho de la Unión Europea o de tratados o convenios internacionales en los que participa España tendrán que asumir “en la parte que les sea imputable” las responsabilidades que se devenguen del incumplimiento si España es sancionada por las instituciones europeas, o condenada por los tribunales internacionales o por órganos arbitrales.
Además, dice que el Consejo de Ministros será el órgano competente para declarar las responsabilidades y acordar la compensación o la retención de dichas deudas con las cantidades que el Estado deba transferir a la Administración o entidad responsable por cualquier concepto, presupuestario y no presupuestario.
En dicha declaración, según la normativa, se tendrán en cuenta los hechos y fundamentos contenidos en la resolución de las instituciones europeas, de los tribunales internacionales o de los órganos arbitrales, y se recogerán los criterios de imputación tenidos en cuenta para declarar la responsabilidad.
Las CC.AA. y la Seguridad Social deben asumir la sanción
Según los expertos de Abogados y Consultores de Administración Local consultados por Vozpópuli, se puede entender que si finalmente hay una sanción, debería ser asumida única y exclusivamente por parte las comunidades autónomas y la Seguridad Social por ser las administraciones causantes del incumplimiento.
Bruselas no decidirá hasta mediados de mayo si multa o no a España.
En cualquier caso, Bruselas no decidirá hasta mayo si multa o no a España. Antes, a principios de mes, publicará sus previsiones de primavera, en las que ya mostrará por dónde van los tiros porque tendrá que dar una previsión de déficit y habrá que ver si sus cifras se aproximan a las va a incluir el Gobierno en la actualización del Programa de Estabilidad, del 3,6% para este año y del 2,9% para 2017.
Días después, con sus nuevas previsiones en la mano y tras analizar con detenimiento la respuesta de España en 2015 para corregir los desequilibrios de las cuentas, la Comisión tendrá que publicar un dictamen sobre España y decidir si le concede una nueva prórroga para salir del procedimiento de déficit excesivo y si le impone no una multa por las cifras de 2015.
La defensa del Gobierno
De momento, las cosas no pintan muy bien, pero lo cierto es que el Gobierno ha anunciado ya un recorte de gasto de 2.000 millones en el Presupuesto del Estado de este año para calmar a Bruselas y este jueves negocia con las comunidades un ajuste similar para poder garantizar el déficit del 3,6%. Las regiones no están muy por la labor de hacer más recortes, pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aspira a convencerlas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
La multa podría llegar a 2.000 millones de euros, aunque Bruselas puede rebajar la cuantía.
Guindos, que es quien negocia habitualmente con Bruselas, pondrá toda la carne en el asador para evitar la sanción, e insistirá mucho en el duro trabajo que ha hecho el Gobierno a lo largo de toda la legislatura para que no solo se tenga en cuenta lo que ha ocurrido en 2015. Tal y como dice en cada una de sus declaraciones públicas, el Gobierno ha reducido el déficit prácticamente a la mitad a lo largo de estos cuatro años a pesar del desvío del último ejercicio.
Pero la última palabra la tendrá Bruselas. Si el dictamen de mediados de mayo es negativo, la Comisión tendrá 20 días para fijar la multa, que inicialmente ascendería al 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros, aunque se puede reducir la cuantía por la situación económica de España o incluso se podría fijar una multa cero si se considera más oportuno.
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