El Gobierno se ha visto obligado por Bruselas a crear dos programas de formación a funcionarios y trabajadores y ofrecer asistencia técnica para agilizar la ejecución de los fondos UE. Así lo han admitido fuentes gubernamentales sobre el proyecto de adenda que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, que se prevé presentar formalmente a la Comisión Europea en enero. Se destinarán 120 millones de euros de las transferencias en lo que denomina "refuerzo de dos programas de carácter horizontal para agilizar la ejecución de las inversiones del Plan": uno de microcredenciales, para impulsar la formación y cualificación de trabajadores en competencias necesarias para el despliegue de los PERTE, y el otro para "asistencia técnica" en las comunidades autónomas.
Se trata de unos proyectos que han surgido "del diálogo con la Comisión Europea", han reconocido las mismas fuentes, y que se articularán como 70 millones para ayuntamientos y comunidades autónomas en proyectos de consultoría y apoyo y refuerzo de oficinas provinciales, y de 50 millones en microcréditos para acelerar la formación de trabajadores en ámbitos estratégicos.
En este sentido también operan algunas de las reformas que ofrece el Gobierno a Bruselas, 30, de las que cerca de la mitad son nuevas. Fuentes gubernamentales han negado que alguna de ellas modifique la de las pensiones que intenta cerrar el Gobierno ahora in extremis, y han asegurado que no hay ningún elemento fiscal. Sin embargo, han admitido que se está negociando ahora mismo con la Comisión y que hay asuntos abiertos.
"Las reformas están destinadas a acelerar la transición ecológica y la transformación industrial, destacando las dirigidas a acelerar el despliegue de las energías renovables, impulsar la movilidad eléctrica y las Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades o reducir nuestra dependencia energética. Asimismo, se incluyen reformas orientadas a mejorar la inserción laboral e impulsar la cualificación y recualificación de los trabajadores", ha explicado Economía en una nota.
La única autocrítica que ha hecho la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la que ha reconocido la tardanza en la ejecución del Plan de Recuperación, la hizo en rueda de prensa en su Ministerio y vino a admitir lentitud en la ejecución pero lo achacó a "falta de trabajadores cualificados". Fuentes conocedoras de la tramitación del Plan también atribuyen este problema a la complejidad de requisitos y procesos y lo vanguardista del PERTE del vehículo eléctrico para la formación media de los trabajadores. Asuntos que se negocia con Bruselas facilitar.
Con todo, desde el Gobierno desmienten que la petición de más plazos implique que no se vaya a cumplir. Alegan que es un problema común entre los Estados miembros, se remiten a lo declarado por Pedro Sánchez con sus homólogos de Portugal y Rumanía, y se escudan en el ejemplo de la adenda que ya ha presentado Alemania, que lo pide.
"La adenda incluye la modificación de determinados hitos y objetivos incluidos en el Plan de Recuperación, en línea con la solicitud efectuada por otros países como Alemania, debido a la concurrencia de circunstancias objetivas que dificultan su cumplimiento. En este sentido hay que señalar que se mantiene el calendario de ejecución final de todas las inversiones y reformas en 2026", traslada Economía. Las fuentes gubernamentales citadas admiten que se negocia ampliarlo pero si se mantiene el plazo vigente de 2026 aseguran que "se va a cumplir".
En su conjunto, el Plan de Recuperación movilizará más de 160.000 millones de euros, más de un 12% del PIB de España, que se unirán al resto de inversiones previstas en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, en particular los 36.700 millones de euros de Fondos Estructurales, y a los casi 2.600 millones de euros previstos del nuevo instrumento RePower EU.
La adenda permitirá movilizar 7.700 millones de euros adicionales en transferencias y hasta 84.000 millones de euros en préstamos. Para ello, la adenda recoge un conjunto adicional de inversiones y reformas dirigidas a profundizar y ampliar el impacto económico estructural del Plan de Recuperación en la economía española, adaptado a las necesidades del entorno económico y geopolítico actual.
La mayor parte de los 7.700 millones de euros de transferencias adicionales se destinarán a reforzar los 11 PERTE ya en marcha y al lanzamiento de un nuevo proyecto estratégico. En total, España reforzará los proyectos estratégicos destinándoles más de 26.300 millones de recursos públicos adicionales, provenientes de las transferencias y de los préstamos asociados a la adenda.
Nuevo PERTE de descarbonización
En particular, para seguir impulsando la transformación del tejido productivo se pondrá en marcha un nuevo PERTE de Descarbonización industrial, al que se destinarán 3.100 millones de euros entre transferencias y préstamos y que se prevé aprobar el próximo martes.
Este nuevo PERTE, junto con el PERTE Chip, al que se destinarán 12.250 millones, y el ERHA, con 10.400 millones, serán los que más recursos adicionales reciban por su relevancia en ámbitos clave con la transición energética y la autonomía estratégica. Les siguen el del vehículo eléctrico, con 4.925 millones; descarbonización, con 3.100; del ciclo del agua, 2.700; economía social y cuidados, 1.800; salud 1.650; industria agroalimentaria, 1.450; de la lengua, 1.100; aeroespacial, 900, y naval, 310 millones.
A lo que se suma el acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo sobre el plan RePowerEU, y la asignación a España de casi 2.600 millones de euros.
Doce fondos
España movilizará el total de préstamos a los que puede acceder, hasta 84.000 millones de euros, que se canalizarán a través de préstamos mediante 12 fondos, destinados al tejido productivo y proyectos regionales. Los préstamos permitirán reforzar los fondos ya existentes de apoyo empresarial y crear nuevos instrumentos financieros para sostener el esfuerzo de inversión pública y privada y mantener el impacto contracíclico y de apoyo a la estabilidad macroeconómica, financiera y fiscal.
Los préstamos procedentes de la Comisión Europea dan acceso a una financiación sostenida a un menor tipo de interés que la obtenida por el Tesoro Público y con plazos largos de amortización y permitirán seguir cumpliendo los objetivos de estabilidad financiera y fiscal a medio y largo plazo. Estos fondos se recibirán a medida que se ejecuten los hitos y objetivos asociados.
Entre los fondos de nueva creación destaca, por su relevancia y movilización de recursos, el Fondo para Comunidades Autónomas, con una dotación de hasta 20.000 millones de euros, a través del cual las regiones dispondrán de financiación en condiciones preferentes para a su vez otorgar financiación reembolsable al sector privado y financiar inversiones públicas en ámbitos elegibles, de carácter sostenible.
Adicionalmente, las empresas y los autónomos podrán contar con hasta 15.000 millones de euros en préstamos, canalizados a través del Instituto de Crédito Oficial, para facilitar las inversiones en energías renovables, eficiencia energética y economía circular, lo que permitirá también consolidar el desarrollo de las finanzas sostenibles en España. De esta forma, se apoyará a las empresas en su adaptación al nuevo marco de sostenibilidad de la economía, y en el refuerzo de su competitividad y acceso a nuevos mercados.
También se prevé la creación de instrumentos financieros para apoyar inversiones sociales y en el ámbito audiovisual.
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