Las fechas del Mecanismo de Recuperación y Resiliciencia (MRR), al que están asociados los más de 160.000 millones que España pretende recibir de Europa, están talladas en piedra. La Comisión Europea debe comprometer los fondos en diciembre de 2023 y finalizar sus desembolsos en diciembre de 2026, por lo que los países deben enviar su última solicitud de pago en agosto de 2026. Y para pedir ese último desembolso, deben haber cumplido todos los hitos y objetivos marcados en el Plan de Recuperación firmado en 2021.
En los dos primeros años del Plan, la ejecución ha sido más lenta de lo esperado en inicio. En España, las grandes reformas comprometidas se han cumplido (en tiempo, falta por saber si también en forma) más rápido que las inversiones. Las empresas han ido perdiendo interés por las complicaciones que nacen del propio diseño del Plan (CCAA sin capacidad de gestión, plazos ajustados de presentación, obligación de cofinanciar los proyectos o exigencia de elevadas garantías).
En este sentido, la mayor parte del dinero ha ido a parar a proyectos dentro de la Administración y aún están pendientes los grandes proyectos que espera Bruselas: los PERTE. Para ellos se necesita una potente iniciativa empresarial pero, también, tiempo. Ante el retraso acumulado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado que la Comisión Europea amplíe el plazo límite para gastar los fondos, pero la negativa de países como Alemania ha eliminado toda posibilidad de modificar el reglamento y prorrogar el Mecanismo.
El 'truco' contable
Ahora la Comisión Europea está instando a los Estados miembros, especialmente a los que acumulan más fondos como España, a desviar el dinero a intermediarios financieros para garantizar que no se pierde si llegada la fecha no se han completado los proyectos. Este 'truco' contable, que ya avanzó Vozpópuli que el Gobierno podía usar llegado el momento, es similar al que se empleó ya con los Fondos Estructurales. A ojos de Bruselas, el dinero se dará por ejecutado, aunque no haya llegado al destinatario final.
En un encuentro con los eurodiputados de las comisiones de Presupuestos y Asuntos Económicos, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, aseguró la semana pasada que "la Comisión seguirá apoyando a los Estados miembros para optimizar el uso de los recursos" y, en este sentido, sugirió la transferencia de fondos europeos a instrumentos financieros que puedan seguir funcionando después de que acabe el ciclo del instrumento" (MRR).
"Los plazos están fijados, por eso proponemos la búsqueda de alternativas, alentando a los Estados miembros a que hagan uso de todas las opciones que nos permitan, dentro del reglamento, hacer frente a los riesgos de no cumplir los plazos. (...) Lo que estamos sugiriendo o debatiendo es explorar la posibilidad de concluir la financiación a estos intermediarios financieros en 2026, como está en nuestro reglamento, con la posibilidad de que esa financiación [a otros destinatarios finales] luego vaya más allá de 2026", explicó Gentiloni.
El Gobierno lo aplica
El comisario europeo de Economía detalló, de hecho, que en varios Planes de Recuperación de distintos países ya existen proyectos que financian a los intermediarios financieros. Es el caso de España, que recientemente ha presentado un nuevo Plan reformulado para captar 94.000 millones adicionales en forma de préstamos. Pretende canalizar una parte importante del dinero a través de distintos fondos gestionados, precisamente, por intermediarios financieros como el ICO o el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Esta adenda al Plan original aún debe ser evaluada y aprobada por la Comisión. Gentiloni, que apoyó la fórmula, también aclaró que "lógicamente esto debe estar limitado y bien diseñado". "No podemos tener un 80% de nuestros planes con dinero transferido a intermediarios financieros y, por supuesto, siempre se deben detallar las normas y necesitamos conocer los beneficiarios, los proyectos y los objetivos", añadió.
En un informe publicado esta semana por la consultora Llorente y Cuenca (LLYC) se advierte, precisamente, de que entre las modalidades de compromiso de fondos del Plan de Recuperación con gestión directa del Gobierno central, la Administración General del Estado (AGE) no sólo está empleando licitaciones y convocatorias de subvenciones, sino también activos financieros (garantías, inversiones y préstamos participativos).
El Estado ha comprometido ya 3.000 millones en activos financieros (garantías, inversiones y préstamos participativos) que gestionan entidades públicas de crédito
Según los cálculos de la consultora, el Estado ha comprometido ya casi 3.000 millones de euros empleando estos activos financieros, aunque "en la mayor parte de los casos no se dispone de información relativa a las solicitudes, los beneficiarios ni a los importes adjudicados".
Además, los ministerios han delegado la gestión a diferentes entidades públicas de crédito y compañías públicas dependientes, entre las que se encuentran la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), AXIS participaciones empresariales, la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) o la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA)".
Llorente y Cuenca destaca que todas estas formas de financiación deben ser devueltas por parte de los beneficiarios a la Administración Pública, aunque se trata de instrumentos con plazos de devolución bastante prolongados (hasta 10 años). Una situación similar afecta a la financiación en forma de préstamos que llevan asociada algunas convocatorias estatales de subvenciones.
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