La Comisión Europea (CE) mantiene su silencio un mes y medio después de que el Gobierno rescatara a Plus Ultra con 53 millones de euros y dos semanas después de que el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano denunciara ante Bruselas las condiciones desveladas por Vozpópuli.
La Comisión asegura a este periódico que no ha abierto una investigación sobre este caso y, aunque ha recibido la carta de Garicano, "de momento no tiene comentarios que hacer".
El Ejecutivo comunitario recuerda que el 31 de julio de 2020 "aprobó el fondo español de 10.000 millones de euros para el apoyo financiero de empresas afectadas por la pandemia", que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y con el que se ha rescatado a la aerolínea 'venezolana'.
Según la normativa europea, Bruselas sólo debe revisar y aprobar de manera independiente aquellas ayudas a empresas que superen el límite de los 250 millones de euros.
En este sentido, apunta que "concierne a los Estados Miembros, en este caso a España, decidir a qué empresas apoya en base al esquema aprobado", así como "asegurarse de que se cumplen todas las reglas o condiciones establecidas y las normas de ayuda de Estado".
En su escrito, Garicano comentaba que si bien la Comisión consideró que el fondo del Gobierno "se ajustaba a las condiciones establecidas al centrarse en empresas que son estratégicas y que no tenían dificultades financieras a 31 de diciembre de 2019", las operaciones aprobadas recientemente bajo el fondo "pueden haber violado estas condiciones de elegibilidad".
El rescate llega a los juzgados
Este martes se ha hecho público un nuevo episodio en el 'caso Plus Ultra': la jueza de instrucción de Madrid Esperanza Collazos ha abierto una investigación contra el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, por presunta malversación en el rescate de la aerolínea.
La magistrada también ha abierto diligencias penales contra el "resto de miembros del consejo de administración" del organismo público. Al preguntar sobre este asunto, la Comisión Europea se ha negado a comentar la decisión judicial.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este jueves que el Partido Popular se va a personar en el caso de Plus Ultra, un día después que una juez haya abierto diligencias.
Además, Vox ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra los miembros del Gobierno y los responsables de la SEPI al considerar que la aerolínea no cumple los requisitos para ser rescatada.
Plus Ultra, ¿estratégica?
Plus Ultra Líneas Aéreas, propiedad en su mayoría (56,8%) de accionistas venezolanos, sólo cuenta actualmente con un avión en flota y antes del coronavirus apenas representaba el 0,03% de los vuelos operados en España, tal y como desveló Vozpópuli.
El Gobierno ha defendido en varias ocasiones que la aerolínea es estratégica para algunas conexiones entre España y Latinoamérica. Un argumento que también ha utilizado a posteriori la propia aerolínea. Según dice, con su existencia evita que se produzca un monopolio en la ruta entre Madrid y Caracas cuando se formalice la compra de Air Europa por parte de Iberia en el segundo semestre de este año.
Sin embargo, Plus Ultra apenas había operado un vuelo entre enero y marzo de este año, cuando fue rescatada por el Estado español. A partir de entonces, comenzó a operar la ruta Madrid-Caracas en exclusividad, mientras el resto de aerolíneas españolas (Iberia y Air Europa) aún esperan 'luz verde' del Gobierno venezolano para retomar sus vuelos, pues el espacio aéreo continua cerrado en el país caribeño.
No obstante, las aerolíneas reconocen que están programando vuelos para las próximas semanas todavía con incertidumbre y a la espera de que se les permita operar. Plus Ultra defiende que Iberia tiene vuelos a Caracas para el 1 y 8 de mayo y Air Europa el 13 de mayo.
En pérdidas desde su creación
Además, esta empresa nunca ha logrado beneficios desde su constitución en 2011. De hecho, sorteó la disolución gracias al préstamo de un banco panameño vinculado con Camilo Ibrahim Issa, un empresario cercano a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Ibrahim ha negado vinculación directa con la aerolínea pero sí ha admitido ser socio de sus principales accionistas y haberse reunido con Delcy y con otro ministro de Maduro, Tarek El Aissami, al que el Gobierno de Estados Unidos acusa desde 2017 de haber "facilitado" el tráfico de drogas desde Venezuela hasta México y EEUU.
Además, varios directivos de Plus Ultra han sido responsables de las quiebras de aerolíneas como Air Asturias, Air Madrid o Santa Bárbara Airlines. Otros, como Fernando Gonzalez Enfedaque y Juan Ignacio Unsain han sido condenados por la Justicia española por delito fiscal y fraude continuado al Estado, respectivamente, tal y como desveló Vozpópuli.
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