La Comisión Europea avisa al Gobierno de Pedro Sánchez de que debe realizar una reforma fiscal "amplia" en el primer trimestre de 2023, antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo y de las generales de final de año. Así lo plantea en el Paquete de Primavera, publicado este lunes. Bruselas ve margen de subida en los impuestos verdes y en el IVA, pero no tanto en los impuestos que gravan al capital y la propiedad.
El informe advierte de que la recaudación de los impuestos verdes está muy por debajo de la media de la UE, así como la del IVA. Sin embargo, en los impuestos al capital y a la propiedad, señala que los niveles son similares o superiores a los de la media de Estados miembros.
Este aviso se produce cuando el principal objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez es la llamada armonización fiscal para obligar a la Comunidad de Madrid a subir Patrimonio y Sucesiones, que el comité de expertos que ha nombrado Hacienda para que le asesore en la reforma fiscal ha hecho suyo.
El Ejecutivo comunitario pasa de puntillas por las medidas fiscales comprometidas en el tercer tramo de reformas del Plan de Recuperación que hay que tener listas en junio, entre las que se incluye una subida del diésel a la que no alude; y sólo menciona que España sí ha tramitado los nuevos impuestos a plásticos y residuos, así como una reforma del de gases fluorados. Sin embargo, estos nuevos tributos no entrarán en vigor hasta enero de 2023, según ha retrasado finalmente el Congreso.
El calendario de la reforma fiscal
Estas consideraciones con las promesas de subidas fiscales, en un momento de crisis por la guerra en Ucrania, no aparecen respecto a 2023. El informe subraya el compromiso adquirido para el año que viene. Y lo hace cuando el 28 de mayo de 2023 se celebrarán elecciones autonómicas y municipales. Las generales serán en diciembre, según ha anunciado Pedro Sánchez.
Esta petición llega además en el momento en el que la Comisión Europea ha anunciado su decisión de prorrogar un año más la suspensión de las reglas fiscales por la pandemia. Precisamente, en el Programa de Estabilidad, el Gobierno de Pedro Sánchez traslada a Bruselas que no va a realizar subidas de impuestos hasta 2025 y reclama al Ejecutivo comunitario que suspenda las reglas fiscales o adopte fórmulas a la carta como la que proponía España.
Los compromisos de Sánchez
El Gobierno menciona en este documento que remitió a Bruselas el 29 de abril las figuras tributarias que gravan la matriculación y la utilización de vehículos (circulación) y su compromiso más polémico, una subida del Impuesto de Hidrocarburos, tanto de la gasolina como de la fiscalidad del diésel para equipararla a la gasolina, que estaban comprometidos para junio, así como la introducción de peajes que dijo que tendría lista en 2023 y en vigor en 2024, pero se enumeran de forma descontextualizada.
El Programa de Estabilidad también plantea la necesidad de ajustar los beneficios fiscales, unas de las promesas del Plan de Recuperación cuyo primer hito se cumplía el 31 de marzo y que se ha aparcado, pero es la medida fiscal que menciona de forma más directa. La Comisión Europea habla ahora de este compromiso como de un elemento en marcha.
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