Invertir en una central nuclear o en una planta de ciclo combinado de gas se considera en Europa una inversión verde. Bruselas ha tomado esta decisión tras la propuesta de sus técnicos y pese al rechazo de países miembros como España. Moncloa y, en concreto, la ministra Teresa Ribera tiene ante sí un escenario de incertidumbre tras el empujón de la Comisión Europea a invertir en dos tecnologías que necesita para cumplir con sus objetivos de transición energética.
Las inversiones totales de la hoja de ruta de Ribera para lograr sus objetivos de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que arrancó en 2021 y tiene como horizonte el año 2030, tiene prevista una inversión de 241.412 millones de euros. Este desembolso se reparte en un 35% para ahorro y eficiencia, otro 38% para renovables, un 24% para electrificación y un 3% restante para el resto de aspectos del plan. La inversión que se llevan las nuevas ‘energías verdes’ para Europa en el PNIEC no aparecen directamente en este reparto, pese a contar con su producción en la próxima década hasta su desaparición.
“La transición energética de Europa, y de España en particular, ha sido muy ambiciosa”, comenta Carlos Martín, responsable de operaciones de Enerjoin. “Los dos criterios que deberían haber liderado esta toma de decisiones son el científico y el económico, pero han sido superados por criterios como los políticos, los medioambientales o los ideológicos”, añade.
El experto considera que la crisis de los precios de la electricidad de 2021 han evidenciado que se siguen necesitando tanto a las energías fósiles como a las nucleares y que las tecnologías 100% renovables necesitan más maduración para monopolizar la producción. “En el momento que nos hemos querido recuperar de la pandemia, y la demanda ha tenido un crecimiento sostenible, se ha tenido que tirar de unas tecnologías convencionales que han dejado hace años de recibir inversión. Y eso lo estamos pagando ahora”, puntualiza.
Bruselas ha encontrado un escalón intermedio en sus objetivos. “Se trata de acelerar la transición acudiendo a todas las soluciones posibles para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos climáticos”, explicaban en su comunicado. La Comisión estima que la inversión privada en actividades de gas y energía nuclear pueden desempeñar un papel en esta transición. Las actividades de gas y energía nuclear se consideran desde Bruselas que permiten abandonar más rápidamente actividades más contaminantes, como la generación de energía que llega a través del carbón, la cual ha resurgido en algunos países por la crisis de precios.
“Los alemanes y los franceses se han dado cuenta de que no se puede cambiar todo en 10 años a costa de arrasar la economía”, comenta Guillermo Escobar, profesor de Eficiencia Energética de la EOI (Escuela de Organización Industrial). “No se puede construir un sistema energético renovable sin que el almacenamiento garantice la estabilidad y la continuidad en la red eléctrica. El almacenamiento aún no está listo para dar ese servicio y tampoco hay forma hoy de sustituir el gas con combustibles renovables sintéticos. Creo que una vez más, cierta parte de Europa, ha puesto el sentido común por encima de los mantras”, matiza el profesor.
El PNIEC español comenta en uno de sus apartados que la seguridad de suministro eléctrico, tras la salida del carbón y parte de la nuclear, se compensará con las tecnologías de generación eléctrica renovable, en particular la solar y la eólica. Además, según recuerda, España cuenta con un parque de 26.612 MW de centrales de gas de ciclo combinado, que proporciona, junto con el almacenamiento y gestión de la demanda, capacidad de respaldo a la hora de evolucionar hacia esa transición en el mix eléctrico.
Bruselas cambia "el marco de trabajo"
"La taxonomía brindaba un claro camino a la descarbonización favoreciendo la inversión en energías renovables incuestionables, como la solar y la eólica, que junto con la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles, suponía un buen marco de trabajo hasta 2050", considera José Lindo, Co-fundador & Chief Impact Officer de Climate Trade. "Pero, lamentablemente, la subida del precio de la energía ha afectado tanto a las industrias y los hogares. La Comisión Europea ha entrado en pánico, obligada a prever que las tensiones con Rusia podrían ser un grave impacto para la economía", describe.
La medida todavía puede frenarse. El Parlamento Europeo y el Consejo (que han delegado en la Comisión la competencia para adoptarlos) dispondrán de cuatro meses para estudiar el documento y, si lo juzgan necesario, formular objeciones. Ambas instituciones pueden solicitar en Bruselas un período de control adicional de dos meses. El Consejo tendrá derecho a oponerse al acto delegado por mayoría cualificada reforzada: al menos el 72 % de los Estados miembros (esto es, al menos 20 países), que a su vez representen al menos el 65 % de la población de la UE.
El Parlamento Europeo puede oponerse si una mayoría de diputados vota en contra en el Pleno (esto es, al menos 353 diputados). Una vez finalizado el período de control, y si ambos colegisladores no se oponen, el acto delegado complementario entrará en vigor y será de aplicación el 1 de enero de 2023.
La Comisión Europea ha entrado en pánico, obligada a prever que las tensiones con Rusia podrían ser un grave impacto para la economía
"En mi opinión, la integridad de la taxonomía ha quedado un poco dañada, pero no debemos olvidar que Europa, como siempre, tiene los más altos estándares de ambición climática en el mundo", declara José Lindo. "Una vez más, el cortoplacismo ganó la partida, cuando el CAPEX y OPEX de la Nuclear están en serias dudas -incluso para la Plataforma de Finanzas Sostenibles- y no se están tratando adecuadamente los impactos medioambientales de los residuos en el largo plazo", concluye.
Bruselas tiene por objetivo mejorar el flujo de capitales hacia actividades sostenibles. Para lograr que Europa sea climáticamente neutra antes de 2050, será clave permitir que los inversores reorienten sus inversiones hacia tecnologías y empresas más sostenibles. Un escenario en el que España tendrá que decidir cómo situarse.
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