Caixabank y otros bancos acreedores del antiguo propietario de la sede del Santander, situada en Boadilla del Monte (Madrid), dudan del supuesto apoyo financiero que JPMorgan estaría dispuesto a conceder a los hermanos Reuben para ejecutar la compra del activo.
Los inversores británicos, de origen indio, Simon y David Reuben, se impusieron al primer banco español en el proceso de venta de la Ciudad Financiera, enmarcado en el concurso de Marme, el anterior propietario.
Reuben Brothers, a través de la sociedad española Sorlinda, presentó una oferta de 3.071 millones por el activo, 52 millones más que Santander, y el Juzgado Mercantil número 9 de Madrid adjudicó la sede a la sociedad británica el pasado mes de noviembre.
Santander advierte que la oferta de los hermanos Reuben no cumple ciertos requisitos éticos
En una carta enviada al juzgado mercantil por el despacho Allen & Overy, en representación de Caixabank, ING, Natwest Markets (antes The Royal Bank of Scotland), Bayerische Landesbank, y HSH Nordbank, las entidades acreedoras afirman que Sorlinda "no ha acreditado suficientemente su capacidad para conseguir la financiación necesaria que le permita la implantación de la oferta".
Los hermanos Reuben acompañaron su oferta de compra por la sede de Santander de una carta, fechada el pasado 17 de septiembre, expedida por JPMorgan, en la que la entidad dice acreditar "la disponibilidad de financiación (…) para cumplir con las obligaciones del oferente/postor en caso de adjudicación".
Sin embargo, Caixabank y el resto de los bancos acreedores advierten en el escrito enviado al juzgado mercantil, a finales del mes pasado, al que ha tenido acceso este diario, que una "una mera lectura de la carta en su versión original permite comprobar que JPMorgan no realiza ningún tipo de compromiso tangible a favor de la Oferta Sorlinda".
Los bancos acreedores sostienen que los hermanos Reuben en realidad no cuentan con el apoyo formal de JPMorgan
Además, añaden las entidades financieras, el apoyo de JPMorgan "está sometida a múltiples condiciones de carácter discrecional que determinan que dicha carta no tenga ningún valor a la hora de apoyar la solvencia de Sorlinda".
"Las deficiencias advertidas", destacan, "deben impedir" la adjudicación a favor de la oferta de Sorlinda, a no ser que la sociedad efectúe el pago íntegro de los pasivos. "Resulta evidente que JPMorgan no asume ningún compromiso en su carta", aseguran, y añaden incluso que la prestación "de cualquier servicio o asistencia en la financiación de la operación propuesta por Sorlinda no ha sido aceptada por JPMorgan".
Las entidades acreedoras representadas por Allen & Overy concluyen en su escrito al juzgado que la carta de JPMorgan "no es un instrumento válido que permita acreditar la solvencia de Sorlinda y, especialmente, que ésta será capaz de disponer de la financiación necesaria para la implementación de su oferta".
Vozpópuli se ha puesto en contacto con el gabinete de comunicación de Reuben Brothers, en Londres, desde donde no se ha querido realizar ningún comentario al respecto de esta información.
Santander presiona
Santander ha estado enviando cartas a la administración concursal a cargo del proceso de venta de su sede desde al menos el pasado mes de octubre, advirtiendo de determinadas deficiencias en la oferta de los hermanos Reuben.
Santander destaca que la oferta ganadora está instrumentalizada a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales
El pasado 24 de octubre, Santander Global Facilities recordó a la administración concursal en una carta que entre las obligaciones del anterior propietario de su sede, se encuentra la de "no transmitir la Ciudad Financiera a ninguna persona o entidad que no cumpla los requisitos de ética y cumplimiento de legalidad nacional e internacional que se consideren habituales (...)".
La administración concursal designada por la juez del concurso de acreedores de Marme, respondió al banco que, a su entender, "tal pretensión vulneraba el Plan de Liquidación".
El 8 de noviembre, Santander volvió a ponerse en contacto con la administración concursal, mostrando su oposición a sus consideraciones en otra carta enviada con copia al Juzgado Mercantil número 9 de Madrid. El banco defiende que esa cláusula del contrato de arrendamiento en la que se alude a no vender la Ciudad Financiera a todo aquel que no cumpla ciertos requisitos éticos, está vigente y que por tanto no debería adjudicarse el activo a los hermanos Reuben.
Santander sostiene que la oferta de los inversores británicos está instrumentalizada a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales, que sus datos son opacos y que, en definitiva, constituyen "un elemento de preocupación que llevan necesariamente a que deba extremarse la diligencia y precauciones (...)".
El pasado 16 de enero, Santander Global Facilities envió una nueva carta al juzgado en los mismos términos que las anteriores.
