El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto juicio oral contra el expresidente de Caja Castilla La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, y el exdirector general, Ildefonso Ortega, y les ha emplazado a pagar en diez días una fianza civil de 138,2 millones por el agujero ocasionado en la entidad.
En un auto, el juez les atribuye los delitos de administración desleal y falseamiento de las cuentas y les impone esta cuantía de forma solidaria a petición de la acusación ejercida por el Banco de Castilla-La Mancha, que lo reclamó por el perjuicio económico que le pudieron ocasionar el "conjunto de operaciones" investigadas.
La Fiscalía pidió dos años y medio de prisión por un delito de falseamiento de cuentas: reflejaron 30 millones de beneficio en lugar de pérdidas de 182 millones
"Maniobra contable"
Para ellos, la Fiscalía pidió el pasado 21 de octubre dos años y medio de prisión pero solo por un delito societario de falseamiento de cuentas por emprender una "maniobra contable" con la que reflejaron 30 millones de beneficio en lugar de unas pérdidas de 182 millones. Sin embargo, no reclamó ninguna responsabilidad civil ni les acusó del delito de administración desleal que sí aprecia Ruz, que en su auto consideraba indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de crédito con una "notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación".
Mientras, el Banco de Castilla-La Mancha eleva su petición a cinco años y medio de prisión, y la otra acusación, ejercida por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), la deja en cinco.
El magistrado señala que será el Juzgado Central de lo Penal el encargado de celebrar la vista contra Moltó y Ortega y les cita el próximo viernes a las 10:00 horas para comunicarles esta nueva resolución. Ruz dio el primer paso para juzgarles a principios de octubre, cuando consideró indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de crédito con una "notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación", con "manifiesto incumplimiento de los estándares normales en la concesión de riesgos".
Ello derivó en un "perjuicio económico para la caja", ejecutando determinadas prácticas con "incidencia o afectación sobre la imagen fiel contable y de riesgos, como consecuencia de ocultar la morosidad y el nivel de concentración de riesgos de la entidad".
Investigación de Ruz
Pasaba entonces a detallar cada una de las operaciones aprobadas por la Comisión Ejecutiva de las que ya alertó el Banco de España en su pericial, en la que el supervisor encontró "actuaciones contrarias a la normativa bancaria y mercantil". Se refería a los créditos a Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Kopan Cartera, T-Solar Global, Renovalia, Residencial Picón, Sersan Integral o Grupo Lábaro, entre otros, por 253,8 millones de euros, siendo la de mayor volumen la de un crédito de 60 millones a Zent Inversiones.
El juez cree que en las actuaciones se concedieron préstamos "sin observar las reglas de la práctica habitual y de la propia normativa interna de la entidad"
A continuación figuraban dos préstamos de 50 millones cada uno para el empresario Antonio Barco Fernández y para el Grupo de Negocios Urbaja. "En la práctica totalidad de ellas", decía el juez, se concedieron préstamos "sin observar las reglas de la práctica habitual y de la propia normativa interna de la entidad respecto de las garantías exigibles para autorizar dichas operaciones, lo que se tradujo en un trato de favor hacia la parte deudora".
Todo ello "supuso un claro perjuicio económico a CCM, ya que los préstamos resultaron total o parcialmente impagados y las garantías prestadas resultaron insuficientes para su recuperación", siendo además "muy significativo" que muchos se otorgaron cuando la caja "atravesaba una situación de grandes problemas de liquidez". Asimismo, afirmaba que reflejaron beneficios en los estados financieros correspondientes a 2008 que presentaron al Banco de España, "siendo ambos conscientes, por el contrario, de que la entidad en realidad había incurrido en pérdidas en el citado ejercicio".
CCM fue la primera entidad española en ser intervenida en esta crisis después de que en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobara una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros.
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