El anteproyecto de Ley de Cajas y fundaciones bancarias, aprobado por el Gobierno este viernes supone una vuelta a los límites originales de estas instituciones, que pasarán a ocuparse de clientes minoristas y pymes en un ámbito territorial que no podrá exceder una comunidad autónoma o diez provincias limítrofes. Además, se establece que las cajas que actualmente desarrollan sus actuaciones en régimen de ejercicio indirecto, así como las cajas que tengan un volumen superior a los límites previstos en la norma, se transformen en fundaciones. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicó tras el Consejo de Ministros que con este anteproyecto -con el que se da por culminada la reforma del sistema financiero- la limitación de las cajas será triple: material, física y de volumen.
Guindos ha confirmado que "no hay fecha" para que las antiguas cajas de ahorros reduzcan sus posiciones de control en los bancos a los que dieron lugar. Esta condición afectará fundamentalmente a La Caixa, Kutxabank y Unicaja. De este modo, las fundaciones bancarias podrán reducir progresivamente su participación, lo que permitirá culminar el proceso de reestructuración del sector financiero en un periodo de tiempo razonable.
En concreto, deberán transformarse en fundaciones aquellas que mantengan una participación en una entidad de crédito que alcance de forma directa o indirecta al menos un 10% del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que le permita nombrar o destituir algún miembro de su órgano de administración.
Las fundaciones bancarias no podrán participar en procesos de ampliación de capital de la entidad de crédito participada y deberán aprobar sus dividendos por quorum y mayoría reforzados, es decir, con la presencia del 50% del capital en la primera convocatoria y 25% en segunda convocatoria, más la aprobación de tres cuartos del capital presente en la Junta.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó que se trata de volver "al sistema anterior a los años 90 y a los años 80". En España solo quedan dos cajas: Pollensa y Ontinyent, y se prevé que sean las únicas que continúen operando como cajas.
El Gobierno ha anunciado un régimen fiscal para preservar el tratamiento "favorable" a la obra social, aunque no ha detallado cómo se articulará. De Guindos ha anunciado que si la obra social se extiende de una comunidad autónoma, el protectorado será del Ministerio de Economía, mientras que si permanece dentro de una región, será el Gobierno regional en cuestión el que lo ostente.
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