Han pasado ya once meses desde que la ex vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, anunció el Fondo de Resiliencia Autonómica (FRA), en el marco de la Adenda al Plan de Recuperación para captar de la Comisión Europea 83.000 millones de fondos europeos prestados con condiciones favorables.
Se comprometió con Bruselas una dotación de 20.000 millones para la financiación de proyectos de inversión sostenible de las comunidades autónomas y se delegó su gestión al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que ahora preside Calviño, aunque contando con la colaboración del Gobierno y las CCAA.
Desde el Ministerio de Economía, que ahora dirige Carlos Cuerpo, aseguran que ya se está trabajando en ello. Sin embargo, varias CCAA gobernadas por el Partido Popular sostienen que no tienen información sobre el proceso y que todavía desconocen cómo se van a formular las convocatorias y repartir el dinero.
"El fondo debe servir para que las CCAA puedan desarrollar los grandes proyectos que tienen en sus territorios, pero el desconocimiento de los gobiernos regionales es total", denuncia Santiago Sánchez, economista, profesor de la Universidad Católica de Ávila y experto en fondos europeos.
"Se desconoce qué órgano será que el que aprobará la financiación de los proyectos y bajo qué criterios, o cómo se articulará una gobernanza compleja que conceda a las CCAA la participación que hasta ahora se les ha denegado", añade Sánchez, quien solicitó esta información a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Economía.
En la resolución de la solicitud por parte de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, dependiente de Economía, se acuerda inadmitir la solicitud de acceso a la información y únicamente se detalla que "actualmente se están ultimando los detalles de los acuerdos y definiendo el sistema de gobernanza del FRA".
El desconocimiento de las CCAA es "una cuestión muy relevante, ya que fueron multitud de proyectos los enviados desde los gobiernos regionales para atender las peticiones de Nadia Calviño de conocer los grandes proyectos emblemáticos de las CCAA. Lista de proyectos que no obtuvo respuesta por parte del Gobierno de Sánchez", asegura el economista.
El último anuncio de Calviño
El pasado mes de abril la Consejería de Economía, Hacienda, y Empleo de la Comunidad de Madrid envió una carta al ministro de Economía reclamando más información o que convocase una conferencia sectorial. En enero ya envió otra misiva a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, denunciando la falta de transparencia con este asunto.
La última información partió de Calviño, como presidenta del BEI el pasado febrero. Avanzó que se habían iniciado los trámites para empezar a movilizar los primeros 3.600 millones de los 20.000 millones de los que estará dotado el fondo, pero aún estaba pendiente el acuerdo marco para definir su gestión, del que no se conocen más detalles.
Los préstamos de la UE, con plazos de devolución más largos e intereses más bajos que los del mercado, se concederán a las CCAA para proyectos de ámbito regional en materias como vivienda social y asequible, transporte sostenible, competitividad industrial, investigación e innovación, economía de los cuidados, transición energética o turismo sostenible.
"El Fondo de Resiliencia Autonómica será una de las pocas oportunidades que tendrán las CCAA de convertir en realidad grandes proyectos que responden a las necesidades y potencialidades del tejido empresarial de sus territorios y participar de forma efectiva en el Plan de Recuperación", sentencia Santiago Sánchez.
En opinión del economista, la gestión no avanza al ritmo esperado y hay proyectos que generan dudas sobre su aportación a la transformación económica y social del país. Y esto cuando faltan menos de dos años y medio para que finalice el plazo para ejecutar todos los fondos Next Generation (163.000 millones de euros entre subvenciones y préstamos).
El ritmo de los fondos europeos
España ha recibido hasta ahora 38.000 millones de los fondos europeos Next Generation EU, de los que ha resuelto 32.000 millones pero, en realidad, han llegado a la economía 18.900 millones, según los cálculos de la AIReF. Esto es, en términos de Contabilidad Nacional, un dato que el Gobierno oculta desde septiembre de 2021, prácticamente desde la puesta en marcha de este mecanismo.
De esta forma, la ejecución real de los fondos se reduce al 50% de lo que ha recibido hasta ahora y al 12% de todo lo que puede recibir hasta 2026 (136.000 millones). España acumula un retraso importante con el cuarto pago, por 10.000 millones de euros, que se debería haber solicitado el año pasado por estas fechas y finalmente se pidió en diciembre.
Al retraso en la petición del cuarto pago se sumó después el error de cálculo del Gobierno con el cumplimiento de los objetivos. Para recibir un pago de estos fondos Next Generation, el país debe demostrar que ha cumplido una serie de hitos y objetivos, en forma de reformas e inversiones, que se acordaron con la Comisión Europea en 2021.
Una vez lo pide, el reloj empieza a correr para dicha evaluación, arriesgándose al embargo de fondos si no cumple alguno de ellos. En el cuarto pago hay reformas clave como la de las pensiones y la del subsidio por desempleo. La primera ha sido cuestionada por los técnicos de Bruselas recientemente al no garantizar la sostenibilidad del sistema, y la última ni siquiera se ha logrado sacar adelante en el Congreso.
Esto ha provocado que ambas partes hayan pospuesto la evaluación de la Comisión previa al desembolso hasta el 20 de mayo. En ese momento España podría afrontar su primer pago parcial de fondos europeos, de los que apenas ha recibido alrededor de un 25% del total (significativamente menos que Francia o Italia).
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