Canarias pondrá coto a los pisos turísticos a través de una ley como pronto a finales de año, pero hasta que esta se apruebe, sigue siendo posible expedir una licencia para que una vivienda se someta a alquiler vacacional. Esto ha encendido todas las alarmas entre los arrendadores temporales, que han disparado la solicitud de licencias. El Cabildo, lejos de seguir el ejemplo de José Luis Martínez-Almeida, ha optado por no suspender la entrega de licencias, de manera que se ha producido un efecto llamada.
El Gobierno de Coalición Canaria con apoyo del Partido Popular desoyó la petición de Nueva Canarias, que ya en abril pidió la suspensión de nuevas licencias. Madrid, sin embargo, es la otra cara de la moneda: antes de anunciar medidas, suspendió las adjudicaciones, de modo que interrumpió de golpe las solicitudes y evitó así que se diera la voz de alarma entre los propietarios de futuribles pisos de alquiler vacacional.
Gijón también ha optado por la vía madrileña antes de iniciar el largo proceso de tramitación de la ley con el objetivo de evitar un efecto llamada. De esta manera, la ciudad se blinda durante las semanas previas a la nueva ley de viviendas turísticas de Asturias, que prohibirá alquilar habitaciones y exige que los vecinos den permiso.
Lo cierto es que la situación de Canarias, que ya era grave, ha pasado a una fase crítica desde que se anunció la regulación del alquiler vacacional. Si en 2022 se abrieron 10 nuevos alojamientos cada día hasta sumar 3.883 pisos turísticos a los que ya existían, en 2023 esa cifra aumentó hasta las 50,22 nuevas licencias diarias, según eldiario.es, un dato que se ha disparado desde que se anunciase la tramitación de la ley: en total, la media diaria ha subido a 70 nuevas licencias diarias. Por tanto, el crecimiento de la oferta de pisos turísticos está desbocada a falta de una ley que la regule.
Este fenómeno, lejos de ser exclusivo de Canarias, se está produciendo en toda España y limita la oferta de pisos en alquiler convencional, aunque sí es cierto que se da especialmente en entornos muy turísticos. Mallorca es uno de esos casos: tal y como recogió Vozpópuli, la oferta de pisos turísticos es siete veces mayor que el número de viviendas disponibles para larga duración.
Lo cierto es que Madrid, que se enfrentaba a una situación crítica por el aumento masivo de los pisos turísticos, ha sabido frenar su crecimiento mediante un frenazo en seco. El Ayuntamiento no dará una sola licencia hasta el año 2025, cuando la Modificación del Plan General que afecta a este tipo de arrendamientos ya esté operativa. De este modo, ha evitado que los inversores pidan una licencia
Desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) piden al Gobierno una ley estatal "que controle el crecimiento desbocado de los pisos turísticos", ya que este fenómeno está creando "preocupantes problemas sociales y económicos".
CEHAT subraya que la proliferación de alquileres vacacionales "han dado lugar a que la imposibilidad de acceso a la vivienda cale en la sociedad y genere un sentimiento adverso que, en algunas zonas, se está canalizando de manera malintencionada culpando al turismo y a través de la 'turismofobia'". Jorge Marichal, presidente de la confederación, pide que no se señale al turismo, sino a un "crecimiento alocado, sin tarificación y con un total libre albedrío" de los alquileres temporales.
Esta organización señala que se está creando un problema relacionado con el alojamiento de "los trabajadores del sector en zonas estacionales y de alta ocupación de temporada". De ahí que CEHAT exija "medidas drásticas y valientes para revertir la situación creada por el crecimiento descontrolado en cada vez más zonas de España". También pide "proteger a los propietarios de viviendas y que se les dé una bonificación en la declaración de la renta si ponen sus viviendas en alquiler en el mercado a un precio razonable o incluso tasado", además de liberar "más suelo urbano o urbanizables para que se construyan viviendas".
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