De cárcel para directivos a la desaparición como club: los miedos en el Barça por Negreira

La denuncia que presentará la Fiscalía por el caso Negreira amenaza también con abrir una grieta dentro del Barcelona: entre los socios y la directiva. Y es que según trasladan a este diario fuentes próximas al club, una de las preocupaciones de la Ejecutiva pasa por preservar la comunión entre la Junta de Joan Laporta y la masa societaria.

"Por ahora estamos con la gestión, pero no puede pagar el club por lo que hicieron los directivos; los socios no estábamos al tanto de estos pagos que pudieron beneficiar a gente a título particular pero no al Barça", avisan desde una de las principales plataformas de socios del club blaugrana. En este sentido, apuntan a que "la liga de 2011/2012 o el desenlace de la 2013/2014 demuestran que el club no se benefició de esos pagos" y "en todo caso, habrá que actuar contra quienes han estafado al Barça".

"Moncloa no dejará caer al Barça como club, hay cierta tranquilidad por eso", apuntan a este diario fuentes con interlocución con la entidad blaugrana, si bien informantes de la gobernanza del fútbol aseguran que la investigación se llevará hasta el final. "Hay algo de preocupación por lo que puedan hacer los socios, a la vista de cómo puede ir la Justicia ordinaria".

Fiscalía planteará investigar al Barça y a los directivos

La denuncia que la Fiscalía formalizará apuntaría, salvo modificación del Fiscal General, contra el Barça como persona jurídica y contra determinados directivos, como el expresidente Josep Maria Bartomeu, en cuya etapa los posibles delitos de corrupción deportiva no estarían prescritos -a expensas de la interpretación que haga el juez-. En cualquier caso, el ministerio público también solicitará que sean llamados a declarar los expresidentes Joan Gaspart, Sandro Rosell y el actual mandatario Joan Laporta. Se trata de quienes encabezaron sucesivamente al Barça mientras se sucedieron sus siete millones en pagos al exnúmero dos del arbitraje José María Enríquez Negreira, integrante entonces también de la Real Federación Española de Fútbol.

Por lo pronto, el Gobierno sopesa presentarse o no como acusación particular, como sí lo hará LaLiga, lo que implica que la patronal de los clubes podría presentar una reclamación de condena como parte afectada. Dentro de ella se sospecha que los pagos obedecerían a un posible acuerdo o "fondo de reptiles" para los árbitros entre el club y la Real Federación Española de Fútbol con Ángel María Villar al frente, una posibilidad que han dejado entrever los exvicepresidentes de Laporta, Alfons Godall y Albert Perrín.

"Creo que Laporta cultivó mucho, y muy a fondo, las buenas relaciones con estas instituciones (la RFEF) y eso nos ayudó. Tuvo una actuación decisiva en el mandato de Villar", afirmó Godall en 2012. "Un pacto de no agresión", apuntó esta semana por su parte Perrín, en declaraciones a Radio Barcelona.

Así las cosas, el proceso judicial podría acabar con derivadas contra el Barça como persona jurídica -en caso de que se compruebe que la entidad no había fijado mecanismos para impedir que sus representantes actuaran de forma fraudulenta- y/o contra los directivos involucrados a título particular. Estos últimos podrían ser multados y/o condenados a penas de entre dos años y medio y cuatro años de cárcel, toda vez que lo que la Fiscalía denunciaría es un hecho de corrupción con el agravante de "continuado" en el tiempo. Por su parte, el club está expuesto a una sanción económica multimillonaria pero también a castigos deportivos, que van desde un descenso administrativo hasta la inhabilitación para competir por hasta cinco años.

La ley contempla además la disolución de la persona jurídica, un extremo que fuentes jurídicas ven poco probable para el caso. El riesgo de una "desaparición" late más bien ante el impacto que podrían tener las otras posibles sanciones deportivas sobre una economía todavía deficitaria -en 200 millones- y endeudada como la del Barça.

Sin ir más lejos, los bonistas de Goldman Sachs (500 millones) tienen como garantía los derechos televisivos del club y podrían reclamar nuevas condiciones ante hechos semejantes a una exclusión de competiciones europeas -como la que estudia UEFA-, un descenso de categoría -que mermaría drásticamente los ingresos a corto plazo y alimentaría el riesgo de conversión en Sociedad Anónima Deportiva- o una inhabilitación temporal para competir -que pondría en jaque la viabilidad del Barça.