A día de hoy, el traslado del Club Atlético de Madrid al estadio de La Peineta, que conocerá precisamente este viernes el nuevo nombre elegido por la directiva del equipo rojiblanco, es una incógnita, especialmente en lo referido a la fecha definitiva. Las previsiones de mudarse para el inicio de la próxima temporada, que dará comienzo a mediados de agosto, zozobran sobre los inciertos cimientos de las relaciones políticas entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que han trasladado al Urbanismo y a este caso concreto cuitas del pasado que podrían afectar a la legión de socios y seguidores del hasta ahora club del Vicente Calderón.
Esas cuitas tienen mucho que ver con la operación Chamartín, el desarrollo de la zona norte de Madrid que quedó definitivamente bloqueado el pasado mes de mayo por decisión del Consistorio que lidera Manuela Carmena, al no dar luz verde definitiva a la modificación urbanística que hacía posible el proyecto de Distrito Castellana Norte (DCN, promotora participada por BBVA y Grupo San José), cuya inversión prevista supera los 6.000 millones de euros.
Como destacada propietaria de parte de los terrenos, la Comunidad de Madrid apoyó a muerte el plan de DCN y vio con desagrado su desenlace final. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, fue una de las más activas en pedirle explicaciones a Carmena en aquellas reuniones de finales de junio en el Ministerio de Fomento para tratar de desenterrar la operación. Y no dudó en acudir a los tribunales para demandar al Ayuntamiento por este asunto.
Ahora, los trámites urbanísticos para el traslado del Atlético a la Peineta están en manos de la Comunidad de Madrid y el gobierno regional comienza a deslizar la idea de que no podrá aprobarlos antes de fin de año, como exige el convenio firmado entre el Consistorio y el club rojiblanco, con el fin de que este último pase a ser el propietario de los terrenos.
Un expediente demasiado largo
Según informó el diario El Mundo a comienzos de la semana, la Comunidad asegura que el expediente de la modificación, aprobado in extremis por el Pleno del Ayuntamiento a finales del pasado mes de noviembre, es muy largo (más de 3.000 folios), lo que requiere un estudio pormenorizado que difícilmente podrá ver la luz en sólo unos días.
Una consecuencia directa de la tardanza del Consistorio en poner en marcha los trámites para ordenar los papeles urbanísticos, derivada de los mil y un cambios en los planes de la operación Mahou-Calderón, que finalmente se diseñó a gusto del equipo de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento, de tal manera que FCC, la constructora que está levantando el estadio de la Peineta, cambiaba el pago en especie (es decir, los terrenos del Vicente Calderón para su posterior promoción inmobiliaria) por la retribución en metálico de parte del Atlético de Madrid. A cambio, el Ayuntamiento tomaba las riendas del proyecto y lo diseñaba a su manera, evitando el previsto soterramiento de la M-30 y el levantamiento de dos grandes edificios residenciales.
Todo este proceso llevó demasiado tiempo e hizo que los trámites para la cesión de los suelos de la Peineta al Atlético estuvieran detenidos. Ahora, deprisa y corriendo, el Ayuntamiento ha llegado con la lengua fuera y se ha quedado en manos de la Comunidad de Madrid, que parece dispuesta a devolverle la pelota de la operación Chamartín. O, al menos, de tensar unas relaciones que, ya de por sí, muy calientes, incluso con la Justicia de por medio.
Reuniones clave
Antes de que finalice el presente año tendrá lugar el primero de los encuentros fijados en la recién creada comisión para intentar relanzar la operación Chamartín. Carmena y Cifuentes volverán a verse las caras, con ambas cuestiones urbanísticas candentes. Puede que sea el momento de tratar de resolverlas o, al menos, encauzarlas.
Por lo pronto, la prensa deportiva avanza que el Atlético de Madrid podría solicitar disputar como visitante los dos primeros partidos de la próxima temporada, con el fin de dar más tiempo para terminar el estadio. Y es que otro problema añadido es el de los accesos, que también acumula mucho retraso pese a que la constructora llevaba desde el pasado mes de febrero advirtiendo al club y a las Administraciones que deberían poner en marcha los procesos de licitación cuanto antes porque los plazos iban muy justos. Es diciembre y apenas se han movido papeles.
En su reciente encuentro con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, Carmena le trasladó las urgencias y le solicitó máxima colaboración, toda vez que parte de esos accesos son competencia del Gobierno central. Fomento es, sin duda, el máximo interesado en que el proyecto de DCN para la operación Chamartín salga adelante, en tanto en cuanto es propietario de casi dos terceras partes del proyecto.
Una partida de ajedrez en toda regla que se jugará de forma simultánea en varios tableros y de cuyo desenlace dependerá el futuro inmediato del Atlético de Madrid y, quién sabe, del norte de la capital de España.
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