El proceloso camino de la tramitación de la operación Chamartín ha llevado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a un escenario prácticamente diabólico, que le hace depender del Gobierno regional, en manos del PP con el apoyo de Ciudadanos, para sacar adelante la aprobación del desarrollo urbanístico antes de las elecciones municipales y autonómicas. Y todo ello, en plena precampaña.
Como adelantó Vozpópuli en su edición del lunes, la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible, celebrada este miércoles, no abordó la tramitación de la modificación urbanística que posibilitará la puesta en marcha de Madrid Nuevo Norte, como se ha rebautizado a la operación Chamartín, con lo que el Pleno del Ayuntamiento no podrá aprobarlo en su reunión de marzo, como en principio estaba previsto.
El delegado del área, José Manuel Calvo, explicó a los medios a la conclusión de la comisión que el expediente estaba pendiente del informe ambiental que tiene que elaborar la Comunidad de Madrid y que espera que esté listo para que el Consistorio pueda abordar la aprobación inicial (el último trámite de la Administración local en este proceso) en el Pleno de abril, el último antes del fin de la legislatura.
En principio, la Comunidad de Madrid dispone del plazo de un mes para remitir el informe, con lo que el margen de tiempo es realmente ajustado. Pero además, el Gobierno regional asegura no haber recibido aún toda la documentación acerca de la modificación urbanística, lo que hace que el reloj aún no haya empezado a correr.
El lastre de la tramitación
Tras la aprobación provisional del expediente, realizada por el consejo de gobierno del Consistorio a mediados de septiembre, el plazo de consulta pública se extendió hasta comienzos de diciembre. A partir de ahí, el Ayuntamiento barajó diversas estimaciones sobre cuándo podría llevarse a Pleno la aprobación inicial, que iban desde el mes de enero (demasiado optimista dado el volumen del expediente) hasta marzo.
Una vez más en este proceso, el ritmo de la Administración local a la hora de llevar a cabo los trámites no han estado en línea con las intenciones de los rectores de la corporación municipal, sobre todo de la alcaldesa, que pretende por todos los medios acudir a las urnas (donde aspira a la reelección) con todos los deberes hechos acerca de un desarrollo del que ha hecho bandera tras lograr convertirlo en un proyecto de iniciativa pública e introducir significativos cambios respecto del de 2015, que tumbó en menos de un año.
Estos retrasos, en un contexto de oposición interna a la operación por parte de las facciones más radicales de Ahora Madrid, la formación liderada por Carmena, han condenado ahora a la alcaldesa a quedar en manos de la Comunidad de Madrid para lograr su objetivo, en un contexto de precampaña electoral que hace más difícil si cabe la colaboración entre administraciones de distinto signo político. Este escenario hace que la operación Chamartín entre directamente en la campaña electoral con un resultado final más que incierto.
Desde que se inició la nueva tramitación del desarrollo (tras la desestimación del plan de 2015), el Gobierno regional ha permanecido voluntariamente al margen del proceso. Las negociaciones han tenido como protagonistas al Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento (propietario de la mayor parte de los terrenos en los que se desarrolla Madrid Nuevo Norte) y Distrito Castellana Norte, la promotora de la operación y propietaria de los derechos de uso del suelo.
Un Gobierno regional poco implicado
La escasa implicación de la Comunidad de Madrid en el proceso, pese a ser uno de los principales beneficiados tanto desde el punto de vista fiscal como en virtud de su condición de propietaria de parte de los terrenos, ha estado muy relacionada con el hecho de que el Ayuntamiento de la capital tenga un gobierno de distinto signo.
El estrecho margen de tiempo que queda para completar la documentación que debe aprobar el Pleno podría provocar que fuera necesario un Pleno extraordinario, ya en el mes de mayo, para dar luz verde a la aprobación inicial. Una posibilidad que este miércoles descartaba José Manuel Calvo, confiado en que el trámite se podrá hacer en la reunión de abril.
Esta posibilidad llevaría a Carmena a una situación aún más complicada, toda vez que reproduciría exactamente el escenario que se dio hace cuatro años, cuando el Ayuntamiento entonces gobernado por Ana Botella, tuvo la posibilidad de dar la aprobación inicial al plan de 2015 escasos días antes de celebrarse las elecciones. Por entonces, la corporación municipal decidió no convocar el Pleno extraordinario.
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