Carrefour ha decidido rescindir el contrato con Ombuds y a principios del mes de agosto sus centros en España emplearán a vigilantes de otra compañía, según dos fuentes consultadas por este diario.
La crisis de la compañía dirigida por Rodrigo Cortina ha llevado a la multinacional de la distribución a tomar esta decisión. Fuentes cercanas a Carrefour indicaron el sábado a este diario que es inminente el término de la relación laboral con el grupo de seguridad, una posibilidad "al 90%", dijeron.
Ombuds, con cerca de 8.000 empleados, lleva cerca de un mes negociando con la banca acreedora -Santander, Caixabank y Bankia- la apertura de líneas de financiación comercial (factoring) para poder mantener la actividad. De acuerdo a tres fuentes consultadas el sábado, dos cercanas a la empresa y otra sindical, Ombuds habría presentado ya solicitud de concurso de acreedores.
La dirección de la compañía, con la que se puso en contacto ayer sábado este diario, no ha querido comentar las informaciones.
El auditor de Ombuds advirtió a finales de 2017 de una incertidumbre sobre la posibilidad de que el grupo mantuviera la actividad
La compañía de seguridad está participada en un 70% por el fondo estadounidense JZI, y en un 30% por la familia Cortina. Durante las negociaciones con la banca, la dirección de la empresa ha asegurado contar con la oferta de un grupo industrial extranjero para adquirir la participación del fondo e inyectar liquidez, pero las entidades financieras no lo han tomado en serio.
La dirección de la empresa culpa a la banca de haber cortado el grifo de la financiación a finales del pasado mes de junio "sin previo aviso" y amenaza con cargar sobre sus hombros la responsabilidad de poner en juego el futuro de 8.000 familias. Además afirman que las pérdidas y la deuda con las Administraciones públicas en 2019 se han reducido al mínimo.
Los bancos, según las fuentes consultadas por este diario, advierten que en la negociación con la familia Cortina se les ocultó que la empresa se había declarado, a finales de junio, en preconcurso de acreedores. Y aseguran que han podido acceder a las cuentas de 2018 de Ombuds y que estas reflejan pérdidas y Ebitda negativo.
Las últimas cuentas disponibles en Registro Mercantil de Ombuds a las que ha podido acceder este diario son las de 2017. Según las mismas, las deudas con Administraciones públicas eran al término de ese año de 41,5 millones (10,2 millones un año antes).
El auditor de las cuentas de Ombuds, Plan Audit, advierte que, a 31 de diciembre de 2017, el pasivo corriente de la empresa excede el valor de sus activos en 16,9 millones de euros, lo que indica la existencia de una incertidumbre material que pone en duda la capacidad del grupo para mantener la actividad.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación