LaLiga tiene claro que los millones que ha pagado el Barça al número dos del arbitraje, José María Enríquez Negreira, deben investigarse judicialmente. Pese a tratarse de presuntas infracciones ya prescritas en sede administrativa, la patronal de los clubes agotará las vías en la jurisdicción penal. Lo cual, aviva el riesgo para los blaugrana de un potencial castigo deportivo y económico sin precedentes.
De momento, la entidad que preside el abogado Javier Tebas no ha interpuesto querella para no demorar las pesquisas de la Fiscalía, que prevé tomar una decisión al respecto en menos de dos semanas. En caso de que el ministerio público -próximo en última instancia al Gobierno- desista de interponer una querella, La Liga tiene previsto hacerlo a título colectivo, según confirman fuentes cercanas al ente que aúna a los clubes de la primera y segunda división del fútbol español. La posición de LaLiga ha cobrado relevancia tras trascender dudas en la Fiscalía a la hora de querellarse.
Según precisan fuentes cercanas a la patronal, la intención de LaLiga es seguir la vía que sea más rápida, lo que implica que podría eventualmente personarse ante el primer juez que acceda a abrir una investigación. Y ello, bien en función de las diligencias de la Fiscalía o de la denuncia y querella por presunta corrupción que han presentado respectivamente el sindicato Manos Limpias y el exárbitro Xavier Estrada Fernández.
Entre los señalados como personas físicas aparecen José María Enríquez Negreira -que ha alegado un principio de alzheimer para no declarar ante la Fiscalía-, su hijo Javier Enríquez Romero -quien figura como administrador de la sociedad de su padre- y los presidentes del Barça Joan Gaspart, Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.
En la entidad que encabeza el abogado Javier Tebas entienden que se podría alegar que el plazo de prescripción sea de hasta diez años desde el fin de la comisión
Por lo pronto, en LaLiga creen que los presuntos delitos en torno al caso Negreira prescribirían en junio aunque no necesariamente. Y es que en la asociación que encabeza Javier Tebas entienden que se podría alegar que dicho plazo sea de cinco hasta diez años desde el fin de la comisión. Fue en junio de 2018 que se produjo el último pago del Barça a Dasnil 95, la sociedad aparentemente instrumental del exnúmero dos del Comité Técnico de los Árbitros.
Los presuntos delitos que investiga la Fiscalía tienen que ver con los supuestos de corrupción deportiva -el intento de adulterar la competición a través de influir en los árbitros- y de administración desleal -el desvío de fondos para fines ilícitos-, que podrían tomar cuanto menos meses de investigación judicial en primera instancia.
Los presuntos delitos del Barça
El primer supuesto de delito es más peligroso para el club, ya que podría conllevar sanciones deportivas además de económicas, desde un descenso hasta la inhabilitación para competir por entre uno y cinco cinco años. Cualquiera de los supuestos podría devenir en penas de cárcel para los directivos encontrados culpables.
La actual investigación de la Fiscalía se centra en los últimos tres años con pagos del club blaugrana a Enríquez Negreira, del 2016 al 2018, si bien el vínculo comenzó ya en 2001. A efectos del Barça como entidad, los giros durante la primera década del siglo estarían exentos de una posible sanción, toda vez que fue en 2010 cuando las personas jurídicas comenzaron a ser susceptibles de recibir condenas penales en España.
Fuentes jurídicas discrepan así sobre el recorrido del caso. Algunas consideran que el Barça tendría sencillo desarticular la investigación con probar errores arbitrales en su contra. Por contra, otras fuentes inciden en que el mero intento de influir en los árbitros sería penable, y que los pagos del club al número dos del arbitraje en activo configuran ya per se una prueba difícil de soslayar.
Sectores molestos en LaLiga con el caso sospechan de un modus operandi consentido entre la Real Federación Española de Fútbol que presidía Ángel María Villar y el Barça con Joan Gaspart al frente
Sectores molestos en LaLiga con el caso sospechan de un modus operandi que habría sido originalmente consentido entre la Real Federación Española de Fútbol que presidía Ángel María Villar y el Barça con Joan Gaspart al frente. El club blaugrana podría haber contribuido a la financiación global de los árbitros bajo un mecanismo que habría sido continuado por el ahora presidente Joan Laporta.
Entre los indicios en esta dirección aparecen la amistad del presunto intermediario del Barça con Negreira, Josep María Contreras, con el propio Villar -corroborada a Vozpópuli por fuentes allegadas a las partes-, y el papel de Gaspart en torno a la posición del colectivo arbitral para la reelección en 2004 del entonces presidente de la RFEF, quien nombraría al extitular blaugrana como su vicepresidente.
"Al Barça le conviene apoyar a Villar y tener una buena relación con la federación, donde se cuecen los comités de árbitros, la competición y la Liga de fútbol", llegó a afirmar el exvicepresidente de Laporta, Alfons Godall, en declaraciones en 2012. "Creo que Laporta cultivó mucho, y muy a fondo, las buenas relaciones con estas instituciones y eso nos ayudó. Tuvo una actuación decisiva en el mandato de Villar. Se pretendía cambiar el comité. Lo tenía clarísimo. No estar bien con la federación nos perjudica a nivel deportivo".
Mientras fue el número dos de Joan Laporta, Godall abrió una cuenta en Suiza sin declararla a la Hacienda española, según afloró el informático Hervé Falciani en 2015. Durante su mandato, Laporta disparó los pagos del club a Dasnil 95 -entonces con dos empleados-, por encima del medio millón de euros al año, una cifra que se mantendría en la era Bartomeu.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación