Ante la inminencia de una declaración de independencia, funcionarios de la Generalitat están pidiendo asesoramiento a los sindicatos para saber cómo actuar en el momento en el que reciban órdenes que puedan contravenir directamente la ley. Hasta ese punto se está apoderando la zozobra de algunos empleados públicos catalanes.
La incipiente perspectiva de que el Govern protagonice un autogolpe de Estado está sembrando la incertidumbre entre los empleados públicos que trabajan en Cataluña. Ni siquiera se trata de funcionarios que estén ideológicamente animados a torpedear el proceso. Más bien son trabajadores que se preocupan por su seguridad jurídica y lo que les pueda ocurrir tras una declaración de independencia que puede generar un auténtico caos movido a golpe de órdenes y contraordenes.
Al pertenecer a un cuerpo armado, hay mossos d'esquadra que sienten que su situación es particularmente comprometida porque podrían acabar con facilidad en prisión por desobediencia
Se trata de personas que quieren cubrirse las espaldas y que no querrían perder su escalafón, el empleo o incluso ir a la cárcel. Al pertenecer a un cuerpo armado, hay mossos d'esquadra que sienten que su situación es particularmente comprometida porque podrían acabar con facilidad en prisión por desobediencia. “Hemos atendido decenas de llamadas para consultarnos qué hacer si se les manda violar la ley”, explican fuentes del sindicato de funcionarios CSI-F.
De hecho, ante la cada vez mayor demanda de información en este sentido, CSI-F está ultimando un protocolo de actuación que permita aclarar a los empleados públicos cuáles son sus derechos y cómo proceder. Entre los instrumentos que preparan se incluye una especie de línea caliente en la que poder denunciar presiones y acogerse al asesoramiento de los servicios jurídicos del sindicato.
“La idea consiste en que cualquier empleado público que sea obligado a incumplir la legalidad vigente pueda acudir a nosotros en busca de ayuda. Nuestros compañeros de Cataluña ya han recibido llamadas preguntando por situaciones hipotéticas que podrían plantearse en las próximas semanas. Nosotros estamos trabajando en un protocolo de actuación que estará listo la semana que viene”, explica Miguel Borra, presidente nacional de CSI-F.
Al mismo tiempo que el Govern se reúne con la mesa de la Función Pública en Cataluña para negociar la recuperación de condiciones, los sindicatos CSI-F y Comisiones Obreras han convocado una manifestación que se ha celebrado este viernes en Barcelona ante el Departamento de Empresa y Empleo. El lema: la defensa de la Constitución y el Estatut frente al proceso soberanista.
Y estas tensiones también se están trasladando a los altos cargos de la Generalitat. Según avanza La Vanguardia, el director del programa Serra Húnter de contratación de profesorado universitario, Enrique García-Berro, ha dimitido porque no está dispuesto a saltarse las leyes y desoír resoluciones judiciales. García-Berro tenía la responsabilidad de atraer a las universidades catalanas unos 500 docentes caracterizados por su excelencia y perfil internacional.
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