El acuerdo entre el PSOE con los dos principales partidos independentistas, Junts per Cataluña y ERC, no dedica una línea a un asunto clave para el futuro de una región: la energía. En concreto, el suministro de electricidad donde Cataluña, más que otras partes de España, afronta un serio problema en la próxima década.
Cerca del 57% de la electricidad que consumen los consumidores catalanes viene de las centrales nucleares, frente al 20% de toda España. Las centrales nucleares Ascó I, Ascó II y Vandellós II, localizadas en la provincia de Tarragona, representaron en el año 2022 el 9,16% de la generación neta registrada en el sistema eléctrico peninsular y hasta el 56,2% de la producción eléctrica en Cataluña, según datos de Red Eléctrica de España.
La electricidad que producen estas dos centrales, que controla Endesa con una parte minoritaria de Iberdrola, tienen que empezar a sustituirse antes de octubre de 2030, cuando está programado que Ascó I cese su actividad. Luego llegará el turno de Ascó II en septiembre de 2032 y en 2035 se acabará la producción nuclear en Cataluña con el apagado de Valdellós II.
Esta es la hoja de ruta que refuerza el pacto entre PSOE y Sumar, que apoya Junts y ERC pese al castigo que supone para Cataluña. En este sentido, además de la fecha de caducidad de las centrales, las previsiones a futuro que hace el sector es que la energía nuclear sea cada vez menos competitiva en términos de costes. Por lo tanto, mientras el 57% de electricidad que consume la región será cada año más caro.
El problema de generación que sufre se compensa con que sólo el 15,6% de la electricidad llega de fuentes renovables y que un 6,8% de esa parte renovable corresponde a las centrales hidroeléctricas, condenadas a sufrir el estrés hídrico de la región. El resto de la energía eléctrica, que no llega por las nucleares o las renovables, se produce en los ciclos combinados de gas y la cogeneración, que han supuesto el 18,6% y el 8,3%, respectivamente, de la producción total en 2022.
¿Cómo sustituye Cataluña las nucleares?
La respuesta rotunda que dan desde el sector es “no”. “Su desarrollo de renovables ha sido de los más bajos en España por los problemas burocráticos y el rechazo social”, explican desde el sector a Vozpópuli. España cerró 2022 generando cerca del 50% de electricidad a través de fuentes renovables, el triple que Cataluña.
Cataluña tiene como vecino a uno de los grandes productores de energía eólica, como es Aragón. El proyecto que evidencia que los hogares y los grandes centros industriales catalanes necesitan la electricidad competitiva de este vecino es que Forestalia, la gran empresa aragonesa de renovables, tiene proyectada una línea de transmisión para poder llevar energía limpia y barata a Cataluña.
Un proyecto muy atractivo para el negocio del aragonés Fernando Samper, pero que entregaría la independencia eléctrica de Cataluña. Porque las propias instituciones catalanas asumen que salir de este problema solos es prácticamente imposible. Un reciente estudio, elaborado por el Instituto Catalán de Energía (ICAEN), avisa que la neutralidad climática del sector energético no se conseguirá si no se aplican de forma intensiva y coordinada una veintena de estrategias.
El análisis calcula que será necesario instalar 12.000 megavatios (MW) renovables nuevos hasta el año 2030 y 58.400 MW hasta el año 2050 para alcanzar un sistema eléctrico totalmente descarbonizado, cuando en estos momentos el sector estima que cuentan con algo menos de 4.000 MW. Para alcanzar estos objetivos, el ICAEN estima que necesitan ocupar un 2,5% del territorio para usos energéticos, con los correspondientes problemas sociales que esto implica, e invertir 84.361 millones de euros.
El factor que cierre el círculo de la total dependencia de Cataluña por la electricidad que llega del resto de España es que, ante la baja interconexión con Francia, el sistema eléctrico peninsular se gestiona de forma conjunta y para ‘desenchufarse’ necesitaría replantearse todo el sistema eléctrico del país. Una compleja solución para un futuro cargado de incertidumbres de un factor clave para el futuro de una región que, de momento, parece poco importante comparado con la amnistía.
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